Carga impositiva sobre la nafta está en su mayor nivel desde 2011

La necesidad que primó en los últimos ajustes de las tarifas públicas en enero de recomponer el déficit fiscal, determinó que el Poder Ejecutivo no solo ajustara el Impuesto Específico Interno (Imesi) que aplica a los combustibles por la variación del Índice de Precios al Consumo (IPC) –que en 2014 fue de 8,26%–, sino que en esta oportunidad se decidió además una suba adicional de 4,75%. Eso determinó que la suba de este impuesto fuera del 13,4%, según el decreto que publicó ayer Presidencia.

Es la primera vez al menos desde 2005 que el Ejecutivo opta por introducir un “suplemento” adicional sobre el Imesi, que solía ajustarse solo por inflación. Salvo en 2012
–cuando el gobierno mantuvo sin cambios el Imesi–, en el resto de los años decidió ajustarlo por la variación del IPC.

La corrección de este impuesto –que rige para todas las gasolinas–, determinó que en el caso de la nafta Súper el peso tributario por litro de nafta sea de $ 18,99, valor que equivale al 46,7% del precio que paga el consumidor en el surtidor ($ 40,6).

En enero del año pasado, la participación del Imesi por cada litro de nafta Súper era de 41,3%. Para encontrar una carga similar de este impuesto sobre la gasolina de mayor consumo en Uruguay hay que remontarse a enero de 2011, cuando el peso del Imesi era del 46,8%. En los últimos dos períodos de gobierno, la menor carga impositiva de este tributo se registró en 2008, cuando llegó a tener un peso de 34,4%.

En los 12 meses cerrados a setiembre, el Imesi recaudó US$ 460 millones. En ese sentido, el ajuste adicional de 4,75% implicaría un ingreso extra a las arcas del Estado de US$ 22 millones.

El director en ANCAP en representación del Partido Colorado, Juan Máspoli, dijo a El Observador que la rebaja de los combustibles no fue mayor porque en el seno del gobierno primó “el componente fiscal” antes que trasladar al público la abrupta caída que registró el precio del petróleo en los mercados. A juicio del jerarca, había margen para reducir más de 10% las tarifas de los combustibles al público.

De hecho, si el Ministerio de Economía no hubiera optado por agregar un ajuste superior al IPC sobre el Imesi, ANCAP podría haber aplicado una rebaja adicional 2,1% en el precio de la gasolina Súper.

El valor de esa nafta bajó 3%, mientras que el gasoil –que está gravado por IVA– lo hizo 5,5%, en un intento por favorecer al sector productivo, según dijeron desde el gobierno.
La baja en el precio de los combustibles se dio en el contexto de un desplome en el precio del crudo, del orden de 60% desde junio.

La injerencia de los jerarcas del equipo económico también se vio reflejada en la decisión de ajustar las tarifas de UTE, 6,9% y no 3,9% como habían sugerido los técnicos de UTE con el respaldo de las autoridades del Ministerio de Industria y Energía. En tanto, en el caso de OSE, el Ejecutivo aprobó un incremento este mes de 9,2%, casi un punto por encima de la evolución de los precios en 2014 (8,26%).

La justificación
El gobierno respondió a las críticas de la oposición y gremiales empresariales sobre la definición política que tomó sobre los últimos ajustes tarifarios. En su audición radial de la pasada semana, el propio presidente José Mujica admitió que en los últimos ajustes de las tarifas públicas incidió el cuidado de las cuentas públicas.

“Tenemos que reconocer que existe un cierto margen de prevención fiscal. ¿Por qué? Porque hay incertidumbre en el horizonte del mundo. Podemos tener afectados en el corto plazo algunos clientes importantes de nuestro comercio exterior por lo que está pasando en el mundo, y podemos sentir cierto grado de detracción en las compras”, advirtió el presidente.
En tanto, en declaraciones a la prensa, el actual vicepresidente y futuro ministro de Economía, Danilo Astori, defendió el uso de las tarifas públicas como una herramienta más de la política macroeconómica para preservar los “equilibrios”.

“Desde el punto de vista macro, al país le importa la evolución del tipo de cambio, la competitividad, la situación financiera de las empresas públicas, la situación fiscal del país, el combate de las presiones inflacionarias”, explicó Astori. “En cada oportunidad que se tome una decisión de este tipo (por el ajuste de tarifas) hay que tomar en cuenta el conjunto de estos aspectos y buscar el equilibrio que esté más de acuerdo con el interés nacional”, enfatizó.

En el déficit fiscal en los 12 meses a noviembre cerró en 3,6% del PIB, su peor situación en los últimos 10 años.