Choque de Bonomi y la Suprema Corte daña luna de miel con la Justicia

El jueves 19, en la Residencia de Suárez y Reyes, Vázquez recibió a los cinco ministros de la Corporación. En una reunión de una hora y media, el mandatario y los integrantes del máximo órgano del Poder Judicial sentaron las bases del relacionamiento para el período de gobierno que se inicia y hablaron del diferendo salarial y del fallo que obliga al Estado a pagar a los funcionarios judiciales un incremento retroactivo de 26% desde 2011 y de cómo aplicar el nuevo Código del Proceso Penal a partir de 2017.

El mismo jueves pero unas horas más tarde, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, cuestionó la actuación judicial sobre un arsenal incautado en el barrio Ituzaingó en relación al que hubo dos detenidos pero ninguno resultó procesado por la jueza penal María Helena Mainard.

“Existe una ley de armas que indica que el solo hecho de tener armas no autorizadas es factor clave (para constituir un delito)”, dijo Bonomi al participar de un evento de la Corporación Andina de Fomento. “Un delito que se paga con prisión”, afirmó.

Ese es el primer choque entre Bonomi y la SCJ en lo que va del nuevo gobierno. El ministro, que ya ejerció el cargo durante la pasada administración, en su momento criticó a los jueces por no usar como prueba los videos de las cámaras de vigilancia.

La SCJ, en un comunicado de prensa divulgado en su página web, señaló que la jueza Mainard “dispuso varias diligencias para profundizar la investigación” sobre las armas incautadas, entre las que se encuentran dos pistolas, miras telescópicas y diversos tipos de municiones.

La corporación indicó que “aún no se ha determinado con certeza la procedencia de las armas”, motivo por el que “la investigación continúa”.

A eso se sumó que el lunes, el ministro de la SCJ, Ricardo Pérez Manrique, defendió la actuación de la jueza Mainard y cuestionó a Bonomi por criticar públicamente el trabajo de la magistrada.

“Sabemos que la jueza no procesó porque no tenía elementos en el Juzgado ni siquiera para iniciar actuaciones, así que está esperando la información completa para tomar una decisión definitiva”, dijo Pérez Manrique al ser entrevistado en el programa Entrelineas de canal 20.

Y agregó: “También hay que pensar desde el punto de vista de la independencia de los Poderes si esto no significa, no es un intento o en los hechos no significa, por la vía de la realidad, una puesta de presión para que se decrete el procesamiento”.

Mucho para decir

Consultado ayer sobre las afirmaciones de Pérez Manrique, Bonomi informó que estudia la posibilidad de pedir una reunión a la SCJ. “Voy a tratar de responderlas en el ámbito de la Suprema Corte”, dijo en rueda de prensa tras un almuerzo organizado por la candidata a intendenta de Montevideo, Lucía Topolansky.

Bonomi dijo que el Ministerio del Interior impulsó una nueva ley de armas “con mucho esfuerzo y mucha discusión” y que en función de esa norma aprobada en agosto del año pasado quien posee armas sin estar habilitado puede enfrentar una multa de hasta 1.000 Unidades Reajustables y en caso de tener antecedentes “puede ir a prisión”.

“Si no fueron al juzgado, ¿cómo se presentan las pruebas?”, preguntó Bonomi. “Si el delito es tener no autorizadas eso es la prueba”, respondió. “Tengo muchas más cosas para decir y no las voy a decir sino en el ámbito de la Suprema Corte”, anunció.

El ministro afirmó que el allanamiento no se hizo en esa casa del barrio Ituzaingó no fue por “casualidad” sino que hubo un trabajo policial previo. También criticó que la jueza Mainard haya dispuesto la liberación de los dos detenidos (ambos poseedores de antecedentes registrados entre 1971 y 2009 incluso en un caso por homicidio) sin haberlos interrogado la sede judicial.