CON BUENA NOTA

Así lo divulgó también nuestro Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en su comunicado del pasado lunes 16 de marzo, destacando que el Foro “aprobó por unanimidad el informe técnico referido al caso uruguayo correspondiente a la Fase 2”, lo que “refleja el compromiso de nuestro Estado en materia de transparencia y cooperación tributaria”.

¿Pero qué significa realmente este nuevo informe publicado por el Foro de Transparencia?

Atrás quedaron los días en los que nuestro país sufrió el escarnio internacional, primero al ser incluido en la lista negra –más tarde gris– de países no cooperantes en materia tributaria, y luego al no haber podido avanzar en un primer intento la Fase 1 del Peer Review del Foro Global, por carecer de un sistema preciso para identificar los titulares de algunos tipos de sociedades y no haber suscrito acuerdos de intercambio de información con sus principales socios comerciales, en particular Argentina y Brasil.

Hoy, la OCDE y el Foro de Transparencia reconocen con contundencia el esfuerzo hecho por Uruguay en un informe casi limpio, en el que lo califican como “mayormente cumplidor”, y le dan varias palmadas en la espalda.

Somos consistentes en defender, una vez más y como hicimos desde el año en que Uruguay fue incluido en la lista negra, la importancia de mantener una estrategia alineada a los estándares internacionales en materia tributaria, sin perder energías en juzgar éticamente las pretensiones de los países desarrollados, sino adecuándonos con inteligencia y realismo a sus presiones, que existieron a lo largo de toda la historia de la humanidad. Los pocos países que intentaron contrariar estas corrientes, o bien tienen una notoria diferencia en poder de negociación –caso de Panamá, con sus apetitosos contratos por el Canal y una influyente colectividad de negocios colombiana que defiende sus intereses en el pequeño país presionando a su propio gobierno, situación muy distinta a la nuestra con Argentina–, o bien han tenido que aceptar las invectivas de los países centrales más temprano que tarde, en general llamando más la atención en su propio perjuicio y sin beneficios claros para su industria financiera –caso de Suiza, que ya ha adherido al compromiso de intercambio automático de información, luego de amenazar con no hacerlo–.

Claro que, sin dejar de destacar el buen trabajo realizado en la materia y celebrar la buena nueva, es preciso anticiparse a los problemas futuros que deberá aún enfrentar nuestro país en el futuro:

¿Se verá Uruguay obligado a intercambiar información con el fisco argentino de forma retroactiva?

El informe de la Fase 2 del Peer Review relata la diferente interpretación que Uruguay ha sostenido en cuanto a la retroactividad de la aplicación del Tratado de Intercambio de Información suscrito con Argentina. Mientras que Argentina entiende que aunque la información no esté “viva” al momento de entrada en vigencia del Tratado –FECHA-, la información debe intercambiarse por ser relevante para determinar impuestos generados a partir de esa misma vigencia, Uruguay adoptó progresivamente dos posturas en contra. La primera, más agresiva, sostiene que la retroactividad va en contra de los antecedentes de la aprobación legislativa del Acuerdo en Uruguay. Esto, como dijimos en oportunidad de concurrir al Parlamento a informar a propósito del Acuerdo, no supone un argumento válido de acuerdo con las reglas de interpretación del Derecho Internacional Público, pues no puede oponerse a la contraparte de una acuerdo internacional una interpretación unilateral no consensuada. La segunda, que el propio Foro considera más flexible, es que la información solo puede intercambiarse si está “viva” al momento de entrada en vigencia del acuerdo. Para verlo gráficamente: si hablamos de una cuenta bancaria, debe seguir abierta en el sistema bancario uruguayo para la fecha de entrada en vigencia del acuerdo, pero si se cerró antes, no debe implicar intercambio.

Sobre este punto, si bien el Foro comparte la interpretación de Argentina y cuestiona las múltiples negativas concretas del Fisco uruguayo, creemos que en el actual marco de relaciones bilaterales con Argentina y con una reputación reconocida por el informe, el poder de negociación de Uruguay se ha fortalecido y el tiempo solo es beneficioso. El problema, a fin de cuentas, tiende a disminuir por el mero transcurso de tiempo, pues el acuerdo suma años de vigencia y los casos prácticos tienden a disminuir. Es más, la postura uruguaya es una garantía de estabilidad de cara al inversor argentino.

¿Deberá Uruguay modificar su normativa de secreto bancario?

El Foro también cuestiona que no haya excepciones a la notificación previa al contribuyente al levantamiento del secreto bancario, por ejemplo en caso de urgencia o cuando el aviso puede frustrar la medida. Es un asunto muy sensible, primero porque toca la tradición de Uruguay en torno al secreto y pone sobre la mesa el debate sobre la intimidad y las garantías jurisdiccionales en un país muy celoso del Estado de Derecho. Pero además, reaviva una regulación cuya última modificación fue consensuada entre el partido de Gobierno y parte de la oposición, generando un problema de tipo político.

Sí entendemos que éste será el gran desafío de nuestro país en el plano tributario internacional en los próximos años. No solo por la modificación de la actual normativa de secreto para incluir excepciones a la notificación previa, sino también por el compromiso asumido el año pasado de alcanzar el intercambio automático de información fiscal, que no implica en ningún caso una notificación previa, para el año 2018, tal como destacó el exministro de Economía Mario Bergara en entrevista concedida especialmente a Consultor Tributario en diciembre pasado.

Claro que en un mundo tan dinámico, el tiempo vale y mucho, y Uruguay, ahora más que nunca, corre con ventaja luego de haber revalidado su reputación tributaria internacional.