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Constructoras deberán hacer declaraciones antilavado
Uruguay enfrentará en 2019 una inspección internacional
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06 de septiembre de 2015 a las 17:11
El Poder Ejecutivo impulsa mediante el proyecto de ley de Presupuesto que las empresas constructoras sean incluidas dentro del listado de organizaciones obligadas a presentar informes a la unidad antilavado. Al tiempo que Uruguay se prepara para enfrentar en 2019 la inspección del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el rubro de las constructoras –que hasta ahora estaba excluido de controles antilvado– es señalado en el ámbito internacional como una de las áreas con mayor riesgo de blanqueo de capitales.
La rigidez en los controles hacia las constructoras se incluye en el marco de una modificación al artículo 2 de la ley antilvado, donde en el segundo literal se menciona ese rubro junto a las inmobiliarias, que sin embargo ya estaban comprendidas en la ley original.
"Todas las personas físicas o jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay estarán obligadas a informar las transacciones que en los usos y costumbres de la respectiva actividad resulten inusuales, se presenten sin justificación económica o legal evidente o se planteen con una complejidad inusitada o injustificada. También deben ser informadas las transacciones financieras que involucren activos sobre cuya procedencia existan sospechas de ilicitud", dice el artículo primero de esa normativa.
El gerente de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central advirtió en abril durante una conferencia que "Uruguay tiene riesgos serios de lavado de activos provenientes de la evasión fiscal". Sin embargo, en ese mismo evento informó sobre el ajuste de los controles.
El tema inquieta a las autoridades ya que GAFI inspeccionará a Uruguay en 2019 y existe riesgo de entrar en una lista gris por no cumplir con la normativa internacional. "Lo que sentimos por las listas de GAFI es terror. Que Uruguay esté en una lista de GAFI sería desastroso", dijo en la misma conferencia el secretario nacional antilavado, Carlos Díaz.
La rigidez en los controles hacia las constructoras se incluye en el marco de una modificación al artículo 2 de la ley antilvado, donde en el segundo literal se menciona ese rubro junto a las inmobiliarias, que sin embargo ya estaban comprendidas en la ley original.
"Todas las personas físicas o jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay estarán obligadas a informar las transacciones que en los usos y costumbres de la respectiva actividad resulten inusuales, se presenten sin justificación económica o legal evidente o se planteen con una complejidad inusitada o injustificada. También deben ser informadas las transacciones financieras que involucren activos sobre cuya procedencia existan sospechas de ilicitud", dice el artículo primero de esa normativa.
El gerente de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central advirtió en abril durante una conferencia que "Uruguay tiene riesgos serios de lavado de activos provenientes de la evasión fiscal". Sin embargo, en ese mismo evento informó sobre el ajuste de los controles.
El tema inquieta a las autoridades ya que GAFI inspeccionará a Uruguay en 2019 y existe riesgo de entrar en una lista gris por no cumplir con la normativa internacional. "Lo que sentimos por las listas de GAFI es terror. Que Uruguay esté en una lista de GAFI sería desastroso", dijo en la misma conferencia el secretario nacional antilavado, Carlos Díaz.
