Condenan a un subcomisario y dos sargentos por cobrar coimas

El empresario tenía en su comercio cigarrillos en infracción aduanera y un exempleado suyo denunció que habían ingresado al país por contrabando. La Justicia ordenó allanar el local y la casa del empresario. Un subcomisario y dos sargentos de la Seccional Tercera realizaron el operativo e incautaron los cigarrillos, pero además le ofrecieron una alternativa al comerciante: si les daba US$ 5.000, quedaba libre y recuperaba la mercancía.

El empresario llamó entonces a un amigo suyo para explicarle la situación y pedirle dinero. Su amigo se dirigió de inmediato hacia el comercio, donde lo esperaban los policías dispuestos a cumplir con la segunda orden del juez: el allanamiento a la casa del empresario. Uno de los sargentos llevó al amigo en el patrullero hasta la casa que sería allanada. Los agentes comenzaron así a dejar rastros de su corruptela.

El juez de Crimen Organizado, Néstor Valetti, que condenó al subcomisario y a los dos sargentos, reconoce en estos primeros movimientos de los policías dos errores. En primer lugar, el empresario debió haber quedado incomunicado, pero la llamada a su amigo revela que no fue así. En segundo lugar, un sargento llevó al amigo hasta la casa del empresario "sin que hubiera un motivo para ello, ya que (el amigo) no era investigado ni había prueba que lo vinculara a los hechos objeto de la investigación ni a los cigarrillos ubicados, dándole a entender que se podía arreglar la situación".

Los agentes se incautaron en la casa de más cigarrillos. Ante el nuevo escenario, los policías subieron la apuesta. Si pagaba US$ 12.000, "nadie vio nada", le dijo un sargento al empresario, según la declaración judicial del amigo.

El empresario no logró reunir ese dinero y terminó detenido en la Seccional Tercera. De su casa, los agentes tomaron, además de cigarrillos y armas, "un equipo de aire acondicionado que originalmente no fue incluido en el acta y obra agregado a la misma con letra distinta". El empresario denunció que además le faltaron otros objetos de su domicilio.

El amigo logró reunir en pocas horas $ 40 mil que entregó a un sargento dentro de una riñonera en la seccional. Allí escuchó cómo los policías amenazaron al comerciante con maltratarlo si no pagaba US$ 5 mil entre el 2 y el 3 de febrero de 2012. El empresario quedó entonces en libertad con una certeza: tenía

12 días para conseguir el dinero.

Pero el panorama se tornó pronto más espeso. "A partir de ahí los policías imputados comenzaron a enviarle mensajes de texto y a llamarlo pidiéndole más dinero. Por ese motivo (el empresario) formuló denuncia ante la Dirección de Asuntos Internos, la que dio cuenta a la sede, disponiéndose la intervención del teléfono celular (del empresario), con conocimiento y consentimiento de este", expresa el juez en la sentencia.

Uno de los sargentos llamó al empresario "diciendo que era por el tema del aire acondicionado, surgiendo de la misma una familiaridad de ambos funcionarios hacia (el comerciante) inusual e inapropiada para quien pretende efectuar una citación para terminar un procedimiento policial, tal como pretendió explicarlo (el subcomisario) en audiencia". El empresario respondió "que lo habían robado y que no podía ir en la fecha prevista". El subcomisario respondió: "Tenés que venir a hablar acá, por teléfono no. ¿Me entendés cómo es?".

Uno de los sargentos lo llamó unas horas más tarde insistiendo al respecto. "Cuchame una cosa, eh, por teléfono no hablés nada de eso muchacho. ¿Qué es lo que te pasa, bo?", Y luego: "Vení con todo lo que tengas". Los indicios comenzaban a convertirse en prueba.

"Finalmente, (el empresario) fue a llevar el dinero el 8 de febrero de 2012 en horas de la tarde. Previamente, se registraron en la sede los billetes que llevaría ($ 25 mil) y se le proporcionó por la Dirección de Asuntos Internos una cámara escondida en una lapicera (...) Surge prístinamente del video registrado de esa forma, que (el empresario) se entrevistó con (un sargento), y que este recibió el dinero, redactando un recibo de entrega del equipo de aire acondicionado. Luego de retirarse (el empresario), se procedió a allanar la Seccional Policial, por orden de la Sede, recuperándose el dinero que llevaba consigo (el sargento)".

El subcomisario y los dos sargentos fueron procesados con prisión por un delito de concusión. El artículo 156 del Código Penal dispone que "el funcionario público que, con abuso de su calidad de tal, o del cargo que desempeña, compeliere o indujere a alguno a dar o prometer indebidamente a él o a un tercero, dinero u otro provecho cualquiera, será castigado con 12 meses de prisión a seis años de penitenciaría, multa de 50 U.R. a 10.000 U.R. e inhabilitación de dos a seis años".

Los tres agentes estuvieron en prisión siete meses, hasta que fueron excarcelados. Todos eran primarios: nunca habían sido procesados. El 29 de julio de este año, el juez Valetti condenó a los tres por concusión con una pena de 24 meses, 100 UR ($ 81 mil) y tres años de inhabilitación especial. De todas maneras, los agentes no volverán a prisión.

El juez dispuso además que otro magistrado investigue la procedencia de los cigarrillos del empresario que los denunció.