Opinión > OPINIÓN/ MIGUEL ARREGUI

Cómo desplumar a la gallina sin matarla

El gobierno tapa agujeros hasta que una reactivación económica produzca más recaudación
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04 de febrero de 2017 a las 05:00
El Estado uruguayo padece un creciente déficit fiscal, que saltó de 0,9% del producto bruto en 2011 a 4% el año pasado: más de 2.000 millones de dólares. Hay déficit fiscal cuando lo que gasta el gobierno (salarios, costos de funcionamiento, inversiones y pago de deudas e intereses) supera lo que recauda por impuestos, tasas y ganancias de las empresas públicas. Desde la apertura democrática en 1985 sólo hubo superávit fiscal una vez (1992) y déficit los 31 años restantes, los más graves en 1985, 1989 y 2016, en ese orden.

Para tapar sus agujeros, los gobiernos tienen más o menos las mismas opciones que una familia: aumentar ingresos (más impuestos, mejor recaudación), reducir gastos, contraer más deudas o una combinación de todo eso.

Los gobiernos tienen otra opción con la que no cuentan las familias: recaudar por inflación. En este caso, que se parece a una estafa, cubren el déficit imprimiendo dinero nuevo con el que pagan a funcionarios, pasivos y proveedores.

Como ocurre con cualquier bien, un aumento de la cantidad de moneda reduce su valor. Ese papel sin respaldo genera una subida de precios constante que actúa como un impuesto bastardo, pues nadie lo votó, y que recauda entre los más humildes, que tienen ingresos fijos que se actualizan esporádicamente. Las empresas y los más pudientes pueden actualizar sus precios e ingresos con mayor facilidad.

El "impuesto inflacionario" se utilizó profusamente en Uruguay desde mediados de la década de 1930, aunque con particular alevosía entre fines de la década de 1940 y la década de 1980. Cada récord de inflación fue antecedido por grandes déficits, casi siempre producidos en un año electoral, cuando se gasta más de la cuenta.

Los controles de precios apenas produjeron corrupción y escasez, pues nadie trabaja para vender por debajo del costo. En ese entonces se hablaba con ligereza de keynesianismo, como un estímulo mágico; pero en realidad, como no eran ahorros genuinos volcados a la actividad sino papel impreso, sólo se produjo "estanflación": estancamiento con inflación que duró décadas.

Los desastres de esa era son bien conocidos. Si fuera tan sencillo como emitir moneda, no habría pobreza en el mundo.

Hubo varios intentos estabilizadores que fracasaron por falta de convicción, por oportunismo, por errores técnicos o arrastre internacional. Recién en 1990, cuando el IPC trepó 129%, se inició una disciplina monetaria –y se mantuvo por años– que llevó la inflación a un dígito en 1998. Desde entonces nadie juega demasiado con la moneda en Uruguay, salvo en pequeña escala.

Para cubrir el déficit el gobierno de Tabaré Vázquez recurrió a un ajuste fiscal, a la postergación de gastos, a un poco más de inflación y a más deuda pública.

Los papeles que emite el gobierno uruguayo recuperaron en 2012 el "grado inversor" que habían perdido en 2002, y quedaron más o menos al nivel de los de Chile, Perú o Colombia. Carecer del "grado inversor" que otorgan las calificadoras de riesgo, firmas como Standard & Poor's, Moody's y Fitch, que mal o bien miden la capacidad y voluntad de pago de gobiernos y empresas, obliga a pagar más intereses por la deuda, como les ocurre a Argentina y Brasil.

Pero la deuda pública bruta uruguaya como porcentaje del producto, que aumentó mucho desde 2014-2015, es una de las más altas de América Latina, por detrás de Brasil. Cada año se destinan cerca de 3.000 millones de dólares al pago de intereses y amortizaciones, una suma superior a la que se invierte en enseñanza, por ejemplo. Si no se reduce el déficit fiscal y la toma de deudas, peligra el grado inversor, según ya advirtieron las calificadoras.

Y se avecina una nueva discusión del presupuesto o "rendición de cuentas", una etapa en que las tendencias a aumentar gastos (no se habla de gastar mejor) son casi irrefrenables. Algunos sectores de la izquierda proponen más impuestos y menos exoneraciones fiscales a las empresas, en tanto el Poder Ejecutivo cree que la presión fiscal ya es muy alta, y que más carga estimulará la evasión y hará que más empresas y personas dejen de trabajar.

El gobierno está jugado a que la finlandesa UPM construya otra gran fábrica de celulosa. Sería una inversión muy grande para el tamaño de la economía uruguaya, con efectos benéficos en cadena. Y hay algunas buenas noticias.

La temporada turística es extraordinaria, gracias a un tipo de cambio favorable con los vecinos. La economía uruguaya también da muestras de vitalidad, empujada por las exportaciones. A mayor actividad económica, mayor recaudación. Y en algún momento las economías de Brasil y Argentina resucitarán.

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