Crónica de un desalojo: a la calle o procesados

El procesamiento de ocho vecinos por usurpación retumbó a ritmo de martillo en el asentamiento de Parque Guaraní, en Flor de Maroñas. "Nos vamos o nos meten presos", repetía ayer una mujer que amamantaba a su hija mientras su pareja desarmaba el rancho de madera y chapas. Al mediodía se cumplió el plazo judicial para abandonar el predio y el comisario de la seccional 16, Víctor Veiga, recorrió junto a otros tres policías el terreno para constatar que no hubiera desacato. "Los vecinos están cumpliendo la orden judicial; están desalojando con tranquilidad y normalidad", dijo el comisario a El Observador. "Nos vamos por miedo a terminar en el Comcar", aclaraban los ocupantes en retirada.

Uno de los ocho procesados el viernes por la jueza Ana Margarita Salterain terminó en prisión por tener antecedentes penales. Ese procesamiento generó pánico entre los demás vecinos, que comenzaron el sábado a desmontar las chapas que sirvieron como techo, con las maderas estaqueadas en paredes, por temor a ser procesados también. "Nos dejaron en la calle sin ninguna ayuda. Hay madres solteras con niños que quedaron en la calle", dijo otro vecino a El Observador.

Todos prefirieron mantener el anonimato por temor a represalias.

En el asentamiento que se levantaba desde hacía un año sobre un predio municipal y otro privado vivían 42 familias con unos 80 niños. Una decena de chiquilines y otra decena de mayores seguían en la mañana de ayer desarmando sus ranchos y llevando sus pertenencias para donde podían.

Muebles y ropa eran rematados al mejor postor, al primero que pasara por allí. Algunos llevaban sus camas en carros, empujando con sus brazos y forzando las piernas sobre barro y basura. Otros, los más afortunados, trasladaban sus pertenencias, desde electrodomésticos hasta sillones y juguetes, en carros cinchados por motos, autos o caballos. Cada tanto, un camión cargado marchaba hacia un rumbo incierto.

Atrás quedaban los esqueletos de algunos ranchos, los postes rodeados de desechos, la bronca por la ausencia de soluciones. "Ni un camión nos dio el Mides para llevar las cosas", dijo una vecina.

Si bien muchas familias desalojadas reciben apoyo del Ministerio de Desarrollo Social, en las horas cruciales del desalojo, cuando se vencía el último plazo judicial y aún quedaban chapas y muebles por quitar, los funcionarios brillaron por su ausencia. El Estado solo estaba representado por un comisario y tres policías que tomaban fotografías para registrar el avance del desalojo.

Consultadas por El Observador, fuentes del Mides afirmaron que son las autoridades de la Intendencia de Montevideo las que están realizando las gestiones, incluso en el área social, con sus equipos, por lo que la actuación del Mides no fue requerida. El Observador intentó sin éxito comunicarse con autoridades de la intendencia.

El desalojo se concretó semanas después de que el subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, presentara un proyecto de ley en la comisión de Constitución y Legislación del Senado para que el Mides se encargue de las mujeres y niños que quedan desamparados cuando un padre es procesado por narcotráfico.

El gobierno propuso en el proyecto de ley que está a estudio de la comisión aplicar "un mecanismo de protección social para evitar que el fenómeno de las bocas de venta de droga siga reproduciéndose en forma ampliada y, sobre todo, a expensas de mujeres y de los niños y adolescentes", explicó Vázquez, quien agregó que "hace muchos años que la Policía (...) dice: 'Realizamos un operativo con tal éxito. Detuvimos a cinco personas y dejamos a cuatro o cinco chiquilines sin padres'".

En este caso no fueron procesados por narcotráfico pero el desamparo se respiraba en todo el predio. Vecinos del asentamiento aseguraron que la mujer del hombre que fue procesado con prisión y sus tres hijos no tienen lugar donde dejar sus pertenencias ni donde pasar la noche. "Dejaron a una mujer sola con tres hijos en la calle", insistían.

En el juzgado, adonde fueron a declarar decenas de personas el viernes, les informaron que podían pasar la noche en refugios, pero eso implica dividir la familia: el padre para un lado, la madre para el otro y el miedo a perder la tenencia de los hijos en el medio. Ante eso, la calle es la alternativa menos dolorosa.Además, la jueza dispuso ayer que los ocupantes que estuvieran en el predio ayer a mediodía –a excepción de los ya procesados– fueran detenidos y conducidos al juzgado.

"¿Hoy vamos a ir a la escuela?", preguntó una niña a su padre, que separaba a fuerza de martillo chapas de postes. "Ayer no fuiste, así que hoy vas", le respondió. El hombre se fue ayer con su pareja y sus tres hijos a casa de su suegra mientras busca otra posibilidad.

"Acá hay gente laburadora, hacemos feria, changas, hay clasificadores (de basura)", explicó el hombre. Los vecinos exigen una solución habitacional que hasta ahora no ha llegado. "Como no estamos en época de elecciones no vino ningún político", comentó una mujer. Detrás, el asentamiento seguía desarmándose a martillazos.