Comerciantes plantearán inconstitucionalidad de la ley de inclusión financiera

Gremial de comerciantes del interior impulsa que sus asociados apelen ante la Suprema Corte de Justicia

Un grupo de empresarios del interior del país se está preparando para presentar recursos de inconstitucionalidad contra la ley de inclusión financiera (LIF), promulgada en 2014. Se trata, por ahora, de alrededor de 50 firmas –barracas, ferreterías, autoservicios, zapaterías, entre otros–, que son socias de la Confederación Empresarial del Uruguay (CEDU), una gremial que reúne a 25 asociaciones, cámaras y centros comerciales e industriales ubicados fuera de la capital. En total, esa gremial representa a unas 8.000 empresas.

Desde hace un tiempo la CEDU pelea por lograr una reducción de los aranceles que los sellos emisores de tarjetas cobran por cada operación que se realiza en sus comercios. En los últimos días concretaron una reunión con la Asociación de Bancos Privados del Uruguay, donde se les dijo que una disminución de los aranceles no estaba en los planes.

Actualmente está vigente un cronograma definido por parte del gobierno y los sellos emisores que va reduciendo los aranceles conforme se avanza en la penetración de las tarjetas de débito y crédito como medios de pago. Sin embargo, todavía el nivel de uso de estos instrumentos está lejos de una nueva rebaja.

Más allá de continuar en la búsqueda de esta rebaja, ahora apuestan también a que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) declare inconstitucional un artículo de la ley, el 64o ("equiparación entre el pago con efectivo y el pago con tarjeta de débito o instrumento de dinero electrónico").

Entre otros, este artículo estipula que "los proveedores o comercios no podrán cobrar por los productos o servicios que ofrezcan un precio mayor si el pago se realiza mediante tarjeta de débito o instrumento de dinero electrónico que si el mismo se realiza con efectivo".

A fines de julio el portal 180 había informado acerca de la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra este artículo. La empresa que tomó esa decisión fue Office 2000, que se dedica a la comercialización de equipamiento e insumos para oficinas y tiene sucursales en Salto, Paysandú, Fray Bentos, Mercedes, Colonia y Montevideo.

El efecto de una sentencia de inconstitucionalidad es para el caso puntual de quien la solicitó. Por ese motivo, toda empresa que quiera beneficiarse de un posible resultado favorable de la SCJ debe presentarse a título personal.

El directivo de la CEDU Julio Paillex (de la Asociación Comercial e Industrial de Rivera ) dijo a El Observador que la gremial está difundiendo entre sus socios esa posibilidad.

De hecho, el sábado 13 la agrupación empresarial tendrá una reunión en la ciudad de Trinidad (Flores), de la que también participarán representantes del Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay (Cambadu) y de la Cámara de Empresarios de Free Shops del Uruguay por este tema.

Por ahora, comentó, hay interés "firme" de unas 50 empresas que ya completaron un formulario para dar los primeros pasos en el proceso para lograr que, en cada caso puntual, se declare la inconstitucionalidad del artículo 64o de la ley.

"Lo que entendemos como ideal es que haya igualdad", sostuvo Paillex, y subrayó que los comercios más chicos corren con desventaja frente a las grandes superficies, que tienen condiciones más favorables en este terreno.

A modo de ejemplo, señaló que mientras que los comercios de menor porte pagan un arancel de entre 2% y 2,2% en el caso del débito y de entre 4,5% (si se trata de un solo pago) y 4,9% (si es en pagos diferidos) cuando se trata de una compra con crédito, las grandes superficies abonan entre 1,35% y 1,5% en las dos modalidades.

Para volver a poner este reclamo sobre la mesa, dentro de la larga lista de reuniones que ha mantenido la gremial, el domingo de la semana pasada tuvieron un encuentro en Carmelo con el ministro de Economía, Danilo Astori, en la previa del Consejo de Ministros que se realizó el lunes.

Astori, dijo Paillex, les pidió tiempo para ir atendiendo sus pedidos. "Nuestros socios no nos lo dan", afirmó el dirigente gremial, y agregó que en el interior del país "están cerrando empresas todos los días".

Cuestionamiento

Julio Facal –socio del estudio Yelpo & Facal Abogados– es el abogado que presentó el recurso de inconstitucionalidad de Office 2000 ante la SCJ, y quien también se encargará de los que sigan a este primero.

Según el profesional, establecer que todo comercio tiene que cobrar lo mismo, ya sea que se trate de una compra con efectivo o con tarjeta "es inconstitucional porque una ley no puede obligar a un comerciante a usar un medio de pago que le cobra un arancel". Esto, agregó, es como si se le pusiera un impuesto.

"Si de ese arancel se hace cargo el Estado, vaya y pase, pero ¿por qué una sola parte de la relación? ¿Por qué no lo soporta el emisor de la tarjeta si lo que se quiere es bancarizar? ¿O el Estado", se preguntó Facal.

En el escrito presentado ente los ministros de la SCJ se sostiene que al comerciante "se le impone con quién contratar (la banca), (...) qué contratar (medios de pagos electrónicos), y también (...) cómo regular dicha contratación (prohibiendo trasladar el costo del mismo al precio final para el consumidor)", según el texto al que accedió El Observador.

Según argumentan, eso viola los artículos 7o, 72o y 332o de la Constitución, que establecen las libertades individuales y la autonomía de voluntad.

Asimismo, se agrega que "la Administración interviene en la fijación del precio, la obliga a absorber un sobrecosto como es el arancel de las tarjetas de crédito y débito que no está obligada constitucionalmente a hacerlo, ergo, lo que hace es distorsionar la competencia".

Con la promulgación de esta ley, indica el escrito, se generó: la fijación de un arancel privado; la obligatoriedad de un privado de contratar con otro privado; y la imposibilidad de trasladar el sobrecosto al precio final de lo que se está vendiendo.

Tarjetas empiezan a "explicitar" nuevos costos por menor arancel

El presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Mario Bergara, consideró que la ley de inclusión financiera es un "proceso muy exitoso", aunque admitió que comienzan a surgir "fricciones naturales". Entrevistado por El Observador TV, el jerarca se refirió a la comisión de 0,3% que el sello Visa cobra a sus clientes por la utilización de las tarjetas de débito para las transacciones electrónicas en las redes de pagos y cobranzas, cuya legalidad está a estudio del gobierno. "Es un costo que la tarjeta te está poniendo y te lo está avisando, vos podés usarlo o no. No es el comercio el que lo cobra, es parte de la relación entre el cliente y la tarjeta", explicó Bergara.

Para el titular del BCU, en la medida en que se han reducido los aranceles, "hay muchas cosas que comienzan a ser más explícitas en el cobro, como pueden ser los gastos de administración. Apuntamos a que este tipo de cosas no existan, pero de ahí a que se deduzca de la letra de la ley el tema de la ilegalidad, eso no está claro, se está analizando", indicó.

Bergara añadió que las empresas emisoras de tarjetas, "para todo este proceso, tienen sus costos y tienen que recuperarlos. Las formas a veces son más implícitas y otras más explícitas. El hecho de haber reducido costos en aranceles, donde estaban incluidos costos que antes no se veían, pero se pagaban, hace que las empresas tengan, de repente, que transparentar más y explicitar más un pago de costos".

Precisamente, el secretario ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados, Jorge Ottavianelli, dijo esta semana a El Observador que la negociación que se cerró con las redes de cobranza para que se aceptaran los sellos internacionales de las tarjetas de débito (Visa y Mastercard) fue por una "solicitud" que hizo el gobierno para prestar ese servicio. "La operación de los bancos sigue siendo a pérdida en las redes. Bueno, a nadie le gusta perder mucho. Cobrando esa pequeña comisión se trata de no perder tanto y ofrecer ese servicio en la redes y que la gente pueda ir con las tarjetas de débito", argumentó.

"Cuando uno mira el mediano y largo plazo, todas las tarifas de transacciones con uso de medios de pagos siguen bajando y van a tender a bajar. Es un proceso natural y positivo. Lo que no se le puede exigir a la banca es inmediatez, porque hay inversión en tecnología, ajustes de proceso, y luego alcanzar un volumen proporcional a través de la promoción y el marketing, que no es gratis", añadió el presidente de la gremial, Juan Carlos Chomali.


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