Caso ALUR: documentos estaban y juez no investigará desacato

La empresa respondió requerimiento judicial en plazo pero el escrito se había "traspapelado" en el juzgado

El juez especializado en Crimen Organizado Néstor Valetti dejó ayer lunes sin efecto la decisión de indagar por presunto desacato a las autoridades de la empresa Alcoholes del Uruguay SA (ALUR, de la que ANCAP es accionista mayoritaria) en el marco de un expediente donde investiga un aparente sobrecosto en la construcción de una planta de producción de etanol en Paysandú.

La semana pasada, como informó El Observador el sábado 27, Valetti dio vista del expediente a la fiscal María de los Ángeles Camiño ante el supuesto incumplimiento de una intimación judicial para que las autoridades de la empresa aportaran información sobre los contratos que la firma mantiene con ANCAP.

Sin embargo, el magistrado constató ayer que ALUR había aportado la información requerida en plazo, pero el escrito presentado "quedó traspapelado por un error administrativo de la oficina" del juzgado, explicó Valetti a El Observador. Agregó que no se configuró la hipótesis de un eventual desacato y por eso dejó sin efecto el pasaje del expediente a la fiscal Camiño por esa razón, aunque sí la representante del Ministerio Público estudiará la causa con la información aportada por ALUR con el objetivo de definir los próximos pasos a seguir en el marco de la indagatoria.

Ayer, en un comunicado, ALUR aseguró que "ha entregado en el marco de dicha causa judicial toda la información requerida en tiempo y forma, y a futuro seguirá contribuyendo con la misma".

En marzo de 2014 los empresarios Gabriel Pérez Morgan y Alfredo Correa, responsables de la firma Serrana Bioenergía, denunciaron en el Parlamento que su propuesta de construcción de la planta de etanol no se consideró a pesar de que era más barata, y dijeron que hubo una "sobrefacturación monstruosa" dado que el emprendimiento se había valuado en US$ 80 millones pero finalmente fue de US$ 147 millones. La denuncia penal fue presentada en abril del mismo año por el abogado Gustavo Salle.

Tanto a nivel público como en la comisión parlamentaria que investigó la gestión de ANCAP, las autoridades negaron la existencia de irregularidades y afirmaron que Serrana Bioenergía presentó su proyecto con la licitación en curso

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