Comisión para la paz: Aparecieron

Recién con el grupo creado por Jorge Batlle se abrió el camino para encontrar a los desaparecidos en dictadura

Pocos reclamos atravesaron hasta hoy a todos los gobiernos desde el retorno de la democracia. Uno de ellos es el de "verdad", al que pronto se le agregó "justicia" sobre lo que pasó en años de la dictadura (1973-1985). Por ello, diferentes gobiernos (hasta ahora tres colorados, uno blanco y tres frenteamplistas) ensayaron distintas fórmulas. Unos profundizaron en la búsqueda de los desaparecidos y otros no.

Con Julio María Sanguinetti en la Presidencia (1985-1990) se liberó a los tupamaros que en guerrilla atentaron contra la democracia, y luego la ciudadanía, en una discutida ley, decidió apoyar en las urnas una amnistía a los militares golpistas. La misma ciudadanía también pidió saber qué había pasado con los desaparecidos, entre los cuales había niños, pero sobre ese punto no se avanzó tanto o se avanzó bastante más lento.

Con Luis Alberto Lacalle en el Poder Ejecutivo (1990-1995) no hubo reclamos y no se investigó el pasado. Volvió Sanguinetti (1995-2000) y el senador Rafael Michelini replanteó el tema de los desaparecidos. Allí empezaron las marchas del silencio, y ya fueron 21.

Recién con Jorge Batlle (2000-2005) se apretó el acelerador al crear la Comisión para la Paz. El presidente anunció que ese grupo trabajaría con "absoluta libertad y confidencialidad", y recibió 299 denuncias para investigar.

Unos meses antes, en su primer discurso ante el Parlamento, Batlle habló de la responsabilidad de "sellar para siempre la paz entre los uruguayos".

La comisión estaba presidida por el arzobispo de Montevideo, Nicolás Cotugno, quien incluso viajó al Vaticano para hablar del tema con el papa Juan Pablo II. También la integraron Gonzalo Fernández, por el Frente Amplio, y Carlos Ramela, asesor de Jorge Batlle; Claudio Williman, por el Partido Nacional, el cura jesuita Luis Pérez Aguirre y el sindicalista José D'Elía. La Comisión para la Paz marcó un antes y un después en la búsqueda de desaparecidos.

En el primer mes del gobierno de Batlle se encontró a Macarena Gelman, nieta del poeta argentino Juan Gelman e hija de padres desaparecidos –su madre aún es buscada–, que había nacido en cautiverio. El otro caso emblemático, ya con la Comisión para la Paz funcionando a pleno, fue el de Simón Riquelo. Un examen de ADN confirmó en marzo de 2002 que un joven argentino llamado Aníbal era Simón, el bebé que le habían robado a Sara Méndez.

Al terminar su trabajo, la comisión redactó su documento final en el que detalló la tarea realizada y cuestionó el accionar de la dictadura cívico militar. Aclaró que los desaparecidos fueron asesinados luego de que la guerrilla izquierdista ya había sido derrotada.

"Desde la tortura, la detención ilegítima en centros clandestinos, hasta llegar a los casos más graves de desaparición forzada, se constata la actuación de agentes estatales que, en ejercicio de su función pública, obraron al margen de la ley y emplearon métodos represivos ilegales", afirmó la comisión en el documento que entregó en mano al presidente Batlle.

Con el tiempo avanzaron las investigaciones judiciales que terminaron enviando a prisión al exdictador Juan María Bordaberry (hoy fallecido) y a su canciller, Juan Carlos Blanco, quien actualmente deambula por la base de la Guardia Republicana.

A la cárcel de 18 celdas en Domingo Arena, especialmente construida para militares, fueron a parar Gilberto Vázquez, Ernesto Ramas, Ricardo Arab, Luis Maurente, José Gavazzo, Jorge Silveira, Juan Carlos Larcebeau, y los policías Ricardo Medina y José Sande. Sus nombres estaban en todas las acusaciones de violaciones a los derechos humanos. También fue preso Gregorio Álvarez, símbolo de la dictadura. "¿Y cuál es el delito?", preguntó el exdictador militar al personal de Interpol que fue a detenerlo a casa de su sobrino. "Tenemos orden de arrestarlo", dijo el oficial a cargo. Álvarez, ya en su ocaso, no discutió.

Tras su aprehensión hubo un festejo de militantes de izquierda en plaza Libertad, el mismo lugar al que continúan yendo los familiares de desaparecidos con fotos y pancartas para reclamar por ellos.

En 2005 llegó el Frente Amplio al sillón presidencial de la mano de Tabaré Vázquez, quien ordenó la entrada a los cuarteles en busca de restos. Antes de empezar a gobernar, en febrero de ese año, la designada ministra de Defensa, Susana Berruti, aseguró que no habría tregua en esa investigación. Vázquez estaba decidido a continuar el camino iniciado por Batlle.

En libertad seguía el coronel Manuel Cordero, otro de los duros de la dictadura, que fue atrapado en 2007 en la ciudad de Livramento, en Brasil, y hoy cumple prisión domiciliaria.

En su oratoria del 1o de marzo de 2005 Vázquez dijo que era "imperioso saldar cuanto antes y de la mejor manera esta rémora del pasado".

Meses después de asumir, vio los resultados de las excavaciones al ser hallados los primeros cuerpos de desaparecidos: Ubagesner Chaves Sosa (en una chacra en las afueras de Pando) y Fernando Miranda (en el Batallón n.o 13 del Ejército). Hoy la búsqueda continúa.

Esta nota forma parte de la publicación especial de El Observador por sus 25 años.


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