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Colombia vota la paz

El acuerdo firmado por el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC pasa por la prueba de fuego este domingo, en un plebiscito del que necesita un amplio respaldo para caminar seguro por los desafiantes caminos del posconflicto colombiano
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02 de octubre de 2016 a las 05:00

El documento propone una amplia reforma en el área rural, que incluye un plan de redistribución de tierras a campesinos. También plantea políticas de desarrollo e inversión en infraestructura, y el gobierno asume el compromiso de brindar servicios públicos básicos a las familias del campo.

Desde Bogotá

El 10 de agosto de 2010, Juan Manuel Santos cumplía 58 años. Hacía apenas tres días que era presidente de Colombia. Estaba en la que había sido la última morada del libertador Simón Bolívar, la Quinta de San Pedro Alejandrino, en la tierra caliente de Santa Marta. Hasta allí llegó Hugo Chávez, el carismático mandatario venezolano. Se reunieron para dejar en el olvido peleas del pasado. Luego de que el líder bolivariano rompiera el protocolo con un chiste que Santos devolvió, ya ubicados en la sala principal de la histórica hacienda, el tema de las FARC era ineludible. "He pensado en ver si puedo hacer la paz con las FARC", confió el jefe de Estado colombiano. "¿Usted está en eso?", preguntó Chávez. "Sí, estoy en eso", reafirmó Santos, y Chávez lo animó: "Pues cuente conmigo, con mi total y absoluto apoyo. Creo que es lo mejor que le puede pasar a Colombia".

Ese relato, que se incluye en un libro de la periodista Marisol Gómez Giraldo, revela la etapa larvaria de un largo proceso que culminó seis años y 15 días después, con un histórico acuerdo de paz entre el gobierno de Santos y la guerrilla marxista activa más añeja de Occidente, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), firmado en Cartagena el lunes pasado. Las rúbricas de Santos y Timoleón Jiménez, más conocido por su apodo de guerra Timochenko, con un simbólico "balígrafo", refleja un inédito pacto zurcido en La Habana desde el 4 de setiembre de 2012, con la activa participación de los gobierno de Cuba y Noruega (países garantes), más Chile y Venezuela (acompañantes).
Pero aún queda una prueba de fuego. El tiro de gracia a uno de los últimos bastiones de la guerra fría en el continente ocurrirá solo si este domingo el acuerdo es refrendado en un plebiscito.
Analistas consultados por El Observador dijeron que es clave que el acuerdo sea apoyado por una amplia mayoría, porque una diferencia ajustada a favor del Sí debilitaría el poder negociador del gobierno en una etapa crucial como la del posconflicto, donde se deben implementar desafiantes planes de justicia, política y de desarrollo económico y social, con un Estado y una gestión deficientes.

"Paz imperfecta"

Frédéric Massé, profesor de la Universidad Externado de Colombia y director del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales (CIPE), opinó que los acuerdos de La Habana "son realistas, equilibrados, pero al mismo tiempo bastante complejos, detallados y ambiciosos".

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No incluyen "grandes transformaciones de fondo" y cada una de las partes "tuvo que ceder en algunos puntos", dijo el experto. En ese sentido, destacó los beneficios que se incluyen para quienes cometieron delitos. "Las FARC las sacan barata en cuanto al tema de la justicia", afirmó (ver nota inferior).

Hay cierto consenso de que los documentos incluyen algunos "sapos", que los defensores del Sí creen que es el precio a pagar para sellar el fin del conflicto armado.
"Son acuerdos que buscan revertir el enorme costo que han significado las acciones de las FARC", afirmó el analista Jorge Restrepo, un economista que dirige Cerac, un centro académico especializado en conflictos violentos. "No hay nada más injusto que una guerra".
Y ese fue el motor que movió a Santos. En una entrevista con la agencia AFP dijo: "La paz perfecta no existe, porque la paz perfecta implica la justicia perfecta y la justicia perfecta hace imposible la paz. Es una paz imperfecta, pero siempre, siempre es mejor una paz imperfecta que una guerra perfecta".

Es que las FARC, que se financiaban del narcotráfico y de la minería ilegal, no fueron derrotadas en el terreno armado. "El país termina la guerra por medio de una negociación y no por tierra arrasada", comentó Restrepo.

Massé está de acuerdo en que "ningún grupo guerrillero firma un acuerdo de paz si le prometen 20 años de cárcel", pero "entre cero días y 20 años de cárcel, (los guerrilleros) hubieran podido aceptar cierta condena efectiva de cárcel".

"Impunidad"

Haber incluido una pena de cárcel muy reducida, señaló el experto francés, hubiese contribuido "a calmar un poco algunas críticas" de quienes apoyan el No, cuyo principal referente es el expresidente Álvaro Uribe.

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Los partidarios del No argumentan que el documento negociado en la Habana traerá "impunidad" a los excombatientes de las FARC, que se extiende al beneficio de no extradición a Estados Unidos por "la aceptación de que el narcotráfico es un delito político".
Uribe rechaza que "el tercer grupo terrorista más rico del mundo no tendrá la obligación de entregar el dinero para reparar a las víctimas" y que los líderes guerrilleros "no tendrán pena privativa de la libertad en Colombia y podrán ser elegidos a cargos públicos".
Para Restrepo, los reclamos de justicia de los patrocinadores del No son "absolutamente ilusorios", imposibles de obtener mediante una negociación.

Desafíos

Massé cree que sin un acuerdo de paz era casi imposible encarar una reforma "ambiciosa" como la del sector rural, algo muy necesario.

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Pero no solo atender la realidad del campo, apuntó Restrepo, ya que el Estado ahora podrá preocuparse "de lo importante, que es tratar de sacar del atraso económico, social y político" a regiones enteras postergadas por el conflicto.

Habrá un "proceso de reconstrucción" de un Estado que estuvo enfocado en el conflicto armado y el narcotráfico.

¿Y cómo es la calidad de las instituciones para estar a la altura de las circunstancias que impone la etapa del posconflicto? Para Restrepo, el Estado podrá ahora dirigir su actividad "hacia tareas productivas y no destructivas", como ocurrió hasta ahora, y habrá una "nueva institucionalidad" que contribuirá a reforzar el estado de Derecho.
El problema es otro: un sistema político "clientelista, corrupto y terriblemente débil en lo local", lo que representa un "lastre" que dificultaría el posconflicto, afirmó el colombiano.
Para Massé, el Estado "no está preparado para el posconflicto", presenta una "estructura institucional bastante débil", a lo que se suman eventuales problemas de financiamiento de las medidas que incluye el acuerdo.

La implementación del pacto puede tener otro frente no deseado: hay dudas acerca de "la capacidad de las FARC de actuar de manera limpia en el escenario político colombiano" y existe un "gran riesgo de que sean absorbidas por el sistema político tradicional mafioso y clientelista", según Massé.

¿Gana el Sí?

Desde setiembre, las encuestas coinciden en que el Sí es la opción mayoritaria de los colombianos. En los últimos sondeos, registra entre 55% y 66% de las adhesiones; el No, entre 34% y 38%.

Si esos números se reflejan en las urnas, "las dos partes podrían reivindicar cierta victoria. El No pasa a ser una minoría suficientemente fuerte como para tener algo que decir en la fase del posconflicto", explicó Massé, para quien una victoria del Sí menor al 60% supondría una "semiderrota" para el gobierno.

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Restrepo coincide en que la opción del Sí necesita ganar por una "alta diferencia" porque es lo que le confiere legitimidad en la etapa posterior.

Pero nadie asegura totalmente que el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, de 297 páginas, será refrendado este domingo en las urnas. Si gana el No, aparecen en el horizonte problemas de gobernabilidad, un daño a la capacidad negociadora del Estado y la espera de otros 15 años para un futuro eventual acuerdo.

Los seis puntos del acuerdo con las FARC

EmbedLos seis puntos del acuerdo con las FARCLas FARC aceptan transformarse en una fuerza sin armas y el Estado, por su parte, crea un sistema de seguridad para garantizar el ejercicio político. En caso de no alcanzar el número de votos suficiente, el grupo marxista tiene asegurados diez escaños en el Congreso –de un total de 268– en los próximos dos comicios. El texto anuncia la implementación de un plan para la sustitución de cultivos de producción de drogas y el compromiso de las FARC de desvincularse del negocio. Continúa la política de combate al narcotráfico y se anuncia que habrá apoyo a los campesinos que acepten la sustitución voluntaria. Se plantea un novedoso sistema de verdad, justicia, reparación y garantías a los damnificados, con el acento puesto en las víctimas del conflicto. Tribunales especiales juzgarán a quienes estén involucrados en delitos graves. Quienes confiesen su responsabilidad recibirán una sentencia de cinco a ocho años de cárcel. En caso contrario, irán a prisión hasta por 20 años. Se prevé una amnistía, excluidos delitos de crímenes de guerra.El alto al fuego bilateral y definitivo rige desde que entra en vigor el acuerdo de paz. Las FARC deben entregar la lista completa de sus miembros, comenzar la concentración temporal en 28 sitios, y dejar las armas en un plazo de seis meses. Todo esto se hará bajo verificación de un órgano tripartito compuesto por el gobierno, los rebeldes y observadores de la ONU. Está prevista una comisión de seguimiento y verificación para controlar el cumplimiento del contenido del documento, integrada por representantes del gobierno y de las FARC. Dos notables deberán comprobar los avances del proceso y se contará con el apoyo de varios países y de entidades internacionales. El acuerdo debe ser refrendado en un plebiscito, que se celebra este domingo.

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