Crisis política no cesa en Brasil: piden cárcel para aliados de Temer

El pedido de prisión presentado contra cuatro dirigentes del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), del presidente interino, Michel Temer, le dio ayer otra vuelta de rosca a la virulenta e incierta crisis del país.

La solicitud de captura fue presentada por la Fiscalía contra el presidente del Senado, Renan Calheiros; el exmandatario José Sarney; el presidente suspendido de la Cámara Baja, Eduardo Cunha, y el exministro de Planificación del gobierno interino, Romero Jucá.

La crisis alcanza así tal magnitud que Brasil tiene hoy una presidenta suspendida de sus funciones, un vicepresidente elevado por eso al rol de mandatario interino pero con su partido bajo sospecha y toda la línea de sucesión comprometida, pues a Temer le siguen, respectivamente, los presidentes de la Cámara Baja y del Senado.

Los pedidos de prisión están desde la semana pasada en manos del juez Teori Zavascki, uno de los once miembros del Supremo y que aún no ha decidido sobre el asunto, pero la información recién se filtró ayer, cuando fue obtenida por el diario O Globo.

La Fiscalía sustentó esa solicitud en la sospecha de que los cuatro dirigentes del PMDB, todos muy cercanos a Temer, intentaron algunas maniobras para obstruir la acción de la justicia en las investigaciones sobre las corruptelas en la estatal Petrobras.

Temer está en el poder desde el 12 de mayo, cuando asumió el cargo tras la suspensión de la mandataria Dilma Rousseff, quien responde a un juicio político que puede llevar a su destitución. Desde entonces, Temer ya ha removido a dos de sus ministros, uno de ellos el propio Jucá, por indicios de que también habría intentado impedir el trabajo de los tribunales en Petrobras, centro de un escándalo que salpica al PMDB y al Partido de los Trabajadores (PT), de Rousseff, entre otros.

El ministro de la Presidencia, Eliseu Padilha, quien actúa como portavoz de Temer, declinó comentar ayer sobre el asunto, que sacude las bases del gobierno y del partido del mandatario interino. Según Padilha, solo el procurador general, Rodrigo Janot, autor del pedido, podría responder sobre el caso.
Janot, en tanto, mostró su contrariedad con la filtración. "No confirmo nada", fue su única respuesta a los periodistas que lo esperaban a la salida de un acto público. Si bien no lo confirmó, tampoco lo negó, lo que llevó a que todo el mundillo político diera como un hecho el pedido de prisión contra los cuatro dirigentes del PMDB, rechazado por cada uno de los afectados.

Calheiros se expresó a través de una nota que divulgó su oficina de prensa, en la que calificó la petición de la Fiscalía de "abuso" y se mostró "sereno y seguro de que la Nación puede seguir confiando en los Poderes de la República".

También reafirmó que "no practicó acto alguno que pueda ser interpretado como una supuesta tentativa de obstruir a la justicia" y alertó de que el país "pasa por un momento delicado", que impone "serenidad, equilibrio, responsabilidad y, sobre todo, respeto a la Constitución".

Cunha, suspendido de sus funciones de diputado -y por tanto del cargo de presidente de la Cámara Baja- por el Supremo, debido a sospechas de corrupción, vinculó ese pedido con una sesión que ayer celebró el Consejo de Ética de ese órgano legislativo, en el que responde a un juicio político. "Veo extraño ese absurdo pedido, divulgado en momentos en que se reúne el Consejo de Ética y apuntando a presionar a los diputados que defienden mi inocencia y buscando influir en el resultado", indicó también a través de un comunicado.

Sarney, quien gobernó el país entre 1985 y 1990, optó de igual modo por una nota en la que se manifestó "perplejo, indignado y revuelto", y agregó que pensaba que, por sus seis décadas de vida pública, "merecía algún respeto de las autoridades" judiciales del país.

Jucá, quien duró apenas dos semanas como ministro de Temer, se valió también de un comunicado en el que, en términos similares, calificó de "absurdo" el pedido de la Fiscalía.

Tal vez quien mejor definió el clima que había ayer en el Congreso tras conocerse el pedido de la Fiscalía fue el senador Cristovam Buarque, del Partido Popular Socialista (PPS). "Un pedido de prisión contra un senador es grave. Pero un pedido de prisión contra el presidente del Senado, en momentos en que el Senado discute la destitución de una mandataria, es todavía mucho más grave", declaró.

Limitan a Dilma el uso de aviones oficiales

La suspendida presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, viajará por el país en automóvil o en vuelos comerciales, después de que el Gobierno del mandatario interino, Michel Temer, sólo aprobó el uso de aviones oficiales para su traslado a Porto Alegre, informó ayer su defensa.

El abogado de Rousseff dirigió una nota a la Presidencia en la que comunicó esa decisión y alertó de que el Gobierno será "responsable por cualquier situación que viole la seguridad personal de la presidenta en esos viajes".

Rousseff fue suspendida de sus funciones para responder a un juicio político el pasado 12 de mayo y desde ese día su cargo es ocupado en forma interina por Temer.

Según la decisión del Senado que instauró el proceso contra Rousseff, aún suspendida mantiene derecho a determinadas prerrogativas del cargo, como el uso de aviones del Gobierno o la posibilidad de mantener la residencia oficial de la Presidencia en Brasilia, la cual todavía ocupa.

Sin embargo, un análisis jurídico realizado por el Gobierno de Temer determinó que los aviones oficiales sólo le pueden ser cedidos para sus desplazamientos entre Brasilia y Porto Alegre, donde tiene su domicilio particular.