Catalanes reclaman la independencia

Quieren realizar una nueva consulta popular
En Cataluña hay un mandato a favor de la independencia. Aunque el gobierno no dé luz verde, el referéndum se va a realizar (posiblemente antes de setiembre). Nos debemos al mandato democrático de la ciudadanía", dice con énfasis Albert Royo, secretario general del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat) desde febrero de 2013.

Ferviente defensor de la independencia catalana, Royo (39 años), licenciado en Ciencias Política y exsecretario de Cooperación Exterior y secretario de Asuntos Exteriores del gobierno catalán entre 2004 y 2007, estuvo de paso por Montevideo la semana pasada.

Royo, que realizó una gira por países escandinavos y otras naciones europeas para exponer el caso y conseguir apoyos políticos para la causa independentista de Cataluña, viajó a Uruguay con una intención semejante, y por eso se reunió con representantes de todas las bancadas parlamentarias y funcionarios del gobierno. En ese sentido, destacó el "compromiso democrático" de Uruguay, como un país que está a favor de la "autodeterminación" y con una clara vocación de "mediación".

"Uruguay tiene una reputación, un compromiso con los procesos de pacificación, y puede jugar un papel en el conflicto entre Cataluña y España", comenta convencido en una charla con El Observador. Royo es crítico con el gobierno de Mariano Rajoy en España, que a su juicio se niega a dialogar y sustenta una posición que lleva "a la erdoganización del Estado", en referencia al líder turco que ha encarado una clara política nacionalista.

Desde su punto de vista, el gobierno esgrime argumentos para "impedir" el voto popular en Cataluña, con "amenazas" a funcionarios ya electos y con una "persecución" judicial en marcha.

Para el experto en relaciones internacionales, 80% de la población catalana está a favor de impulsar un referéndum. "No se puede evitar ese clamor popular", advierte.

Pero aun así advierte las consecuencias de que España nunca quiera negociar. "Si el gobierno central rechaza el referéndum se comunicará el mandato popular. Es mucho mejor negociar ahora y se está dispuesto a incluir una propuesta de Madrid", afirma.

De acuerdo a su visión, el gobierno del Partido Popular "empuja" hacia una medida unilateral. "No hay marcha atrás. Es una nueva realidad y el gobierno tendrá que aceptarla".

De todas formas, el representante de Diplocat cree que los catalanes tienen "derecho a votar" y apuestan al diálogo.

De forma bien gráfica, Royo dice que el río "baja" y llegará "al mar", en el entendido de que no habrá forma de evitar que la población catalana se exprese. "Se trata de hacer las cosas de forma razonable. La gente quiere expresarse con el voto y no queremos romper con España", expresa.

Royo no ve riesgos de tensión social e imagina que si desde Madrid se impide la consulta, en Cataluña se convocará a la "resistencia civil". No obstante, no avizora que ocurran episodios de violencia. "Tenemos una sociedad madura y cohesionada. Este es un conflicto político y los conflictos políticos se resuelven en las urnas", apunta.

Para Royo, el mejor ejemplo a tomar en cuenta es el de Escocia, cuyo gobierno también realizará un referéndum para independizarse del Reino Unido, pese a que la primera ministra Theresa May no considera que sea la mejor alternativa en este momento.

"Esa es la diferencia entre una democracia ya consolidada y otra que no lo está, como la de España", acota.
El experto argumenta que Cataluña no propone una ruptura con España y mucho menos con la Unión Europea. "Somos europeístas y queremos estar en la UE", sostiene.

En esa línea, también pone como ejemplo al País Vasco, que conserva su autonomía. "Estamos dispuestos a mantener nuestra contribución. Pero tiene que haber una negociación. Estamos dispuestos a compartir nuestra soberanía sobre la base de una relación igualitaria", apunta.

La disputa del gobierno y la Generalitat

El Ejecutivo de Mariano Rajoy rechazó el pasado lunes la posibilidad de convocar en Cataluña un referéndum de autodeterminación, como volvieron a reclamar a principios de semana los máximos responsables de la Generalitat en una carta publicada por el diario El País de Madrid.

Los catalanes quieren repetir la experiencia del referéndum que celebró Escocia en 2014, y que pretende realizar nuevamente en 2017.

El gobierno remarcó las diferencias existentes entre el marco legal británico y el vigente en España.

En el primero no existe una constitución que sitúe la unidad de los diferentes territorios que componen el Reino Unido como indivisible y pilar básico del Estado, por lo que el gobierno británico puede negociar un referéndum de independencia y la Cámara de los Comunes puede aceptarlo, como sucedió en 2014.

Como señala el gobierno, esto no ocurre en España, donde ni el Ejecutivo ni el Congreso pueden negociar algo que, según la Constitución, corresponde al conjunto de los españoles, como la unidad del país. "La soberanía nacional corresponde al conjunto de los españoles; esa es la principal diferencia con el caso escocés", explicaron funcionarios del gobierno.

La carta divulgada el lunes fue firmada por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el vicepresidente, Oriol Junqueras.

En el texto, los funcionarios acusaron al gobierno y los principales partidos de oposición, al afirmar que "el Estado ha abandonado a todos los catalanes", en tanto afirmaron desear un "referéndum acordado en Cataluña" como el celebrado en Escocia.

"Nosotros ya estamos sentados en la mesa del diálogo. ¿Van a tardar mucho los demás invitados? Es más: ¿van a venir?", se preguntan ambos dirigentes.

Ese argumento fue respondido desde el gobierno central con el argumento de que fueron ellos "quienes han hecho de la falta de diálogo y de la imposición la tónica general de su gestión en Cataluña", señaló El País.

A diferencia del caso escocés, Puigdemont y Junqueras señalaron en su carta que no es admisible la opción de no celebrar un referéndum.

En Escocia, la ministra principal, Nicola Sturgeon, comunicó recientemente a la primera ministra británica, Theresa May, su disposición a pedir la celebración de una nueva votación, algo que deberá ser aprobado por la Cámara de los Comunes.

Pero en el caso de Cataluña, los responsables de la Generalitat advirtieron al gobierno español que no renunciarán a ejercer ese derecho.

"Vamos a hacer lo indecible para que los ciudadanos de Cataluña puedan votar en 2017, en un referéndum de autodeterminación", afirman, contemplando de esa forma la vía unilateral.

Inhabilitación

Artur Mas, expresidente de la Generalitat, fue inhabilitado dos años para cargos públicos por organizar en 2014 una consulta independentista que prohibió la Justicia.

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