Caso Casal tuvo irregularidades en la DGI pero no hubo sanciones

Bergara explicó que hojas que formaban parte del expediente eran fotocopias

La decisión del Poder Ejecutivo de cerrar la causa administrativa que la Dirección General Impositiva (DGI) tenía contra el empresario Francisco Casal dejó muchas dudas en la opinión pública. Ayer, el ministro de Economía y Finanzas, Mario Bergara, concurrió a la Comisión Permanente del Parlamento a solicitud del senador blanco Luis Alberto Lacalle, para explicar los detalles del tema. El legislador quería saber por qué razón el gobierno renunció a continuar el litigio por US$ 100 millones contra el empresario; cuáles y cuántos fueron las irregularidades constatadas para dar marcha atrás al juicio; por qué removieron de su cargo al titular de la DGI, Nelson Hernández; y cuáles fueron los resultados de la investigación administrativa de la oficina tributaria.

Bergara repasó los pormenores del caso, y entre las principales novedades aseguró que la investigación administrativa no determinó responsabilidades. A pesar de las irregularidades detectadas en el expediente por el fiscal de gobierno Miguel Toma al estudiar el caso a pedido del Poder Ejecutivo, ningún funcionario fue sumariado. “(No se encontró) responsable por dolo o por fraude que ameritara algún tipo de sanción o algo por el estilo”, dijo a El Observador el ministro de Economía.

Toma y el otro fiscal de gobierno, Daniel Borrelli, junto con el abogado contratado especialmente por el gobierno (Juan Manuel Albacete del estudio Guyer & Regules), detectaron que el expediente presentado ante la Justicia tenía 2.000 vicios formales. Bergara explicó que ello responde a que cada una de las hojas son fotocopias simples de facturas y evidencia del caso, pero sin la firma de un escribano que lo valide (no están autenticadas).

“Los famosos 2.000 vicios formales eran cada una de las fotocopias simples que se planteaba que no podían habilitarse como prueba. La DGI (lo hace) por tradición”, dijo Bergara a El Observador. Para corregirlo en el futuro, el ministro recomendó que se cambie el criterio de ahora en más.

De antemano, Lacalle y otros legisladores de la oposición criticaron la decisión del gobierno. El expresidente blanco (1990-1995) dijo que con esa medida, la DGI se pareció a su par de Argentina AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos), que ha recibido duras críticas por su proceder durante la gestión kirchnerista.

El Poder Ejecutivo notificó en noviembre de 2013 a Casal de la clausura del expediente que la DGI tramitaba y por el cual estaba embargado desde 2008, junto a otros seis contratistas, a los que les reclamaban pagar Impuesto a la Renta de Industria y Comercio (IRIC) e Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) por la transferencia de jugadores entre 1998 y 2007.

El argumento principal fue que la DGI tenía todas las de perder en el juicio, y por lo tanto el cierre de la causa, previo acuerdo con Casal, evitaría pérdidas millonarias.

“Se previene de forma definitiva toda posibilidad de generación de contingencias económicas de enorme cuantía al Estado Uruguayo, lo cual redundaría eventualmente en inocultables consecuencias negativas hacia la totalidad de los ciudadanos del Uruguay”, señaló el documento explicativo de Presidencia.

Al mismo tiempo, como recordó ayer Bergara en el Parlamento, el gobierno negoció para que el empresario renunciara a realizar futuros reclamos contra el Estado.

Olfato o pálpito
“La pregunta que se hace todo el país: ¿que había del otro lado para bajar la deuda de US$ 100 millones a Casal?”, planteó ayer en el Parlamento el senador Lacalle. A su juicio, la DGI tiene “tremenda voracidad” cuando “persigue” a los contribuyentes, pero en este caso “aceptó quedarse sin cobrar US$ 100 millones”. Luego, el legislador nacionalista preguntó si hubo “olfato” o un “pálpito”.

Bergara –que en todo momento fue cuidadoso en respetar el secreto tributario, y por ello nunca mencionó a Casal ni la deuda que este mantenía con la DGI- dijo que fue lo recomendado por “profesionales del más alto rango” como Borrelli y Toma.

Además, remarcó, se aceptó la sugerencia de Albacete. Ese profesional compartió la visión de Borrelli y Toma, afirmó.


Populares de la sección

Comentarios