Con ataúdes, parcas y cruces negras, las
cooperativas de consumo -entre las que se encuentran Cooperativa Magisterial y Cooperativa Bancaria- se manifestaron este martes frente al Palacio Legislativo para reclamar por las modificaciones realizadas en el Parlamento a la forma de cobro de los
créditos, que señalan como una sentencia de muerte para muchas de las instituciones.
Según explicó el asesor de las cooperativas, Gerardo Montes, se trata de un cambio de reglas sobre la marcha y que desplaza el rol social de las cooperativas, por lo que pone en riesgo la estabilidad de las instituciones que funcionan desde hace varios años.
Según dijo Montes, el problema está en que, en el marco de la
ley de inclusión financiera, los cambios que se pretenden no respetan la antigüedad de las instituciones, y cooperativas con más de 100 años de historia podrían quedarse sin la posibilidad jurídica de cobrar los créditos otorgados a los socios, lo que termina generando que haya concentración de recursos en pocas organizaciones.
Además, Montes señaló que los cambios planteados atentan "contra las fuentes de empleo y ponen en riesgo 3.600 puestos de trabajo".
Aseguró que no se evaluó el impacto económico que podía tener ese cambio y que mantendrán reuniones con legisladores para ver la posibilidad de modificar esa disposición. "Pedimos una instancia de reflexión en el Senado. Estamos de acuerdo con que se diversifique el acto cooperativo, pero se tiene que dar garantías a las cooperativas de que cuando mandan una retención, se pueda efectivizar", señaló Montes.
Por otra parte, los cambios en la normativa pusieron tope a lo que se puede retener a los trabajadores, que pasa del 30% al 50%.