Colombia discute cambios a nuevo acuerdo con las FARC

El gobierno apura la implementación pero la oposición sigue con dudas

El gobierno de Colombia y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmaron el fin de semana un nuevo acuerdo de paz, al que incorporaron aclaratorias y reclamos hechos por la oposición luego de que el pacto original fuera rechazado en un plebiscito el pasado 2 de octubre.

Las partes buscan terminar un conflicto armado de más de medio siglo, en el que también participaron otras guerrillas, paramilitares y agentes estatales, con un saldo de 260 mil muertos, 45 mil desaparecidos y 6,9 millones de desplazados.

Aunque el gobierno busca acelerar el acuerdo, los representantes de los sectores que dijeron No en las urnas, liderados por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), aún no dan visto bueno al pacto construido en los últimos días en La Habana, donde las partes negociaron durante cuatro años el pacto anterior.

Los negociadores de paz del gobierno de Colombia llamaron ayer a "implementar ya" el nuevo acuerdo firmado las FARC, tras incorporar peticiones de sectores que se opusieron en las urnas al anterior acuerdo. "Este es el acuerdo final, así se denomina, y lo que no podemos es perder tiempo. Hay que comenzar la implementación", dijo el jefe negociador Humberto de la Calle en rueda de prensa desde el palacio presidencial. El funcionario aseguró que "no hay espacio para una nueva negociación".

¿Cómo se refrenda?

El acuerdo original debía refrendarse mediante plebiscito, un mecanismo que había sido previamente aprobado por la Corte Constitucional.

Pero al ser rechazado en la votación del 2 de octubre, el asunto de la refrendación pasó a ser uno de los más complejos. El nuevo acuerdo ni siquiera lo definió y dejó abierto un amplio abanico de posibilidades, que van desde otro plebiscito, a una consulta o cabildo abierto. También se considera como otra alternativa su aprobación en el Congreso o asambleas departamentales.

Una vez refrendado, el texto original debía anexarse a la Constitución. Ahora solo se incorporará un artículo transitorio, vigente por tres períodos presidenciales (12 años), que señala que "las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido".

¿Qué cambios se acordaron en la Justicia?

El primer acuerdo planteaba un sistema de justicia transicional conocido como Jurisdicción Especial para la Paz encargado de juzgar los delitos ocurridos durante el conflicto armado, con penas alternativas a la prisión, pero cuyo alcance en el tiempo no había quedado bien delimitado.

En el nuevo texto se establece un período de 10 años para presentar acusaciones, que mediante prórrogas podrían llegar a 15 años.

Como otra novedad, el gobierno presentará ante el Congreso un proyecto de Ley de Amnistías, Indultos y Tratamientos penales especiales, que incluirá un apartado especial con tratamientos diferenciados para militares y policías, un asunto requerido por la oposición durante la campaña previa al plebiscito.

En cuanto a los guerrilleros, se aclaró un punto que también generaba críticas.

Los delitos como el narcotráfico solo serán aceptados como crímenes conexos a los delitos políticos –y por lo tanto podrán ser sujeto de amnistía– en caso de que "no hayan derivado en enriquecimiento personal".

La justicia especial determinará también las zonas donde los condenados pagarán sus penas alternativas y creará un mecanismo para verificar su cumplimiento.

Asimismo, se aclaró que los fiscales serán colombianos y que juristas extranjeros solo asesorarán.

Nuevos compromisos

La guerrilla aceptó hacer un inventario de sus bienes, que servirán para reparar a las víctimas. Además entregará una lista de todos sus miembros, incluyendo integrantes de las milicias.

Por otro lado, los miembros de las FARC que hayan tenido relación con "cualquier eslabón de la cadena" de la producción de drogas deberán entregar un reporte de sus acciones y de todos los datos que sirvan para "atribuir responsabilidades".

De los 57 temas en renegociación, solo el de la participación política de los guerrilleros se mantuvo sin cambios, aunque líderes opositores se oponían a que los jefes guerrilleros tuvieran la posibilidad de presentarse a cargos de elección.

El gobierno mantiene el compromiso de garantizar, de forma temporal, un mínimo de 10 curules en el Congreso al partido de las FARC a partir de 2018.

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