Con paz pendiente, Santos está obligado a ordenar la economía

Casi tanto como la paz, Colombia necesita con urgencia una reforma tributaria para aliviar el creciente déficit fiscal generado por la prolongada caída del precio del petróleo.

Tras meses de demora, el gobierno colombiano presentó la semana pasada un proyecto de reforma "estructural" que aumenta la recaudación en US$ 2.400 millones (un 0,8% del PIB) para 2017, a la vez que, según el oficialismo, "protege el bolsillo" de los colombianos más desfavorecidos.

El proyecto contempla un aumento del IVA del 16% al 19% (con excepción de los productos de la canasta básica), suma 500.000 contribuyentes rebajando el umbral para empezar a declarar ingresos (de US$ 1.165 a US$ 942, más de cuatro salarios mínimos), crea nuevos impuestos a los dividendos y rebaja los tributos a las empresas para mejorar la competitividad.

Aunque propone por primera vez cárcel de hasta nueve años para la evasión de impuestos –delito que le supone al gobierno una pérdida anual de entre un 3% y un 4% del PIB–, el texto no prevé más recursos para la fiscalización.

"La reforma es absolutamente necesaria. La estructura tributaria colombiana es ineficiente, inequitativa y recauda menos que el promedio de América Latina. Además, descansa sobre los altos precios del petróleo", resumió el economista César Ferrari.

Pero los detractores, que acusan al gobierno de no haberse preparado para la caída de los precios de las materias primas, consideran que la propuesta carga a los más pobres y prolonga la desigualdad crónica de Colombia.

El gobierno, azotado por un déficit fiscal de casi 4%, una inflación acumulada de 5,25% y una rebaja en la previsión de crecimiento del 3% al 2,5% para 2016, esperaba la victoria del 'Sí' al acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para recibir millonarias inversiones, préstamos a bajo interés de instituciones financieras y ayuda internacional para financiar el costoso posconflicto, algo que por ahora quedó congelado.

El Congreso colombiano empezará en los próximos días a debatir la propuesta y debería aprobarla antes de fin de año, en medio de un ambiente caldeado tras el reciente rechazo en las urnas al acuerdo de paz firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC.

Aunque cuenta con una holgada mayoría en ambas cámaras, Santos no la tendrá fácil. Su desgaste político tras el revés en el plebiscito, voces discordantes en su coalición y la feroz oposición del revitalizado líder del 'No' al acuerdo, el senador y expresidente Álvaro Uribe, podrían complicar su aprobación.

"El uribismo no quiere que se apruebe, porque eso hace más difícil el manejo del país. Si entramos al año que viene sin reforma, la situación política y económica se complica, y a río revuelto ganancia de pescadores, cuando faltará poco para las presidenciales de 2018", advierte Ferrari, profesor de la Universidad Javeriana.

Para Mario Valencia, vocero de Justicia Tributaria, una red de economistas expertos en el tema, Colombia "necesita una reforma tributaria para que los más ricos paguen más". "La propuesta perjudica a trabajadores y consumidores de ingresos más bajos y beneficia a las grandes empresas, pues les mantiene los beneficios tributarios que generan hueco fiscal todos los años", advirtió.

En el fondo, la reforma busca satisfacer las demandas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a la que Colombia está a punto de entrar, y de las grandes agencias de calificación de Estados Unidos, que advirtieron que podrían rebajarle la nota, una decisión que encarecería el futuro endeudamiento.