Concesión empresarial con plazo

El sector empresarial logró que Uruguay quede por fuera de la lista negra de la OIT, pero si el PIT-CNT mantiene su intransigencia y el gobierno no actua, todo será en vano
El sector empresarial accedió a que Uruguay quede por ahora fuera de la lista negra de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Pero puede ser apenas una nueva postergación de esa condena, ya que la concesión de las cámaras está condicionada a que tanto el gobierno como el PIT-CNT cumplan un nuevo fallo que emitirá la OIT en vez de ignorar el anterior, como han hecho hasta ahora. La posición que acaba de reafirmar la central sindical crea incertidumbre en que la controversia por las ocupaciones pueda solucionarse definitivamente. El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, reiteró que "es inaplicable" la posición de la OIT de que las ocupaciones solo son permisibles si se respeta el derecho de los trabajadores que quieran seguir cumpliendo sus tareas y de los directivos de las empresas a ingresar a las instalaciones tomadas por un sindicato. Lo que es "inaplicable" es la posición sindical de no respetar la libertad de trabajo, cosa que solo se consigue con las ocupaciones y por eso es rechazada por la OIT.

Si la OIT reitera sus previas conclusiones, el PIT-CNT mantiene su intransigencia y el gobierno no actúa, el tema volverá a foja cero y la protesta de las cámaras empresariales seguirá su curso hacia el epílogo previsible de que el organismo mundial incluya a Uruguay en el bochorno de su lista negra, que individualiza a países con regímenes laborales inaceptables. Lo único que se logró ahora fue patear el tema hacia adelante. En una reunión del ministro de Trabajo, Ernesto Murro, los presidentes de las cámaras de Industria y de Comercio y dirigentes del PIT-CNT, el sector empresarial aceptó pedir a la OIT que no ponga al país en ese listado en su próxima reunión el 5 de junio.

El "acuerdo provisorio" anunciado por Murro se logró después que el ministro se comprometió a que técnicos de la OIT vuelvan a estudiar el caso uruguayo y emitir un veredicto. Si el organismo repite las recomendaciones que hizo años atrás, después de la queja formal de los empresarios en 2011, se plantea la incógnita de si el PIT-CNT las obedecerá o mantendrá la intransigencia que acaba de confirmar Pereira. En este último caso solo se revivirá la condena a Uruguay, que por ahora queda en período de hibernación latente. En la reunión se debatió también la negociación tripartita de los convenios, que el gobierno defiende aunque la OIT prefiere que sean bipartitas, entre empresarios y sindicatos.

La decisión empresarial presumiblemente responde no solo al compromiso de Murro sino también a la intención de evitarle una posición embarazosa al presidente Tabaré Vázquez, que ha sido invitado como orador principal en la reunión de la OIT el próximo mes. Vázquez quedaría en una posición incómoda si compareciera ante la OIT en una sesión en la que Uruguay pudiera ser sancionado. Pero la sanción volverá a sobrevolar si la misión de la OIT acordada por el ministro reitera las conclusiones previas del organismo, como parece ser lo más probable. Bajo esas circunstancias, la única forma de evitar una condena vergonzosa será que el gobierno establezca en la vigente ley de negociación colectiva que las ocupaciones solo se permitirán respetando la libertad de trabajo y el derecho de los responsables de cada empresa a ingresar al local tomado. En ese caso, el PIT-CNT, por más que esté en desacuerdo, tendrá que cumplir la ley y abandonar una práctica que actualmente distorsiona el derecho de huelga con ocupaciones a puertas cerradas y con piquetes que muchas veces han estallado en actos de violencia.

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El Observador

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