Corrupción agrava los excesos K

La ruina a que los Kirchner están precipitando a Argentina no incluye a esa familia y su corte de amigos y testaferros. Ya no sorprenden a nadie los atropellos del kirchnerismo al estado de derecho y a la institucionalidad republicana, cuyo oprobioso ejemplo más reciente es la intención de politizar y debilitar al Poder Judicial. Tampoco es novedad la corrupción y el enriquecimiento ilícito en el entorno presidencial, que hasta ha generado varias causas judiciales contra el vicepresidente Amado Boudou. Pero impacta igualmente la documentada revelación de gigantescos contrabandos multimillonarios por operadores de Néstor Kirchner cuando era presidente y enviados a cuentas clandestinas en el exterior.

El caso ha asumido proporciones de escándalo desde que el periodista Jorge Lanata detalló con grabaciones, testimonios y otras pruebas un ilegal envío al exterior de € 55 millones en un período de tres meses, dispuesto por Kirchner. Los principales dirigentes de la oposición han presentado a la Justicia denuncias contra los muchos involucrados en estos delitos. Incluyen a funcionarios del gobierno, a oscuros personajes convertidos en potentados repentinos en recompensa por manejar los fondos y a conocidas figuras de la farándula.

La definición de las denuncias dependerá de cómo actúen los jueces, ya que el Poder Judicial argentino no es uniforme en su solidez. Los muchos magistrados honestos conviven con otros más permeables a las presiones del Poder Ejecutivo. Pero es una señal alentadora que el sistema judicial, así como los partidos opositores, se han levantado en armas contra el monstruoso proyecto de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de convertir la Justicia en instrumento político del gobierno. Paros en el Poder Judicial y una manifestación frente a la sede de Tribunales, encabezada por los principales líderes opositores, reflejan la generalizada reacción contra el manotazo kirchnerista.

Su texto establece la elección de magistrados por voto popular directo, en reemplazo de su nombramiento de acuerdo a su idoneidad. El proyecto cae en la falacia de asegurar que se busca democratizar la Justicia, cuando en realidad se la convierte en otro instrumento de absolutismo gubernamental. Los jueces surgirían de listas partidarias, igual que diputados o senadores, convirtiéndose de hecho en obedientes funcionarios del gobierno de turno. También se busca eliminar las medidas cautelares, que permiten a una empresa o ciudadano suspender el efecto de decisiones gubernamentales mientras la Justicia procesa sus objeciones.

Un diputado kirchnerista admitió cándidamente por televisión que el proyecto es otro intento del gobierno K de desmembrar al grupo Clarín, que ha recurrido a medidas cautelares para frenar agresiones oficiales. Es notorio el desprecio arrogante de la presidenta por el orden republicano, incluyendo la separación de poderes. Al descrédito creciente por sus arrestos antidemocráticos se han agregado ahora evidencias de gigantescas estafas fiscales, todo lo cual será presumiblemente registrado en las elecciones legislativas de octubre por los millones de argentinos que viven acosados por la pobreza y la desesperanza mientras la elite presidencial se enriquece a manos llenas. l