Corrupción en Uruguay: la turbiedad del Estado

El tráfico de influencias en el último cuarto de siglo: de la embestida baguala al caballero de la derecha

En Uruguay la corrupción gubernamental sería mucho menos extendida que en los otros socios del Mercosur: Argentina, Brasil, Paraguay y Venezuela, países que suelen figurar en el fondo de cualquier tabla comparativa de opacidad. En América Latina sólo Chile tiene tan buen registro, según organizaciones del tipo Transparencia Internacional o Banco Mundial.

Pero es probable que en Uruguay haya más corrupción de lo que suele creerse: los casos conocidos bien podrían ser la ínfima punta del iceberg. Según una encuesta de la consultora KPMG de 2009, el 73% de los empresarios consultados consideró que en el Estado uruguayo había corrupción.

La historia nacional de la corrupción a alto nivel político arranca con la independencia en 1830, con los "cinco hermanos" que rodearon a Fructuoso Rivera.

La corrupción –abusos de poder con fines económicos, para sí o para terceros– puede ser vidriosa y difícil de probar. No tiene por qué ser siempre de "coima" directa: dinero a cambio de un privilegio. Tal vez sean más usuales el tráfico de influencia, el acomodo de amigos o el uso de información privilegiada para adelantarse al mercado y hacer buenos negocios. Así, por ejemplo, el voto de muchos ediles de ciertas Juntas Departamentales se fideliza a cambio de empleos públicos para parientes y amigos. Conrado Ramos, subdirector de la OPP durante el primer gobierno del Frente Amplio, dijo en mayo de 2013 que los concursos para tomar cargos a través de ese organismo y el PNUD eran una "ficción": ya tenían destinatario; aunque aclaró que había sido así durante gobiernos de todos los partidos. Lo mismo ha dicho el ex presidente José Mujica sobre la mayor parte de los concursos del Estado o la contratación de servicios. El sistema judicial tampoco está a salvo. En 2003 fue encarcelado el fiscal Carlos García Altolaguirre, entre otras personas, pues cobraba para hacer desaparecer pruebas o reducir las acusaciones. Y en 2011 fue a la cárcel la jueza Anabella Damasco, quien se apropió de dinero incautado en casos judiciales a su cargo.

"Embestida baguala"

El gobierno del blanco Luis A. Lacalle (1990-1995) fue ensombrecido por las denuncias de corrupción realizadas a posteriori, muchas veces por sus rivales en el Partido Nacional. Algunas fueron de recibo para la justicia, que procesó a ex gobernantes, y otras resultaron falsas o nunca probadas.

En 1996 la justicia envió a prisión a Enrique Braga, quien había sido ministro de Economía y luego presidente del Banco Central, por presuntas irregularidades en la venta en 1994 del Banco Pan de Azúcar, que había sido intervenido por el Estado en 1985. La propiedad del paquete accionario no estaba clara, como tampoco las garantías, pero Braga insistió que la venta "fue un buen negocio porque terminamos un mal negocio". El Pan de Azúcar debió ser otra vez intervenido en 1996, en el segundo gobierno de Julio Sanguinetti, debido a su iliquidez e irregularidades cometidas por sus accionistas. Braga fue sentenciado en el año 2000 por abuso de funciones y falleció poco después. Connotados dirigentes del Partido Nacional han insistido siempre en su inocencia.

En 1995 fueron enviados a prisión el ex director del Banco de Seguros del Estado, Julio Grenno, junto a Daniel Cambón, quien fue asesor de Lacalle, por el cobro de "coimas" a partir de 1992 en un negocio de marcado de vehículos para la aseguradora estatal. Cambón además fue procesado junto a Braga por el caso Banco Pan de Azúcar. La sentencia final demoró muchos años y la figura delictiva mutó.

El ex ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Ovalle, fue denunciado por exigir en 1997 –después del fin del gobierno de Lacalle– grandes sumas de dinero al operador portuario Jimmy Rohr, quien grabó la conversación. Ovalle fue expulsado del Herrerismo, aunque la justicia no halló motivos suficientes para procesarlo. En 1999 fue enviado a prisión por fraude el ex presidente de AFE, Rodolfo Flores, junto a otros antiguos funcionarios.

Colorados

Entre los jerarcas del segundo gobierno de Julio Sanguinetti (1995-2000) y el de Jorge Batlle (2000-2005) enviados a prisión se cuentan el ex presidente del Banco Hipotecario, Salomón Noachas, por conceder dos viviendas en Punta del Este a su hija y su esposa y otras irregularidades; el ex presidente de OSE, Juan Justo Amaro, por anomalías varias; el ex director de OSE, Hugo Granucci; y el ex intendente de Artigas, Carlos Signorelli, quien, insólitamente, fue despojado de sus fueros parlamentarios en 2008 por su colegas.

Entre fines de 1999 y principios de 2000, el contralmirante Eladio Moll –ex comandante de la Flota de Mar de la Armada– y su hijo Ricardo Moll Grolero fueron encarcelados por estafa a empresarios estadounidenses en un negocio de pesca del cangrejo rojo. Los Moll divulgaron una grabación de 1996 de un presunto diálogo entre Julio Luis Sanguinetti, hijo del entonces presidente Julio Sanguinetti, y Moll Grolero en la que aquel, que actuaba como asesor legal, solicitaría un millón de dólares para facilitar los derechos de pesca. La justicia indagó a Sanguinetti hijo a partir de 2000, quien era diputado por Canelones aunque no se amparó en sus fueros, y al fin archivo el caso en agosto de 2001.

En setiembre de 2004 Moll Grolero fue agredido en la calle por cuatro personas que le golpearon la pierna derecha con un martillo y le provocaron ocho fracturas. El entonces senador José Mujica lo atribuyó a una "mafia" vinculada al Foro Batllista, sector del ex presidente Sanguinetti, y su hijo respondió que "sólo alguien con una mente muy enferma puede vincularme a ello".

"Aprender con dolor"

En la campaña electoral de 2004, que llevaría a la izquierda al gobierno, Tabaré Vázquez prometió que "en un gobierno del Frente Amplio podemos equivocarnos, podemos meter la pata, pero no la mano en la lata; y si la metemos, se la cortamos".

La frase se hizo célebre y central. Sin embargo para el libro "Pepe coloquios", de 2009, el futuro presidente José Mujica afirmó que en el Frente había una gran pasión por los cargos y por acomodarse, citó al Partido Socialista como una máquina de llenar puestos, y sostuvo que el clientelismo político llevaría a la izquierda a la tumba. Y en su discurso de asunción, el 1º de marzo de 2010, admitió: "Tuvimos que aprender con mucho dolor y vergüenza que no toda nuestra gente era inmune a la corrupción".

En 2007 la justicia procesó al ex director de Casinos Municipales, Juan Carlos Bengoa, y a otras cuatro personas, acusadas de diversos fraudes. Bengoa responsabilizó a sus jefes, entre ellos el ex intendente Mariano Arana. Pero en 2011 la jueza Fanny Canessa no halló méritos para procesar a Arana y a otros jerarcas, como había solicitado el fiscal.

En 2003 Vázquez había forzado a Arana a que apartara a su secretario privado, Mario Areán, acusado de tráfico de influencias en concesiones del municipio y de empresas públicas.

El abogado Gonzalo Fernández, secretario de la Presidencia y luego canciller durante el primer gobierno de Vázquez (2005-2010), fue cuestionado varias veces continuar patrocinando como abogado, junto a su esposa, a empresas que mantenían juicios contra el Estado. En diciembre de 2010 renunció al Frente Amplio después que la Mesa Política resolviera someter su caso al Tribunal de Conducta Política. Figuras centrales del Frente, desde Mujica y Vázquez hasta Astori, expresaron su solidaridad con Fernández, quien fue un actor fundamental en el inicio de la administración.

Otros escándalos tuvieron por epicentro la Intendencia de Montevideo, que la izquierda gobierna desde 1990, hasta la reciente destitución del director de Deportes, Pablo Sanmartino.

En 2008 el entonces vicepresidente de la República, Rodolfo Nin Novoa –actual canciller– fue denunciado por presunta "falsificación cometida por un funcionario" en su declaración jurada de bienes, en la que omitió exponer su participación en una empresa rural junto a sus hermanos. En agosto de 2011 el Senado se negó a quitarle los fueros parlamentarios como solicitó un fiscal.

La administración frenteamplista sufrió denuncias e irregularidades de distinta envergadura por la concesión de servicios, obras, concursos "a medida" y contrataciones de personal.

Así, por ejemplo, una auditoría externa pedida por UTE comprobó diversas irregularidades entre 2006 y 2011: desde pliegos intencionados a sobreprecios de hasta 100%, que habrían beneficiado a una empresa de la que eran parte Mario Areán y un miembro del Directorio.

Alfredo Silva, dirigente del sindicato de la salud y representante por los trabajadores en el Directorio de ASSE (Administración de los Servicios de Salud del Estado), fue procesado sin prisión en 2014 por conjunción de interés público y privado. Silva, quien luego fue echado del Estado, hizo que varios hospitales públicos contrataran los servicios de una empresa de limpieza a la que estaba vinculado. Otras personas fueron juzgadas por la misma trama.

El caso más grave se gestó en 2012, con la quiebra de compañía aérea Pluna. Luego, en un remate, siete de sus aviones fueron comprados por 137 millones de dólares por un representante de Cosmo, una ignota empresa española en formación y casi sin dinero. Al pagar un precio por encima de la base, el comprador además se liberó de la obligación de retomar el personal de Pluna. Pero en los días posteriores, después que El Observador publicara una foto tomada en un restaurante, quedó claro que el comprador ("el señor de la derecha", como lo había llamado el rematador) era un ex empleado, pariente político y probable testaferro de Juan Carlos López Mena, dueño de Buquebus, empresa que controla la mayor parte del tráfico de pasajeros fluvial y terrestre entre Buenos Aires y Uruguay. El plan, que implicaba a varios funcionarios del gobierno de Mujica, era que López Mena alquilara a Cosmo los aviones comprados en remate y con ellos reforzara –a bajo costo– las operaciones de su línea aérea BQB.

Matías Campiani y otros dos socios de Leadgate, la empresa privada que controlaba Pluna, fueron procesados con prisión por estafa. El ministro de Economía, Fernando Lorenzo, quien probablemente trató de librar al Estado de una situación ruinosa (como posiblemente trató de hacer Enrique Braga con el Banco Pan de Azúcar), renunció a su cargo en diciembre de 2013, después que la justicia lo citó a declarar. En abril de 2014 Lorenzo y Fernando Calloia, quien también renunció a su cargo, fueron procesados sin prisión por abuso de funciones. Lorenzo no apeló el fallo. En octubre de 2014 un Tribunal de Apelaciones revocó la decisión del juez de primera instancia y anuló el procesamiento de Calloia, pero en julio de 2015 la Suprema Corte de Justicia confirmó la sentencia inicial.

En junio de 2014 se conoció un intercambio de e-mails entre el dueño de Cosmo y el comprador de los aviones de Pluna en el remate fallido, que reveló la trama creada entre López Mena y representantes del gobierno uruguayo. Los aviones al fin se vendieron casi a mitad del precio del remate, otro indicio que de que el plan probable de Cosmo era no pagarlos jamás, o sólo pagar los intereses de su deuda.

Esta nota forma parte de la publicación especial de El Observador por sus 25 años


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