Corrupción y democracia

El politólofo Adolfo Garcé analiza la situación de Uruguay con respecto a la transparencia

Hay buenas razones para seguir pensando que Uruguay no tiene problemas graves de corrupción. Los datos de Transparencia Internacional, en este sentido, son alentadores. Nuestro país aparece en el reporte de 2015 como el más transparente de la región y ocupa un honroso puesto 21 entre las 168 naciones incorporadas en el ranking. De todos modos, lo peor que podemos hacer es dormirnos en los laureles. Ya nos pasó en los años de 1950 cuando creíamos que éramos un “rincón bendito”, a salvo de la violencia política y de los golpes de Estado. Por eso mismo, vale la pena detenernos a analizar algunas señales referidas a la lucha contra la corrupción enviadas por nuestros líderes políticos en los últimos 15 días. Desde mi punto de vista, durante las últimas dos semanas, hemos dado dos pasos en la dirección correcta y un paso en falso. Me explico.

El primer paso en la dirección correcta se verificó hace exactamente dos semanas, cuando senadores de todos los partidos aprobaron la creación de una comisión parlamentaria especial para revisar la legislación vigente sobre financiamiento de los partidos que data de 2009. El segundo no refiere a instituciones sino a personas. La semana pasada el diputado frenteamplista Gonzalo Mujica tuvo la excelente idea de divulgar la declaración jurada de sus bienes. El ejemplo será imitado próximamente por Pablo Mieres, senador del Partido Independiente, quien, además, anunció que presentará un proyecto de ley para que todas las declaraciones juradas patrimoniales de quienes ocupan cargos electivos (presidente, vicepresidente, parlamentarios, intendentes), de sus parejas, y de ministros, deban ser públicas. Lamentablemente, también dimos un paso en falso. Naufragó en el Senado la propuesta de crear una comisión investigadora con fines legislativos sobre corrupción. La iniciativa de Pedro Bordaberry del Partido Colorado no fue apoyada por los senadores del Frente Amplio.

Es evidente que el delicadísimo asunto de cómo luchar contra la corrupción está en la agenda política. Esto, en sí mismo, es muy importante. Lo es, en primer lugar, como mensaje hacia la ciudadanía. La confianza de los electores en la democracia depende mucho de este tipo de señales. Es fundamental que, en tiempos como los que corren, con las noticias sobre corrupción que llegan desde la región todos los días, la ciudadanía perciba que sus representantes se toman en serio un problema tan grave y tan obvio en tantas partes. Es muy importante, insisto, que el tema de la corrupción esté en la agenda. Que los partidos expliciten su alarma ante este asunto ayuda mucho a que los ciudadanos puedan seguir confiando en ellos. Pero con las palabras no alcanza. Por eso, en segundo lugar, es necesario que las dos iniciativas que se han anunciado se concreten y sean bastante más que “progreso manuscrito”.

La primera de ellas, la revisión de las normas sobre financiamiento de campañas electorales es impostergable. Es bien sabido a esta altura que la legislación vigente sobre el tema tiene defectos serios. Está claro que los partidos la perforan sin mayores dificultades. La segunda iniciativa, la referida a la publicidad de las declaraciones patrimoniales, es también muy necesaria. La ciudadanía podrá seguir creyendo en la palabra de sus representantes en la medida en que estos demuestren que no se enriquecen mediante la actividad política. En ambos casos, tanto para controlar la exactitud de las donaciones recibidas por los partidos como para verificar las declaraciones juradas del personal político (en el Ejecutivo y el Legislativo) será imprescindible generar mayores capacidades de contralor, creando instituciones especializadas o potenciando las existentes (como la Corte Electoral y la Junta Anticorrupción).

Vuelvo al principio. No tenemos problemas severos de corrupción como Argentina o Brasil. La comparación con la mayoría de los países de nuestra región obviamente nos favorece: es posible que la democracia uruguaya sea la más “limpia” de América Latina. Pero en esto, como en otras dimensiones del desarrollo, debemos empezar a utilizar una vara más exigente. Deberíamos compararnos con los 10 países que encabezan el ranking. Es una lástima que el Senado no haya dado el paso de crear una comisión especial para hincarle el diente a fondo a este tema. Es una oportunidad perdida. l

Doctor en Ciencia Política, docente e investigador en el Instituto de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales, Udelar

adolfogarce@gmail.com


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