Con votos oficialistas, Maldonado aprobó expropiaciones y se expone a juicio

Los propietarios recurrirán la anuencia de la Junta y prevén demandar por US$ 100 millones
Con los votos de los 16 ediles oficialistas, la Junta de Maldonado aprobó ayer la expropiación de dos padrones frente al aeropuerto El Jagüel, a donde pretende realojar a unas 600 familias del asentamiento Kennedy. Así, la comuna fernandina podría llegar a enfrentar juicios de más de US$ 100 millones.

En una sesión con "momentos picantes", la bancada del Partido Nacional -que responde al intendente Enrique Antía- decidió dar su apoyo debido al "objetivo final de la expropiación, que es terminar con un tema que tiene 50 años en Maldonado; la conveniencia del lugar elegido y la legalidad del procedimiento", afirmó a El Observador el edil nacionalista, Rodrigo Blas.

La barra estuvo llena y fueron varios los vecinos que se manifestaron a favor. ""El barrio Kennedy aguanta solo su propuesta intendente Antia, otra no", decía una de las pancartas. También hubo presentes que se manifestaron en contra, ya que prefieren que la comuna lleve los servicios al lugar en el que residen desde hace 50 años.

La comuna pagará unos U$S 5 millones por esos terrenos, para lo que ya cuenta con la aprobación judicial para hacer una toma urgente de posesión. Los dueños de los terrenos consideran que la cifra no es suficiente, ya que el valor de mercado ronda los US$ 30 millones y se disponen en primer lugar a recurrir la aprobación de la expropiación para luego entablar un juicio millonario contra la Intendencia de Maldonado.

Los propietarios de los bienes expropiados consideran, además, que la expropiación es ilegal, por ir en contra del plan de ordenamiento territorial aprobado en 2013 para el Eje Aparicio Saravia. Así, según se expresa en una carta enviada por los propietarios a la Comisión de Hacienda de la Junta de Maldonado, la expropiación "está viciada de nulidad". Se trata además de una acción "ilícita, contraria a las normas vigentes y susceptible de hacer incurrir en responsabilidad al gobierno departamento".

"La Justicia uruguaya no conoce un juicio contra una expropiación que haya tenido éxito. Tienen todo el derecho de hacer las demandas que se les ocurran, de ahí a que sean exitosas...", afirmó el edil nacionalista.

Blas dijo por otra parte a El Observador que la bancada nacionalista considera que la expropiación es un doble beneficio para la comuna: social, ya que se termina con el asentamiento, y económico porque se pondrá en valor los terrenos que ocupa el asentamiento y que tienen un mayor valor de mercado que los expropiados.

Tanto los ediles frenteamplistas como los colorados se opusieron al pedido de la intendencia. El coordinador de la bancada del Frente Amplio, Andrés De León, afirmó a El Observador que se trata de "un capricho del intendete Antía". Según afirmó, votar la expropiación sería desconocer un plan de ordenamiento territorial realizado en la administración del frenteamplista Óscar de los Santos (2010-2015) y que "cambia las reglas del juego a inversores". "Estamos de acuerdo con la solución de fondo pero la decisión puede generar juicios innecesarios", agregó De León.


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