Caso de Rivera sacude a la Justicia y se reactivan causas de abuso

La coordinadora del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav), María Elena Mizrahi, dijo a El Observador que se trata de "tres o cuatro casos" en relación a los cuales "no se había avanzado judicialmente".

El caso de Rivera se denunció originalmente en enero de 2009, fue archivado en junio 2010 porque ni la menor (que había quedado embarazada de su padre), ni su madre, ratificaron la denuncia. Un año después, ante un segundo embarazo, el expediente se reactivó, pero el fiscal volvió a cerrar la causa al entender que se trataba de un caso de incesto y no de violación. Otro argumento fue que no podía seguir adelante porque no se configuró la "alarma pública" que requiere esa figura.

En julio de 2015, seis años y medio después de la primera denuncia realizada por una psicóloga que realizaba trabajo social, el caso fue tomado por el Sipiav, que se ocupó recolectar las pruebas para volver a realizar una nueva presentación judicial. Ello derivó, a comienzos del mes pasado, en el procesamiento con prisión del abusador y de la madre de la joven que sufrió los abusos de su padre, que actualmente tiene 21 años. El hombre se suicidó en prisión y se comprobó que también abusó de nietos y sobrinos.

Mizrahi dijo que el caso de Rivera mostró a los técnicos del Sipiav (organismo creado en 2007 e integrado por varias dependencias estatales) que "hay caminos para reactivar" otras denuncias que no tuvieron resolución. "Se generó una conciencia de que cosas como estas no pueden volver a pasar. Es algo que golpeó a los técnicos nuestros y a los del Poder Judicial. A todos", agregó.

Los casos que ahora están en proceso de reactivarse, sobre los que Mizrahi no quiso dar mayores detalles, han sido objeto de valoración e investigación pero "tienen complejidades y cuando se trabajó no se logró el resultado", dijo la coordinadora del Sipiav.

La mala actuación del sistema de judicial al valorar el caso de la joven abusada por su padre en Rivera derivó en que el fiscal de Corte, Jorge Díaz, trasladara al fiscal que archivó el expediente luego de concluir que no hubo violación. Se trata de Ricardo Chiecchi, quien siguió con su carrera y estaba al frente de una fiscalía penal capitalina y pasó a ejercer en una sede de aduanas.

En tanto, la Suprema Corte de Justicia pidió informes a todos los jueces que se desempeñaron en Rivera y que intervinieron en el caso. Se trata de Rodolfo Souto (actual juez de familia en Montevideo), Gustavo Iribarren (que actualmente ocupa una sede penal de Montevideo) e Isaura Tórtora (que ahora se desempeña en un juzgado de Pando).

Disconforme

Por su parte, el INAU respondió a un pedido de informes cursado por la diputada colorada Cecilia Eguiluz y las senadoras suplentes Viviana Pesce y Walkiria Olano que reclamaron conocer detalles sobre la actuación del organismo en el caso de Rivera.

Eguiluz no quedó para nada conforme con la respuesta del INAU. La legisladora dijo a El Observador: "Nos contestaron para cumplir una formalidad. No hubo ninguna respuesta a nuestras preguntas que exigían un mayor nivel de detalle. No hubo una intervención del Ministerio de Desarrollo Social ni del INAU en relación a este caso antes de 2015".