Condena de Lima a prisión puede hacerle perder su calidad de intendente

El abogado Claudio Opazo, defensa de Lima y director de jurídica de la Intendencia de Salto, dijo a El Observador la suspensión condicional, que por lo general se aplica en estos casos, implica que se libera al jefe comunal de cumplir la pena en prisión. Explicó además que no lo inhabilita en su función pública, por lo que podrá seguir ejerciendo como intendente.

A su vez, la defensa interpuso un recurso de apelación y nulidad, por el cual, si es aceptado, se deberá citar una audiencia para que Lima fundamente sus agravios.

Al respecto, el vocero de la Suprema Corte de Justicia, Raúl Oxandabarat dijo a El Observador que el caso todavía no está cerrado y por lo tanto, la sentencia está en suspenso, es decir, no se comenzó a aplicar. El caso se cerrará con el dictamen del Tribunal de Apelaciones.

Agregó que si el Tribunal de Apelaciones aprueba la sentencia del juez, se deberá analizar si jurídicamente Lima puede seguir ejerciendo su función como intendente o no.

La condena se refiere a la acusación pública que el intendente salteño realizó en marzo contra los ediles frenteamplistas Dayana Añasco, Martín Pertusati y Eduardo Godoy de adulterar boletas de gastos por viáticos, razón por la cual la comuna inició una investigación administrativa. Según dijo el intendente en ese momento, facturas cuyo valor era cercano a $ 400 fueron modificadas por un importe de $ 4.000.

Debido a la acusación de Lima, Añasco presentó una denuncia por difamación en su contra . Tras analizar el caso, el miércoles 18 la fiscal Cosse entendió que se configuró el delito y por ese motivo solicitó al juez Rundie que condenara al intendente a cumplir 10 meses de prisión.

Rundie entendió que Lima actuó con "malicia temeraria", ya que acusó públicamente a los ediles sin esperar que culminara la investigación administrativa, señala la sentencia.

Según declaraciones del intendente, recogidas en la sentencia, lo que lo llevó a actuar así fue su intención de hacer pública una situación "grave e irregular que afectaba al gobierno departamental y que no debía conocerse a través de otro actor público y menos por la oposición".

Opazo dijo a El Observador que la investigación administrativa iniciada en su momento por la irregularidad detectada en las facturas ya culminó y se dio cuenta sobre sus conclusiones a un juzgado penal.