Contador sumariado y restituido a ANCAP denunció al directorio

Los acusa de no investigar presuntos hechos de corrupción
El contador de ANCAP Jorge Pérez, quien fue sumariado en 2013 y reincorporado al ente luego de que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) anulara esa sanción por considerarla una "desviación de poder", presentó una denuncia penal contra el actual directorio del organismo por su decisión de no investigar a los gerentes que lo sumariaron en forma irregular.

ANCAP sumarió y sancionó a Pérez luego de que éste denunciase que la aprobación de los pagos a proveedores de la División Portland se realizaba "a ciegas" y "sin ver las facturas". Luego, el TCA anuló ese sumario por considerar que fue un intento por "acallarlo".

Con esa sentencia el directorio de ANCAP decidió restituir al funcionario e investigar los hechos que en aquel momento denunció Pérez (las facturas aprobadas a ciegas) pero descartó indagar a los jerarcas que avalaron y descartaron investigar esas irregularidades. Por la resolución Nº 913 del 27 de octubre de 2016 el directorio de Ancap resolvió por unanimidad que "no surgen elementos que ameriten la realización de una nueva investigación administrativa respecto del actuar de los servicios del ente".

Sin embargo, a juicio del denunciante, no se trataba de una nueva investigación, porque nunca se indagó lo denunciado.

La denuncia presentada ayer por Pérez ante el juzgado de Crimen Organizado fue agregada al expediente de las denuncias de la oposición por irregularidades en Ancap durante el período en el que el ente fue presidido por el vicepresidente Raúl Sendic. El senador nacionalista Álvaro Delgado sumó a esa denuncia, la sentencia del TCA una vez que se conoció por lo que ya forma parte del expediente.


Según la denuncia a la que accedió El Observador, Pérez argumentó que el directorio pudo haber incurrido en delitos como abuso de funciones, falso testimonio, omisión contumacial de los deberes inherentes al cargo, entre otros, y por eso pide a la Justicia que se los indague.

Pérez mencionó que "detalló con absoluta precisión dichos hechos y aportó los elementos probatorios, el actual directorio del ente, resolvió no investigar ninguno de los hechos mencionados por el TCA, los que habían ameritado la declaración de nulidad del acto administrativo impugnado por el aquí compareciente".

Entre las pruebas presentó lo que declararon esos gerentes encargados de sumariarlo en la órbita de ANCAP.

Además cuestionó que antes de resolver el caso, el directorio consultó a sus Servicios Jurídicos, el mismo departamento que supervisó todo lo actuado en el sumario, realizado por la Gerencia de Controles.

El denunciante aseguró durante los cuatro años que duró el proceso administrativo en su contra, esa gerencia de Servicios Jurídicos "protegió a los jerarcas del ente y/o a las gerencias involucradas en hechos irregulares, en lugar de actuar en procura de la búsqueda de la verdad material, como así corresponde hacer a cualquier funcionario público".


A su juicio, "se utilizó el poder del Estado para ocultar hechos graves y a sus responsables. Y como si todo ello no le hubiera parecido suficiente, se inició una persecución en contra del aquí denunciante, quien había demostrado y denunciado las graves irregularidades que se venían cometiendo".

"En lugar de proceder a investigar los hechos en forma seria, (el directorio) le pidió opinión a las propios involucrados, lo que sin lugar a dudas y a nuestro juicio, constituye un hecho con apariencia delictiva, en tanto resulta impensable que se le consulte a quienes estuvieron involucrados en los hechos que refiere el TAC", dijo el contador.

"A nadie escapa cual ha sido el actuar de ANCAP en los últimos tiempos, por lo que el presente caso no es más que uno en la larga cadena de apartamientos del orden jurídico, con la diferencia que en el presente caso, no sólo existió apartamiento del derecho, sino violación de derechos individuales, lo que torna aún más grave dicho apartamiento", dijo Pérez.

"La respuesta categórica y probada, es que ANCAP sólo resuelve no investigar, cuando los eventuales investigados pertenecen al personal superior de la Administración", concluyó.

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