Cómo Moscú usa a Interpol para perseguir a sus enemigos

Enfrentado a un juicio en Rusia por el robo de un dibujo de arte callejero valuado en US$ 1,55, Nikita Kulachenkov, un contador forense ruso involucrado en actividades anticorrupción, huyó a Lituania para evitar lo que decidió que era una batalla perdida contra cargos inventados.

De lo que no se dio cuenta fue de que el alcance de Rusia en estos días se extiende mucho más allá de sus fronteras. Al llegar a Chipre procedente de Lituania en enero para unirse a su madre para unas vacaciones, Kulachenkov fue detenido en el mostrador de control de pasaportes, interrogado durante horas por funcionarios de inmigración y luego llevado esposado a un centro de detención policial.

"Me dijeron que había un problema con Rusia y me estuvieron preguntando insistentemente qué delito había cometido", recordó Kulachenkov. Los agentes de inmigración y policiales chipriotas parecían tan desconcertados como él, dijo, por una nota que aparecía en sus computadoras que lo describía como un criminal buscado que requería el arresto inmediato.

El aviso de búsqueda había sido puesto ahí en agosto del año pasado por Rusia, donde el robo de millones de dólares por parte de las personas con conexiones políticas queda en su mayor parte sin castigo, pero el supuesto robo de un dibujo casi sin valor, obra de un barrendero callejero, ha sido el centro de una prolongada investigación que involucra a algunos de los funcionarios judiciales de más alto nivel del país.

La demanda de arresto, conocida como "difusión", había llegado a Chipre y otros 50 países a través de la organización policial internacional, Interpol. No había sido avalada por Interpol, que tiene "estrictamente prohibido" por su Constitución participar en cualquier acción de "carácter político", pero sin embargo etiquetó al activista anticorrupción de 34 años de edad como un criminal en las bases de datos de todo el mundo.

Decidido a castigar a sus oponentes nacionales que huyen al extranjero, así como a los no rusos cuyas vidas y finanzas quiere perturbar, Moscú ha desarrollado una estrategia compleja y bien financiada en los últimos años usando –sus críticos dicen que abusando de– los tribunales y sistemas judiciales extranjeros para ir tras sus enemigos.

Algunos países, incluido Rusia, "trabajan realmente duro para conseguir alertas de Interpol" contra sus enemigos políticos, dijo Jago Russell, director ejecutivo de Juicios Justos Internacional, un grupo defensor de los derechos humanos en Londres, porque "esto ayuda a dar credibilidad a su propia fiscalía y socava la reputación de los acusados".

"También es potencialmente una buena amenaza que pueden usar contra la gente que sigue en el país: 'Podrías irte, pero no supongas que vas a estar a salvo'", añadió.

Los esfuerzos a menudo fracasan al final, pero han tenido éxito en amarrar a sus blancos con nudos legales durante meses y años.

Con sede en Lyon, Francia, y conformada por 190 países, Interpol define su papel como el de facilitar que "las policías alrededor del mundo trabajen juntas para hacer al mundo un lugar más seguro". A menudo lo ha hecho, permitiendo a las fuerzas policiales compartir información sobre el paradero de jefes de la mafia, asesinos y otros criminales, y para asegurar su arresto.

Pero la pertenencia a Interpol de naciones como Rusia, Irán y Zimbabue, que rutinariamente usan a sus sistemas de Justicia para perseguir a enemigos políticos, ha despertado preocupaciones de que las alertas de búsqueda puedan ser fácilmente usadas de manera incorrecta. En setiembre, la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos, del Congreso de Estados Unidos, escuchó una letanía de quejas sobre el abuso de expertos y víctimas de las alertas de Interpol durante una discusión sobre cómo reformar el sistema de las llamadas alertas rojas de la organización policial.

Interpol emite esas alertas, que representan una orden de arresto internacional, a solicitud de un país miembro que busca ayuda para atrapar a un fugitivo que huyó al extranjero. El sistema computacional de Interpol también hace circular difusiones como la emitida contra Kulachenkov. Estas son menos formales que las alertas rojas, pero también son usadas para solicitar el arresto o ubicación, o información, de un individuo en relación con una investigación policial.

Como resultado de una "difusión", Kulachenkov pasó casi tres semanas en una cárcel chipriota mientras las autoridades de ese país revisaban una solicitud de Moscú para que fuera enviado a Rusia a enfrentar juicio en un caso que incluso el procurador general de Rusia había descartado inicialmente como no digno de procesar.

El dibujo que se le acusa de robar fue hecho por Sergei Sotov, un barrendero y artista callejero que lo había dejado junto con otros ejemplos de su obra colgando de rejas en todo Vladimir, una ciudad al este de Moscú. El barrendero no presentó queja alguna ante la Policía cuando el dibujo despareció, y dijo que le alegraba que a alguien le gustara su trabajo.

Al final, Chipre decidió no extraditar a Kulachenkov después de que Lituania le informó que no tenía historial criminal y se le había concedido asilo político debido a su trabajo en Rusia con Alexei Navalny. Prominente activista anticorrupción y opositor del Kremlin, Navalny mismo ha quedado atrapado en una maraña de casos criminales aparentemente inventados en Moscú, incluido el supuesto robo de arte.

Aguijoneada por las críticas de que su papel en el combate a los delitos reales está siendo secuestrado por regímenes represivos, Interpol ha actuado para fortalecer las salvaguardas contra el abuso, particularmente desde la designación de un nuevo secretario general, Jürgen Stock, a fines de 2014. Russell, de Juicios Justos Internacional, reconoció que el grupo "está tratando de hacer más difícil jugar con el sistema".

Interpol dijo el año pasado que no emitiría avisos de arresto contra personas a las que se les hubiera concedido asilo político u otras formas de estatus de refugiado, aunque esto no ayudó a Kulachenkov cuando viajó a Chipre en enero.

Al preguntarle al respecto, una vocera del Secretariado General de Interpol en Lyon dijo que no podía comentar sobre casos individuales, pero que la política de no tomar como blanco a receptores de asilo político para el arresto funcionaba solo si los países transferían la información sobre a quién se había concedido ese estatus.

En la mayoría de los casos, añadió, "esta información no está disponible para el secretariado general" cuando se emiten alertas rojas o difusiones.

Interpol no da a conocer cifras sobre cuántas alertas rojas u otras alertas de arresto son emitidas a través de su sistema computacional por cada país miembro, pero el número de personas identificadas en las bases de datos de Interpol como sospechosos criminales buscados ha aumentado significativamente en los últimos años. En 2004, Interpol emitió solo 1.924 alertas rojas a solicitud de las naciones miembros. El año pasado emitió 11.492, así como 22.753 difusiones.