Cuando los partidos apoyaron bajar las penas por rapiña

A la vez se sentaron encima de un proyecto que enmendaba varios mamarrachos

Pocas cosas como los temas de seguridad pública dejan expuesta la carencia de coraje, la ausencia de criterio y la falta de estatura intelectual a la hora de encarar el debate político. Tema delicado si lo hay, cuando se enciende el miedo y el malestar de la ciudadanía, a más de un político se le contagia el chucho y no hay nada más peligroso que un político que sale a la caza de votos confundiendo el temor del votante con el suyo propio.

Hace unas semanas todos los partidos acordaron endurecer el puño sobre la seguridad pública votando una ley que suspende la libertad anticipada a delincuentes reincidentes. A juicio de algunos jueces, jugará un papel nefasto en la situación interna de las cárceles.

Los hombres que deben lidiar con la seguridad pública, jueces, fiscales, policías, les han dicho más de una vez a los políticos que no voten algunas leyes, que son malas, que lo van a hacer peor, pero ellos se hacen los sordos, hacen lo que su ignorancia les dicta y los resultados están a la vista.

Guardado –a esta altura diría yo más bien escondido– en un cajón de la Cámara de Diputados hay un proyecto que en general contó con el voto de todos los partidos en la Comisión de Constitución y que modifica el Código Penal.

El proyecto se comenzó a debatir en el año 2005 y se votó en comisión en 2014 –¡estos asuntos son tratados con la urgencia que se merecen!–. Una década después de iniciada su discusión estaría muy bien que algún legislador despistado lo sacara del olvido para hacerles pasar un mal momento a sus colegas.

Una de las novedades del Código, y de allí la única esperanza de que lo refloten, era que modificaba el delito de abuso de funciones, haciéndolo más específico. Se trata de un delito que afecta solo a los gobernantes.

Pero la medida más impactante que se acordó fue modificar la sanción para el delito de rapiña. Aunque usted no lo crea, los mismos que en estos días votaron por no dejar salir anticipadamente a los reincidentes, fijaron la pena de la rapiña en 24 meses de prisión a 16 años de penitenciaría, en vez de la actual de cuatro a 16 años de penitenciaría. Al reducir el mínimo tornaban a la rapiña como un delito excarcelable dejando esa discrecionalidad a los jueces. Imaginen el titular: "Partidos votan reducir la pena del delito de rapiña". Ay, ay, ay. Parece lógico que lo dejen enterrado ya que el horno no está para reducciones.

Pero como si esto fuera poco, el proyecto ya aprobado en comisión también baja la pena por el delito de copamiento que hoy es de 8 a 24 años de prisión y lo fijaba entre 4 a 18 años.

El delito de copamiento es uno de esos excesos jurídicos que los legisladores aprueban cuando las papas de la opinión pública queman. Y lo es por dos razones: primero porque el delito ya existía cuando lo crearon: se llama rapiña especialmente agravada por utilización de armas, invasión de domicilio y privación de libertad. Pero además, sanciona este delito con 8 a 24 años de prisión cuando la pena por homicidio es de 20 meses de prisión a 12 años de penitenciaría. O sea, en este país, para quienes hacen las leyes, están más protegidos los bienes materiales que la vida. ¿Será que nos merecemos lo que tenemos?

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