Claves para entender el ajuste fiscal

Una respuesta a las preguntas más frecuentes sobre el ajuste, su alcance y su pertinencia
Suba de impuestos, recortes de gasto, un diagnóstico errado, promesas de campaña bajo cuestionamiento. La Rendición de Cuentas levanta polvareda, pero muchas veces el debate se pierde en carriles técnicos y en discusiones que dan por entendido contextos que escapan al alcance de aquellos que no siguen el día a día de los sucesos económicos.

Por eso resulta oportuno pasar raya y realizar una lectura guiada y contextualizada de las medidas anunciadas por el Poder Ejecutivo, que consiste en ensayar una respuesta a algunas de las preguntas más frecuentes sobre el ajuste fiscal y sus fundamentos.

¿Lo que propone el gobierno es un "ajuste fiscal"?

El ajuste fiscal es una herramienta de la política económica que permite equilibrar las cuentas del Estado cuando el desfasaje entre lo que gasta y el dinero que ingresa –principalmente por la vía de impuestos– amenaza con afectar la estabilidad de las finanzas públicas. Ese ajuste consiste en la aplicación de un conjunto de medidas que pueden estar enfocadas a reducir el gasto o a incrementar los ingresos.

En ese marco, el anuncio de los principales elementos que contendrá la Rendición de Cuentas representa un ajuste fiscal compuesto por medidas de naturaleza mixta. El gobierno calcula que de los US$ 460 millones del desequilibrio fiscal que busca recortar para el final de esta administración, US$ 125 millones vendrán de una reducción de gastos y US$ 335 millones del aumento de ingresos.

El gobierno se esfuerza por evitar el uso del término "ajuste fiscal" y prefiere hablar de "consolidación fiscal". Históricamente el discurso de la izquierda pone el "ajuste fiscal" en el podio de los términos peyorativos en materia de política económica. Referirse de esa manera a la corrección de los desequilibrios fiscales genera una mayor efervescencia entre los sectores más ideologizados, que tienen una fuerte influencia sobre la estructura del Frente Amplio y el movimiento sindical; y eso el gobierno lo quiere evitar a toda costa.

¿Es necesario el ajuste fiscal?

Mantener un déficit fiscal (gasto público mayor a los ingresos) no es de por sí un problema. Un gobierno puede gastar más de lo que ingresa siempre que ese monto sea fácil de financiar a través de créditos internacionales o con la emisión de títulos de deuda en los mercados financieros. Pero la acumulación de sucesivos números rojos en las finanzas públicas y el consiguiente aumento de la deuda hacen que un país sea visto como un destino más riesgoso para los inversores internacionales y el costo de financiarse aumente.

Uruguay hoy tiene un muy buen perfil crediticio. Tiene un historial de pago intachable y un panorama de vencimientos de deuda bastante saneado. Sin embargo, con un déficit fiscal que equivale a 3,6% del PIB y un contexto de los mercados internacionales más complicado, ese buen perfil podría rápidamente deteriorarse si el gobierno decidiera mantener el Presupuesto tal como está.

Las calificadoras de riesgo –la principal referencia de los inversores para evaluar qué tan seguro es prestarle a un país–, advirtieron que la pasividad del gobierno uruguayo ante el desmejoramiento de las cuentas públicas podría comprometer el grado inversor, que es el nivel de calificación que permite a Uruguay ingresar en condiciones privilegiadas a los mercados de crédito internacionales. Perder el grado inversor implicaría un aumento del costo de financiamiento para Uruguay y eso rápidamente se trasladaría a un déficit fiscal mayor y más difícil de sostener.

¿Era posible evitar el ajuste fiscal?

El ajuste fiscal es hoy necesario, pero era evitable. Durante la bonanza económica que atravesó Uruguay en la última década, la política fiscal actuó bajo el supuesto de que ese período excepcional de ingresos extraordinarios iba a durar para siempre. Desde que la actividad económica recuperó su crecimiento en el año 2003, no hubo un año en el cual el gobierno gastara menos de lo que le ingresaba y año tras año la diferencia se hizo mayor.

De haber generado reservas genuinas, acomodando las cuentas públicas para ingresar de manera más cómoda en el cambio de ciclo económico, no solo el ajuste hubiera sido evitable sino además el gobierno contaría con recursos para poder compensar el menor desempeño del sector privado, y así contrarrestar la desaceleración económica y la pérdida de puestos de trabajo.

Reduciendo las ambiciones, hubiera bastado con un menor ritmo de crecimiento del gasto durante los últimos dos años –en que los economistas privados advertían la posibilidad de una reversión del ciclo económico– para obtener los mismos efectos de este ajuste sin tener que aumentarle los impuestos a nadie.

¿En qué consiste el ajuste fiscal?

Por un lado, el Poder Ejecutivo plantea un aumento de impuestos que afectará los salarios mayores a $ 33.400 nominales y jubilaciones de más de $ 50.100. En el caso de los sueldos, eso se da por una mayor tasa de IRPF en las franjas superiores del impuesto y por un cambio en la manera de calcular las deducciones (gastos o retenciones que permiten descontar el pago del impuesto). Esa última modificación hace que el efecto del ajuste se amplifique en hogares con hijos menores a cargo y profesionales que pagan aportes a la caja y fondo de solidaridad, entre otros.


Entre los ajustes tributarios también se destacó una mayor carga tributaria sobre los ingresos generados por la renta del capital, como también cambios en el régimen de tributación de empresas que implicarán un aumento de la carga tributaria en casos específicos.

En materia de gasto, el gobierno anunció la postergación en la ejecución de algunas partidas de este y el próximo año hasta 2018 –cuando se prevé que la coyuntura económica sea más favorable–, no utilizar 5% de los fondos destinados a retribuciones personales no ejecutados, no aplicar ajustes por inflación para algunos rubros e inversiones, limitar el ingreso de funcionarios públicos –por cada tres que cesen entrarán dos–, entre otras medidas.

¿Era este el único camino posible?

No es única la combinación de políticas públicas que pueden llevar a una reducción del déficit fiscal de la magnitud que busca el gobierno. Hay ciertos lineamientos teóricos que debería respetar un ajuste fiscal efectivo, pero la decisión respecto a las políticas concretas tiene una importante connotación ideológica.

Simplificando al extremo, se podría decir que hay ajustes izquierda y de derecha. Estos últimos entienden que la recomposición de las cuentas públicas debe velar porque el sector privado mantenga las condiciones para impulsar su actividad y entre otras cosas, sostener los niveles de empleo. Estos ajustes seguramente priorizarán el recorte del gasto sobre el aumento de impuestos y en todo caso, buscarán que un aumento tributario no recaiga excesivamente sobre las empresas y el capital. Hay también ajustes de izquierda, que pondrán por encima la distribución de la riqueza e intentarán evitar que el costo de ese ajuste recaiga sobre los sectores de menores ingresos, cuidando que el ajuste no termine inclinando la balanza en favor de los que más tienen, aunque en el camino se pueda llegar a afectar algunas decisiones de inversión.

Si se analiza el ajuste propuesto por el Poder Ejecutivo, hay claramente una impronta de izquierda. El aumento de los impuestos recae sobre el 30% de los trabajadores de mayores salarios y en el caso de los jubilados, sobre el 20% de mayores pasividades. Las medidas impositivas cargan también sobre los que viven de sus capitales y sobre la renta empresarial. Si bien un salario de $ 33.400 nominales ($ 26.500 líquidos) no es un ingreso que permita mantener una condición de vida elevada en Uruguay, los datos demuestran que resulta un privilegio entre los trabajadores locales y por eso una vez procesado el ajuste, los que más tienen tendrán un poco menos en relación a los más pobres.

Del ajuste total que plantea el Poder Ejecutivo (US$ 460 millones), 73% se basa en aumentos de impuestos y 27% en recortes de gasto. Por fuera de toda discusión sobre la eficiencia en el uso de esos recursos, esto también mantiene una coherencia ideológica: la izquierda justifica la existencia de un Estado grande y fuerte.

¿El Frente Amplio incumple una promesa de campaña?

Con un ajuste fiscal de las características presentadas, el gobierno está pagando un costo político importante. En su campaña electoral hizo una promesa vinculada con los impuestos. Si bien la fuerza política se escuda en la literalidad del "no agregar nuevos impuestos", que lo habilitaría a modificar los tributos actuales sin incumplir su palabra, es claro que el mensaje que recibió el votante era otro. Incluso el propio Tabaré Vázquez, en el fervor de la campaña, en más de una oportunidad traspasó la fina línea dialéctica que separa el "más impuestos" del "nuevos impuestos" y habló de "no aumentar la carga tributaria".

Es cierto que las promesas electorales están sujetas a un determinado diagnóstico que hacía el partido en el gobierno y que la realidad económica relevó optimista en exceso. Pero no es menos cierto que el Frente Amplio tomó una decisión: prometer algo que ya en ese momento se mostraba muy difícil de cumplir. En el juego político es válido correr esos riesgos, pero hay que asumir que cuando la apuesta sale mal eso se paga con mayor descontento y pérdida de popularidad, y quizás, de cara a las próximas elecciones, algún que otro voto.

En definitiva, se podrá estar de acuerdo o no con las medidas planteadas, se podrá reprochar el hecho de que fueran evitables y que el gobierno estaba advertido sobre el cambio en el ciclo económico, se podrá echar en cara a las autoridades que están incumpliendo una promesa de campaña, pero hoy esas medidas resultan necesarias y son coherentes con la línea ideológica del partido en el gobierno.

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