Cuando el voto 50 es un rebelde: los problemas en el FA y sus mayorías

Es que en octubre de 2009, tras las elecciones que llevaron a José Mujica a la presidencia, esa banca estaba en duda y, por escaso margen, fue retenida por el oficialismo.

Cinco años después, cuando el presidente Tabaré Vázquez fue elegido por segunda vez para el cargo máximo, el Frente Amplio se volvió a asegurar el control del Parlamento, lo cual ha constituido una herramienta política clave para los gobiernos de izquierda.

Sin embargo, el voto 50 nunca le dio tranquilidad total al Frente Amplio, cuya estabilidad depende de un delicado equilibrio intra-partidario y de un acatamiento absoluto de la disciplina partidaria.

La posibilidad de que uno o más "rebeldes" estuvieran dispuestos a romper con el bloque ponía en jaque la independencia de la organización para pasar leyes sin depender de la ayuda de otros partidos. Y en estos años doce años de predominancia frenteamplista, la coalición de izquierda ha pasado horas difíciles debido a la posibilidad real de que naufragaran proyectos que contaban con el apoyo de la mayoría del FA.

El nombre de Gonzalo Mujica se acaba de agregar a esa lista con su reciente decisión de apoyar en el Plenario de la Cámara la instalación de una comisión investigadora, propuesta por la oposición, para que se indague los negocios entre Uruguay y Venezuela. Pero la decisión de Mujica amenaza con tener implicancias más allá de este caso concreto ya que su vinculación con la coalición es dificultosa y en el futuro votará con el gobierno solo cuando lo crea conveniente, según le transmitió el parlamentario a Javier Miranda, presidente del Frente Amplio.

En esa lista que Mujica actualiza, son varios los nombres inscriptos que le generaron un dolor de cabeza a la izquierda.

En el 2005 el senador comunista Eduardo Lorier se había manifestado en contra de apoyar el proyecto que permitía ampliar el contingente uruguayo en las misiones de paz en Haití. Finalmente acató "la disciplina partidaria" y votó a favor. El proyecto luego pasó a diputados. Allí, el representante socialista Guillermo Chifflet se manifestó en contra del envío de más tropas a Haití. Decidió no votar y retirarse de sala. Pero antes de hacerlo, renunció a su banca. "Quiero estar tranquilo con mi conciencia", dijo.

Uno de los momentos más difíciles para la interna frenteamplista fue durante el tratamiento legislativo del proyecto que anulaba la ley de Caducidad en 2011. El ex ministro de Defensa –por aquel entonces senador- Eleuterio Fernández Huidobro, había expresado su oposición al proyecto. Terminó votando a favor de la ley por disciplina partidaria, pero también renunció a su banca.

Sin embargo, esa ley no se sancionó debido a la negación del exdiputado del Espacio 609, Víctor Semproni, lo que le valió una suspensión.

Semproni había votado en contra de la ley que despenalizaba el aborto tres años antes, al igual que Juan Andrés Roballo, actual prosecretario de Presidencia. La ley de "Salud Sexual y Reproductiva" recibió la sanción en el Senado pero luego fue vetada por el presidente Tabaré Vázquez.

En 2012 se envió un nuevo proyecto de ley para despenalizar el aborto. Fue impulsada y aprobada en el Senado. Cuando pasó a la Cámara de Diputados, Andrés Lima no acompañó el proyecto por "cuestiones filosóficas". El voto salvador para el Frente Amplio vino de la mano del diputado del Partido Independiente, Iván Posada, quien presentó su iniciativa y fue el proyecto que finalmente se aprobó.

Más cerca en el tiempo, Semproni volvió a recibir el calificativo de "rebelde" junto a los diputados de la Liga Federal, Darío Pérez y Sergio Mier. Los tres legisladores se negaron a votar algunos artículos del presupuesto que fue aprobado en diciembre de 2015.

El último capítulo de rebeldía fue durante la discusión de la Rendición de Cuentas en el primer semestre de este año. Pérez, Mier y los diputados Gerardo Núñez (Partido Comunista) y Carlos Coitiño (PVP) lograron con su oposición al proyecto que se le hicieran cambios trascendentes, sobre todo en lo que refiere a no postergar el aumento del gasto para la educación.