Caso Ancap es estrictamente judicial

Es improcedente el intento de un organismo gubernamental de interferir en la investigación de las denuncias contra ANCAP

Es improcedente el intento de un organismo gubernamental de interferir en la investigación de las denuncias penales contra ANCAP, caso que corresponde, estricta y exclusivamente, a la órbita de la Justicia. La secretaría contra el lavado de activos aduce facultades jurisdiccionales contra la decisión judicial de incorporar a un funcionario de ese organismo a la comisión de peritos que investigará presuntos delitos en el ente petrolero, denunciados por los cuatro partidos de oposición. Sostiene que la designación le corresponde a esa secretaría y no a un juez. Pero la secretaría depende directamente de la Presidencia de la República, lo que invalida que quiera designar a quien participará en investigar a una empresa pública que, aunque autónoma, opera bajo controles del Poder Ejecutivo.

Carlos Díaz, que encabeza la secretaría antilavado, dijo que objetará ante la Suprema Corte de Justicia y el Fiscal de Corte la decisión de un juez, pese a que está correctamente basada en sus potestades para escoger las personas que considere más idóneas para la labor investigativa, al margen de la institución en que trabajen. La incongruencia del reclamo de la secretaría fue reflejada por el senador Pablo Mieres, del Partido Independiente. Precisó que Díaz “es un jerarca del Poder Ejecutivo”, por lo que sería “totalmente indebido y fuera de lugar” que designe uno de los expertos “que intervendrán en una causa judicial donde se va a investigar la gestión del gobierno”. El senador colorado Pedro Bordaberry fue más lejos al sostener que atender el reclamo de Díaz “sería inconstitucional”.

La preocupación de los partidos opositores es que se afecte tanto la estructura jurídica como la confiabilidad y transparencia de las conclusiones de la comisión investigadora. Este cuerpo asesorará a la Justicia sobre las denuncias presentadas por los partidos Nacional, Colorado, Independiente y Unidad Popular sobre alegados delitos en el manejo de ANCAP entre 2010 y 2015. Dentro de ese período el ente acumuló pérdidas por US$ 602 millones, que obligaron al gobierno a capitalizarlo con recursos fiscales. El caso involucra al vicepresidente Raúl Sendic, que presidió ANCAP durante seis años desde 2008 y que argumenta que los planteos opositores obedecen una campaña política para desprestigiarlo.

Los argumentos que van y vienen en la controversia son secundarios al estado actual del caso. Existen denuncias documentadas de gran parte del espectro político sobre posibles delitos. Es ahora responsabilidad de un fiscal y un juez decidir si efectivamente existieron o se trató solo de las notorias deficiencias de gestión en la conducción de ANCAP. Contarán con las conclusiones de una comisión de peritos que investigará si las denuncias de la oposición tienen o no fundamento. Ciertamente no corresponde la injerencia de un organismo dependiente del Poder Ejecutivo, lo que inevitablemente crearía sospechas sobre el resultado final del juicio. Uruguay se precia de tener un Poder Judicial independiente, libre de las presiones del poder político que son comunes en otros países de la región, en los que se viola la división de poderes que cimientan un estado de derecho. Mantener ese prestigio exige que no se haga lugar a los planteos de la secretaría antilavado y se deje actuar libremente al Poder Judicial, en uso de sus facultades exclusivas para manejar denuncias penales.


Acerca del autor

El Observador

El Observador

Comentarios