Nacional > COMUNISTAS
Castillo se prepara para dejar el gobierno y asumir el liderazgo del PCU
Comunistas definirán el domingo nuevo secretario general y el director de Trabajo es el principal candidato
Tiempo de lectura: -'
16 de junio de 2017 a las 05:00
El director nacional de Trabajo, Juan Castillo, se perfila como próximo secretario general del Partido Comunista de Uruguay (PCU) y, en caso de ser electo este domingo por el Comité Central del sector, está dispuesto a dejar su cargo en el gobierno. Con las elecciones de 2019 en el horizonte, el dirigente entiende que la responsabilidad sobre la orgánica partidaria implica un trabajo a tiempo completo para fortalecer a una de las agrupaciones más influyentes de la izquierda.
Castillo fue el dirigente más votado en el Congreso del PCU del 4 de junio y el martes el Ejecutivo comunista analizó una propuesta para que sea electo secretario general del partido.
"Si se concreta, renuncio a la Dirección Nacional de Trabajo y a la presidencia de Rampla", dijo Castillo al ser consultado por El Observador. Además de ser el encargado de laudar los conflictos laborales del gobierno de Tabaré Vázquez, el dirigente encabeza la directiva de Rampla. Antes de asumir como director nacional de Trabajo en marzo de 2015, Castillo fue un referente del PIT-CNT.
El dirigente toma la oportunidad como una instancia para potenciar la estructura interna de uno de los sectores con más peso en la orgánica del Frente Amplio, tanto por su representatividad en el Plenario Nacional de la coalición de izquierda como por su ascendencia sobre los integrantes de los comités de base. Por eso, y por la tradición del cargo, Castillo asume que la tarea debe ser asumida a tiempo completo.
En el Congreso del PCU Castillo logró 526 votos, equivalente al 94,6% del total. Los estatutos partidarios habilitaban a cada congresista a votar a más de una persona. El líder del sindicato de la construcción (Sunca), Óscar Andrade, quedó segundo con 509 adhesiones, seguido del secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala.
En su Congreso, el PCU reclamó al gobierno mayor inversión pública en el marco de la Rendición de Cuentas. Además de definir al nuevo secretario general comunista, el Comité Central del fin de semana evaluará las proyecciones de gasto del gobierno para la instancia presupuestal, que implica una inversión complementaria en educación de US$ 62 millones. Esa partida llevará el presupuesto educativo a 5% del PIB, mientras que la demanda de la izquierda es del 6% del PIB.
Castillo fue el dirigente más votado en el Congreso del PCU del 4 de junio y el martes el Ejecutivo comunista analizó una propuesta para que sea electo secretario general del partido.
"Si se concreta, renuncio a la Dirección Nacional de Trabajo y a la presidencia de Rampla", dijo Castillo al ser consultado por El Observador. Además de ser el encargado de laudar los conflictos laborales del gobierno de Tabaré Vázquez, el dirigente encabeza la directiva de Rampla. Antes de asumir como director nacional de Trabajo en marzo de 2015, Castillo fue un referente del PIT-CNT.
El dirigente toma la oportunidad como una instancia para potenciar la estructura interna de uno de los sectores con más peso en la orgánica del Frente Amplio, tanto por su representatividad en el Plenario Nacional de la coalición de izquierda como por su ascendencia sobre los integrantes de los comités de base. Por eso, y por la tradición del cargo, Castillo asume que la tarea debe ser asumida a tiempo completo.
En el Congreso del PCU Castillo logró 526 votos, equivalente al 94,6% del total. Los estatutos partidarios habilitaban a cada congresista a votar a más de una persona. El líder del sindicato de la construcción (Sunca), Óscar Andrade, quedó segundo con 509 adhesiones, seguido del secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala.
En su Congreso, el PCU reclamó al gobierno mayor inversión pública en el marco de la Rendición de Cuentas. Además de definir al nuevo secretario general comunista, el Comité Central del fin de semana evaluará las proyecciones de gasto del gobierno para la instancia presupuestal, que implica una inversión complementaria en educación de US$ 62 millones. Esa partida llevará el presupuesto educativo a 5% del PIB, mientras que la demanda de la izquierda es del 6% del PIB.
