Catedráticos apoyan derogar el delito de abuso de funciones

Frente Amplio impulsa eliminarlo y oposición dice que se busca beneficiar a compañeros
El Frente Amplio está decidido a avanzar en el Parlamento con el proyecto que deroga el delito de abuso de funciones, por el cual están procesados exjerarcas de izquierda, y para ello cuenta a favor con la opinión de la cátedra que "en general" piensa que debe ser eliminado del Código Penal.

En el Senado, el oficialismo tiene los votos para aprobarlo, no así en Diputados donde deberá negociar el voto 50, que según sondeos de El Observador hoy no lo tiene.

Desde la oposición se argumenta para defender la vigencia del delito de abuso innominado de funciones que "no es el momento" para derogarlo cuando la Justicia indaga sobre responsabilidades en la anterior gestión de ANCAP , cuando el directorio de la petrolera estuvo dirigido por Raúl Sendic.

Ese delito le puede ser imputado al hoy vicepresidente de la República.

La eliminación del artículo 162 del Código Penal, como lo propuso el senador Rafael Michelini (Frente Liber Seregni) beneficiará directamente al exministro de Economía Fernando Lorenzo y al expresidente del Banco República, Fernando Calloia, ambos procesados bajo esa norma por el affaire PLUNA.

En el año 2007, cuando Julio María Sanguinetti era Senador, impulsó la derogación y uno de los principales retractores fue Michelini.

Según supo El Observador, a comienzos de este mes, el senador frenteamplsita llamó a Sanguinetti para decirle que había cambiado de opinión y que el expresidente de la República tenía razón.

Dos visiones

En el Parlamento se enfrenta hoy la posición política de quienes quieren mantener el abuso de funciones para que la Justicia tenga más herramientas a la hora de enfrentar la corrupción, y los expertos en Derecho que sostienen que debe ser eliminado, independientemente de si se beneficia o no a alguien.

El doctor Gastón Chaves, director del Departamento de Derecho de la Universidad Católica, dijo ayer a El Observador que no tiene dudas que ese delito "debe ser derogado".

Explicó que el principio de legalidad exige que la ley "sea concreta con respecto a lo que quiere reprimir, para que los ciudadanos sepan lo que pueden y no pueden hacer y los jueces lo que pueden y no pueden castigar".

Chaves reconoció que derogar un delito beneficiará en forma retroactiva a los que estén procesados o investigados bajo esa norma.

Por este tema, la semana próxima Chaves irá al Parlamento que también cursó invitación al Fiscal de Corte, Jorge Díaz para conocer su opinión.

Germán Aller, del Instituto de Derecho Penal de la Universidad de la República, estuvo el martes 25 en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado que analiza el proyecto. El catedrático entiende que el abuso de funciones debe desaparecer del Código Penal.

De acuerdo a la versión taquigráfica a la que accedió El Observador, Aller afirmó que "desde el punto de vista técnico, jurídico y científico", "en general ha habido una mancomunión por la derogación" de ese delito que no es nuevo en Uruguay.

Sus orígenes se remontan al siglo XIX ,mucho antes de Benito Mussolini en Italia "y al fascismo esa figura la encantó", dijo.

Aller dejó en claro su posición al afirmar que es "absolutamente partícipe de la eliminación radical, completa y total" del delito de abuso de funciones.

El catedrático se preguntó si "corresponde (derogarlo) en beneficio de determinados ciudadanos" y la respuesta que dio es: "inequívocamente no". "Ninguna ley debe hacerse a nombre propio".

En este caso, la derogación "beneficiará" a personas que puedan estar procesadas o bajo investigación, pero, según afirmó Aller, no conoce "ningún caso en la historia de Uruguay en el que se haya imputado el abuso de funciones y que haya sido justo".

También dijo que discrepa "frontalmente" con la idea de que si se deroga se pierde una herramienta para luchar contra la corrupción. Para el catedrático, por tratarse de un tipo de delito abierto –es decir que no describe cabalmente a qué conducta criminal se refiere– "es inconstitucional".

El punto ya fue abordado por la Suprema Corte para quien ese delito es legal.

Sin embargo, para la oposición, el Frente intenta con la derogación beneficiar a exjerarcas de izquierda o incluso a hoy gobernantes que son investigados.

Eso lo sostienen los senadores Pedro Bordaberry (Colorado) y Luis Lacalle Pou (blanco) quienes prefieren que el delito de abuso de funciones permanezca como una espada sobre quienes manejan dineros públicos.

Libertad condicional

El gobierno presentará en días un proyecto al Parlamento para derogar la libertad condicional que hoy beneficia a determinados reclusos.

Charles Carrara, director general de secretaría del Ministerio del Interior, informó que la modificación se propone antes de que comience a regir en el mes de julio el nuevo Código del Proceso Penal.

El Instituto de la libertad condicional "no tiene sentido en un proceso acusatorio" como el que comenzará a regir a mitad de año, explicó.

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