Complejo acuerdo final con UPM

Para la empresa Uruguay no es esencial, ya que tiene la opción de llevar la planta a otros países de la región que ya son productores de pasta de celulosa, como Chile, Brasil o Argentina. Se decidirá finalmente por el nuestro solo si obtiene las concesiones que reclama y si el gobierno asegura sólidamente una profunda modernización de infraestructura. El presidente Tabaré Vázquez, en cambio, no tiene la alternativa de encontrar otros inversores. Está jugado a pleno a que la planta se construya, tanto por su incidencia en la actividad económica como por los beneficios políticos que le aportaría al Frente Amplio, en coincidencia con las próximas elecciones.

Es indudable que las negociaciones han avanzado considerablemente. Pero su definición favorable está sujeta a puntos no resueltos y sobre los que la información pública es incompleta. Incluyen concesiones tributarias, cierta garantía de paz laboral que el PIT-CNT es renuente a asegurar y, sobre todo, la certeza de que el gobierno logre que otras empresas extranjeras, mediante concesión de obras, acepten poner a punto el precario sistema ferroviario y los trabajos complementarios en el puerto de Montevideo, puentes y carreteras. Es relativa la importancia de la planta como generadora de empleo, ya que los 4.000 o más puestos que se crearán durante su construcción caerán a alrededor de apenas 500 permanentes cuando entre en funcionamiento.

Pero es innegable el impacto que tendrá en actividad económica y fuente de recaudación para el Estado ya que su producción, que duplicará la de las dos plantas actuales, convertirá a la pasta de celulosa en el mayor rubro de exportación, por encima de la carne, la soja o el turismo. Tanto o más importante es que las obras de infraestructura mejorarán agudamente todo el sistema de transporte de bienes y, en el caso del ferrocarril, eventualmente de pasajeros. Pero todo está por verse. UPM señaló en su comunicado que, luego de los avances logrados, se trabajará ahora en un “acuerdo de inversión”, seguido por un “estudio de preingeniería” y finalmente un “análisis y preparación de una decisión”.

Todo este proceso, que demandará alrededor de dos años, se irá cumpliendo progresivamente según avancen la búsqueda gubernamental de inversores externos en infraestructura y los planes específicos de obras, así como las condiciones que UPM le reclama a la administración Vázquez y que todavía están siendo discutidas. En resumen, las perspectivas parecen favorables a que finalmente el país cuente con una tercera planta de pasta de celulosa, mayor y más moderna que las dos existentes, con un renacido sistema ferroviario y mejoras en otras áreas. Pero nada puede darse por seguro mientras no se llegue al acuerdo final que, de lograrse, llevará todavía bastante tiempo.