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Cómo juega opinión de Vázquez cuando el FA no logra acuerdo por abuso de funciones
El Frente Amplio no logra acuerdo sobre qué hacer con el abuso de funciones. La Mesa Política analizó durante varias semanas el asunto y, ante la imposibilidad de lograr un acuerdo, devolvió el asunto a la bancada de Diputados. En la cámara baja no cuentan con los votos para aprobar el proyecto sancionado por el Senado que deroga el delito.
Hasta este lunes el presidente Tabaré Vázquez no había participado de la polémica. Durante el Consejo de Ministros abierto realizado en la localidad de 19 de Abril, Rocha, el mandatario aseguró que la ley necesita modificaciones. "Es una ley que hay que ajustar y que hay que lograrlo a través de un acuerdo multipartidario", señaló.
¿Cómo incide esta declaración en la interna frenteamplista?
Su postura marca una diferencia con lo que plantean en especial dos agrupaciones con peso dentro del Frente Amplio, el Movimiento de Participación Popular (MPP) y la lista 711, que buscan derogarla. En el Senado, todos los sectores del FA con representación votaron por la derogación, pero en Diputados aún no hay votos. El legislador Óscar de los Santos aseguró el viernes pasado que no votará ningún proyecto. Incluso descartó hacerlo si se impone la disciplina partidaria para obligarlo.
Para el presidente se trata de un "tema complicado", por lo que esas modificaciones deberán surgir de un acuerdo político entre los diferentes partidos en el Parlamento.
"El problema que tiene esa ley es que es inespecífica, muy abarcativa y no configura un delito preciso. Por eso en esa bolsa puede caber desde un estornudo mal hecho hasta lo que se pueda pensar. Es una ley que necesita ajustes (...) pero ahora no es el Ejecutivo el que debe opinar", afirmó.
Según dijo a radio Carve el dirigente del Partido Independiente Pablo Mieres, "derogar el delito es darle a la ciudadanía la convicción de que los políticos quieren taparse entre ellos y tener impunidad". En tanto, el senador por el Partido Colorado José Amorín afirmó que el delito debe seguir vigente. "Cuando la corrupción está creciendo es obvio que no tenemos que eliminar delitos", dijo a radio Monte Carlo, y puso como ejemplo la renuncia a la vicepresidencia de Raúl Sendic. A su entender, modificar el delito sería en los hechos derogarlo, ya que quienes fueron imputados por ese artículo quedarían sin procesamiento.
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El delito de abuso de funciones, por el que fueron condenados, entre otros, el expresidente del Banco República Fernando Calloia, el exministro de Economía Fernando Lorenzo –ambos frenteamplistas– y el exintendente nacionalista de Colonia Walter Zimmer, establece: "El funcionario público que, con abuso de su cargo, cometiere u ordenare cualquier acto arbitrario en perjuicio de la Administración o de los particulares, que no se hallare especialmente previsto en las disposiciones del Código o de las leyes especiales, será castigado con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría, inhabilitación especial de dos a cuatro años y multa de 10 UR (diez unidades reajustables) a 3.000 UR (tres mil unidades reajustables)".
Pese a que el proyecto para derogar ese delito del Código Penal obtuvo los votos en el Senado, su eliminación enfrenta resistencia también entre los diputados de la coalición de izquierda.
La inicativa tampoco hace eco en la población. Según una encuesta de Opción Consultores, divulgada por Telenoche, el 70% de los uruguayos está en contra de derogar esa ley. El porcentaje aumenta si se analiza según el partido de los encuestados. Así, mientras dentro del Frente Amplio el 52% está en contra de eliminar esa norma, en el Partido Nacional es el 89% y entre el Partido Colorado el 90%.
