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Constructora reclama desalojo de 524 familias del complejo Verdisol

Unas 500 familias viven en forma irregular en esos edificios desde 1988
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28 de junio de 2017 a las 05:00
La empresa constructora que edificó el complejo de viviendas Verdisol a fines de la década de 1980 comenzará un litigio para desalojar a las 524 familias que residen allí, cerca del barrio montevideano Nuevo París.

A contra reloj, los abogados de la firma Cobluma SA están ultimando los detalles de un intento de desocupación judicial que, de prosperar, generaría una repercusión muy grande ya que en ese complejo de edificios viven unas 2.000 personas. El caso está en manos del estudio de abogados Ferrer. Alejandro Pintos, socio del departamento Contencioso de esa firma, informó a El Observador que el expediente ya tuvo sus primeros movimientos.

Hubo una etapa preliminar que busca identificar cuáles son las familias que residen en esos apartamentos. Esos escritos fueron presentados en mayo de este año ante la jueza civil Mariana Motta. "Desconocemos quienes son los actuales ocupantes (usurpadores) que habitan el complejo de viviendas", dice la demanda presentada por el doctor Pintos ante la Justicia, a la que accedió El Observador.

Una historia de ocupaciones

El texto reconstruye la historia de este lugar. En diciembre de 1987, cuando ya estaba prácticamente el 100% de la obra finalizada y solo restaban pulir los detalles, un grupo de personas irrumpió en la zona e ingresó a los apartamentos por la fuerza.

"Pese a las advertencias cursadas por Cobluma a las autoridades del Banco Hipotecario del Uruguay y otros organismos públicos, sobre la existencia de saqueos y robos dentro de las viviendas, nada hicieron las autoridades por evitarlo. Es así que en el receso de la construcción de aquel año, una verdadera horda de gente, organizada sin dudas, usurpó el complejo Verdisol, pasando a ocupar por la fuerza y mediante daños, las viviendas", dice el escrito que lleva la firma de Pintos. En 48 horas, los apartamentos estaban ocupados. Poco pudo hacer para evitarlo el sereno que vio llegar a esas personas desde la periferia de Montevideo.
Dos millones de dólares es lo que invirtió la empresa Cobluma SA a fines de la década del 80 para construir el complejo de viviendas Verdisol. Lo hicieron con un préstamo del BHU y con fondos propios
"Hay gente que desde el año 1988 ocupa sin pagar un solo peso. La empresa ha sido paciente. Hace 29 años que está esperando por una solución que nunca ha llegado", dijo el experto en litigios.

La empresa Cobluma SA, que era propiedad del arquitecto Juan María Muracciole, invirtió unos dos millones de dólares en aquella época, entre fondos propios y un préstamo tramitado ante el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU). "Ni el inversor ni el BHU vieron un peso", sostuvo Pintos. Pasaron casi tres décadas y, de acuerdo al relato de la empresa, luego de muchas gestiones ante el Estado, los sucesores del arquitecto Muracciole optaron por solicitar el desalojo.

El abogado de la empresa dijo que la compañía siempre intentó que la solución apareciera de parte de las oficinas estatales, sin afectar a quienes residen allí. Pero, como sostienen que no surgieron las alternativas, optaron por el desalojo. El tiempo apremia. "Como en enero se cumplen 30 años, no nos queda más remedio que iniciar en proceso de reivindicar eso y desocupar a toda esa gente del complejo", dijo Pintos. Una vez transcurrido ese plazo, ya no hay nada por hacer, de acuerdo a la legislación vigente.

Con términos técnicos, el texto presentado ante el juzgado civil habla de "promover, en protección de sus derechos, la reivindicación del padrón de su propiedad, para disponer de él libre de ocupantes a cualquier título". "Solicitaremos a los ocupantes, como forma de interrumpir cualquier prescripción en curso, que se les intime en el mismo momento de recabar información, la desocupación de las viviendas", agrega la demanda.

La promesa

Verdisol
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La empresa Cobluma SA no solo no había podido recaudar nada por la venta de los inmuebles, sino que también había quedado deudora ante el BHU porque no había devuelto el préstamo otorgado por el banco inmobiliario estatal.

Por eso, la firma constructora buscó realizar un movimiento ágil en 1988 para solucionar el problema. Gracias a las gestiones del penalista Pereira Schurmann, la empresa logró en 1988 la orden de desalojo de ante la situación de ocupación. Pero, de acuerdo a la versión de la empresa, altas autoridades del gobierno hicieron gestiones para evitar esa situación.

"Cobluma promovió en su momento denuncia policial y obtuvo las correspondientes órdenes de desocupación de las viviendas por parte de la Justicia. Sin embargo, dado las dificultades que suponía desocupar por la fuerza pública más de quinientas viviendas, el BHU y las autoridades de gobierno de la época pidieron a Cobluma que no hiciera efectivas las desocupaciones, por el problema social que conllevaba", afirma el texto.

"Desde entonces ha corrido mucha agua debajo del puente, pero lo cierto es que a casi treinta años de aquel episodio, los usurpadores siguen allí, y Cobluma sigue esperando por la promesa de las autoridades del BHU, de los organismos de vivienda y del Estado en general, de todos los partidos políticos que se han alternado en el poder, de dar una solución al tema", agrega.



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