Con el blanqueo, Macri quiere dar inicio a su fase "keynesiana"

Una de las frases preferidas de Cristina Kirchner, cada vez que recibía críticas por el exceso de gasto público, era que "como los privados no quieren poner la plata para invertir, la tiene que poner el Estado". Una manera muy particular de interpretar el principio contracíclico del keynesianismo, pero que le permitió sostener el nivel de actividad relativamente estable hasta el final de su mandato.
Claro, para la mayoría de los economistas la causalidad era exactamente la opuesta: afirmaban que si los privados habían reducido la tasa de inversión a niveles del 17% del PIB (después de un pico de 24% en 2004) era, precisamente porque en su afán de invertir, el Estado ejercía una presión impositiva asfixiante y un intervencionismo intimidante.

Lo paradójico, en esta de Argentina tan dada a las paradojas, es que el gobierno macrista, presuntamente en las antípodas del pensamiento económico que inspiraba al kirchnerismo, está repitiendo, con otras palabras, el mismo argumento.
Hace pocos días el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, advirtió a los empresarios argentinos que si siguen mostrando reticencia a acelerar la inversión perderán la oportunidad porque "si no viene de adentro, va a venir de afuera".

"Algunos empresarios se equivocan cuando esperan que uno resuelva hasta el último renglón de su lista de preocupaciones para invertir. En cualquier lugar del mundo el empresariado toma riesgos porque ve una oportunidad. Acá falta eso", cuestionó el funcionario.

Pero como los funcionarios tienen en claro que no alcanza con quejarse del sector privado, a un mes del anunciadísimo punto de inflexión del segundo semestre, asumieron que debe ser el Estado quien lidere la recuperación económica dado que los privados –como se quejaba Cristina Kirchner– "no quieren poner la plata".

El plan, entonces, tiene cierto aire kirchnerista pero en un contexto de mayor libertad económica, ya sin cepo cambiario, sin el peso del default de la deuda y sin el lastre del retraso tarifario.
Por lo pronto el objetivo es reactivar la obra pública. Con los US$ 4.000 millones que se lleva gastado en el año, el gobierno recién se arrimó a un 22% de lo que la gestión kirchnerista erogó por este rubro durante el año pasado.
Es lo que se está por revertir. Un funcionario relataba que, a diferencia de lo que ocurría en las primeras semanas de gestión, cuando la orden era "pisar" todos los pagos a proveedores y contratistas para extremar el cuidado fiscal, ahora la consigna es la opuesta. Prat Gay ordenó agilizar la ejecución de las partidas presupuestarias y no quiere que quede un peso por gastar en materia de obra pública.

Los datos que trascendieron apuntan a que para el segundo semestre, el nivel de inversión en infraestructura ascenderá a unos US$ 8.500 millones. Los consultores privados creen que, de esta forma, sobre fin de año ya se podrán mostrar números positivos en términos de actividad económica.
"En este sentido, esperamos un tercer trimestre con indicadores mixtos y un repunte recién en el último trimestre del año por recomposición de la demanda, de la obra pública y del sector agrícola", pronostica el influyente Orlando Ferreres, quien acaba de medir una contracción de 4,9% del PBI en abril.

Fichas al consumo

Pero ningún plan "keynesiano" se completa sin un aliciente al consumo. No solo es bueno para la economía, sino que también tiene su impacto político, porque como saben todos los gurúes de campaña electoral, en Argentina el buen humor del consumidor se traduce en votos, y las legislativas de 2017 no están tan lejos.

Ha sido el rubro que más sufrió en estos primeros meses por el rigor del tarifazo y porque las paritarias no han logrado empardar la inflación. Y es ahí donde juega su rol la "reparación histórica a los jubilados" que contaba con fallos firmes de la justicia para cobrar incrementos mayores a los fijados durante la gestión K. El monto total a pagar, si se asume que los juicios aún en trámite tendrán sentencia favorable, podría llegar a US$ 20.000 millones de los cuales la cuarta parte se pagaría de inmediato y en efectivo. Como saben todos los economistas, si hay un sector de la sociedad que está propenso a transformar todos sus recursos en consumo y limitar sus ahorros a un nivel mínimo, ese es el de los jubilados.

¿Quién paga?

La pregunta, como siempre, es cómo se financiará el plan reactivador. Y hay dos respuestas: la oficial es que se hará con los mayores ingresos disponibles por el blanqueo de capitales y por la llegada de inversiones externas, pero la extraoficial apunta a un relajamiento en el objetivo fiscal.
En cuanto al blanqueo, está por verse el grado de éxito de la iniciativa. Son días de entusiasmo y hasta de euforia entre los funcionarios del equipo económico, que desde la liberación del cepo se vienen anotando victorias. Eso lleva a pensar que la meta deslizada por Prat Gay de unos
US$ 60.000 millones tal vez no suene tan disparatada como pareció en un comienzo, cuando el mercado recordó el desastroso final del plan Cedin lanzado por Cristina Kirchner en plena escasez de divisas.

Y lo cierto es que hay varios factores que diferencian el momento actual de los intentos de blanqueo realizados por los funcionarios K. Ahora, con un gobierno recién asumido, el marco de confianza es más alto. Pero por si eso no alcanzara, el implacable calendario del acuerdo internacional de la OCDE marca para 2017 el fin del secreto bancario tal como lo conocemos.

De manera que, tras haber visto el keynesianismo en versión K, ahora los argentinos se aprestan a ser espectadores de la versión macrista. Pero los economistas que miran con lupa los números fiscales dejan oír sus quejas. Como Gabril Caamaño Gómez, de la consultora Ledesma, para quien el blanqueo no es más que "un parche".

"Pero en el mediano-largo plazo ese nivel de déficit fiscal sigue siendo insostenible y, mucho más importante, contraproducente desde el punto de vista del desempeño macroeconómico", completa Caamaño, quien no duda en que el verdadero motivo tras esta política es una imposición de la visión cortoplacistas dentro del equipo económico.

El consultor Salvador Di Stefano afirma que si a los US$ 17.000 millones de déficit primario –diferencia entre ingresos y egresos– se le suman los US$ 9.000 millones de intereses y otro rubro que el gobierno omite de US$ 12.000 millones por asistencia que el Banco Central y la Anses le hacen al Tesoro, entonces el rojo alcanza nada menos que el 8,7% del PIB. En el gobierno están convencidos de que la cuota de malas noticias está cubierta por ahora. Llegó el tiempo de empezar a repartir.