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Cuando los que deben combatir al crimen son también asesinos
Soldados son convocados para dar seguridad, pero son acusados por acciones criminales
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29 de enero de 2017 a las 05:00
Por Nicholas Casey, New York News Service
Los soldados entraron en casa de Rafael González ante la mirada de su madre y su novia. Sería un interrogatorio de rutina, les aseguraron a él y a otros arrestados esa noche, antes de llevarlos a una oscura barraca militar.
Lo que siguió después fue todo menos normal, recordó González.
Lo desnudaron, lo patearon y lo golpearon con la culata de un rifle, afirmó. Los soldados lo colgaron por los brazos del techo con una cuerda, demandando saber si pertenecía a una de las pandillas que había aterrorizado a su vecindario en el área rural venezolana de Barlovento con robos y secuestros.
"Me dijeron: 'Vamos a jugar un juego, Rafaelito. Se llama electrocución'", dijo González, quien tiene 17 años. "Me dieron descargas en el abdomen, el cuello, el pene, las nalgas, la espalda, mis manos; en todas partes. Sentía que mis tímpanos explotarían".
El 21 de octubre, cinco días después de ser arrestado, González, magullado y aterrorizado, fue liberado, comentó.
Pronto se daría cuenta de que estuvo entre los afortunados. Semanas después, fueron encontrados los detenidos en redadas similares, la mayoría en el fondo de una fosa común. Muchos habían sido torturados, según las autoridades.
"Imagine cómo me sentí como madre", dijo Petra Pérez, cuyo hijo de 18 años, Anthony Vargas, fue encontrado muerto, su cuerpo parcialmente en descomposición. "Tenía una pequeña esperanza de que mi hijo siguiera vivo, de que no estuviera en esa fosa".
Los asesinatos en Barlovento, que los investigadores del gobierno condenaron como una matanza de inocentes, apuntaron a un inquietante culpable en la creciente violencia del país: sus propias fuerzas de seguridad.
Venezuela padece desde hace tiempo una de las tasas de criminalidad más altas del mundo. Pero la crisis económica, que afecta desde hospitales hasta el suministro de alimentos, profundizó la miseria y la delincuencia.
Los asesinatos ascendieron a 28.479 el año pasado, la cifra más alta jamás registrada en el país, según el Observatorio Venezolano de Violencia, un grupo independiente que da seguimiento a los crímenes.
Las pandillas armadas establecierron un firme control de los barrios, y muchos venezolanos se vuelcan a la delincuencia conforme la inflación hace añicos sus salarios y los empleos se vuelven más difíciles de encontrar.
Algunos de estos grupos armados fueron anteriormente anclas del apoyo gubernamental en los barrios. Estos llamados colectivos empezaron como grupos comunitarios y eventualmente fueron armados por miembros del movimiento del presidente Hugo Chávez, permitiendo su surgimiento como defensores militantes del gobierno.
Pero después de que Chávez murió en 2013 y la economía de Venezuela empezó a caer en espiral, algunos de sus esbirros callejeros leales se dedicaron cada vez más al crimen, rompiendo con el gobierno y uniéndose a una constelación de grupos armados que secuestran, asaltan y matan.
En un esfuerzo por restablecer el orden, el gobierno recurrió a la institución en la que más confía: los militares. En todo el país, las fuerzas armadas se convirtieron en los custodios de la ley, involucrándose en redadas estilo comando que en ocasiones toman el perfil de guerra urbana.
Tarek William Saab, el ombudsman del gobierno que investiga el caso de Barlovento, dijo que las víctimas eran hombres y mujeres inocentes sometidos a "los más infames casos de crueldad e inhumanas denigraciones de tortura".
Las autoridades señalaron que 18 soldados, incluido un teniente coronal y un capitán, fueron oportunamente detenidos en conexión con los asesinatos.
Provea, una organización que da seguimiento a las muertes en redadas, dijo que más de 600 personas fueron asesinadas el año pasado en episodios como el de Barlovento, muchas más que las 245 de 2015.
Todo empezó en televisión. El pasado 10 de octubre, Néstor Reverol, el poderoso ministro del interior, divulgó un video en el cual estaba de pie ante soldados y vehículos blindados, anunciando que enviaría a casi 1.400 miembros de las fuerzas de seguridad a seis municipios.
Pocos sospechaban que hubiera algo que temer con la llegada de los soldados, de quienes creían que habían sido enviados para ayudarlos. "Fue la primera vez que algo como esto nos sucedía", dijo Pérez, desconsolada.
Los soldados entraron en casa de Rafael González ante la mirada de su madre y su novia. Sería un interrogatorio de rutina, les aseguraron a él y a otros arrestados esa noche, antes de llevarlos a una oscura barraca militar.
Lo que siguió después fue todo menos normal, recordó González.
Lo desnudaron, lo patearon y lo golpearon con la culata de un rifle, afirmó. Los soldados lo colgaron por los brazos del techo con una cuerda, demandando saber si pertenecía a una de las pandillas que había aterrorizado a su vecindario en el área rural venezolana de Barlovento con robos y secuestros.
"Me dijeron: 'Vamos a jugar un juego, Rafaelito. Se llama electrocución'", dijo González, quien tiene 17 años. "Me dieron descargas en el abdomen, el cuello, el pene, las nalgas, la espalda, mis manos; en todas partes. Sentía que mis tímpanos explotarían".
El 21 de octubre, cinco días después de ser arrestado, González, magullado y aterrorizado, fue liberado, comentó.
Pronto se daría cuenta de que estuvo entre los afortunados. Semanas después, fueron encontrados los detenidos en redadas similares, la mayoría en el fondo de una fosa común. Muchos habían sido torturados, según las autoridades.
"Imagine cómo me sentí como madre", dijo Petra Pérez, cuyo hijo de 18 años, Anthony Vargas, fue encontrado muerto, su cuerpo parcialmente en descomposición. "Tenía una pequeña esperanza de que mi hijo siguiera vivo, de que no estuviera en esa fosa".
Los asesinatos en Barlovento, que los investigadores del gobierno condenaron como una matanza de inocentes, apuntaron a un inquietante culpable en la creciente violencia del país: sus propias fuerzas de seguridad.
Venezuela padece desde hace tiempo una de las tasas de criminalidad más altas del mundo. Pero la crisis económica, que afecta desde hospitales hasta el suministro de alimentos, profundizó la miseria y la delincuencia.
Los asesinatos ascendieron a 28.479 el año pasado, la cifra más alta jamás registrada en el país, según el Observatorio Venezolano de Violencia, un grupo independiente que da seguimiento a los crímenes.
Las pandillas armadas establecierron un firme control de los barrios, y muchos venezolanos se vuelcan a la delincuencia conforme la inflación hace añicos sus salarios y los empleos se vuelven más difíciles de encontrar.
Algunos de estos grupos armados fueron anteriormente anclas del apoyo gubernamental en los barrios. Estos llamados colectivos empezaron como grupos comunitarios y eventualmente fueron armados por miembros del movimiento del presidente Hugo Chávez, permitiendo su surgimiento como defensores militantes del gobierno.
Pero después de que Chávez murió en 2013 y la economía de Venezuela empezó a caer en espiral, algunos de sus esbirros callejeros leales se dedicaron cada vez más al crimen, rompiendo con el gobierno y uniéndose a una constelación de grupos armados que secuestran, asaltan y matan.
En un esfuerzo por restablecer el orden, el gobierno recurrió a la institución en la que más confía: los militares. En todo el país, las fuerzas armadas se convirtieron en los custodios de la ley, involucrándose en redadas estilo comando que en ocasiones toman el perfil de guerra urbana.
Tarek William Saab, el ombudsman del gobierno que investiga el caso de Barlovento, dijo que las víctimas eran hombres y mujeres inocentes sometidos a "los más infames casos de crueldad e inhumanas denigraciones de tortura".
Las autoridades señalaron que 18 soldados, incluido un teniente coronal y un capitán, fueron oportunamente detenidos en conexión con los asesinatos.
Provea, una organización que da seguimiento a las muertes en redadas, dijo que más de 600 personas fueron asesinadas el año pasado en episodios como el de Barlovento, muchas más que las 245 de 2015.
Todo empezó en televisión. El pasado 10 de octubre, Néstor Reverol, el poderoso ministro del interior, divulgó un video en el cual estaba de pie ante soldados y vehículos blindados, anunciando que enviaría a casi 1.400 miembros de las fuerzas de seguridad a seis municipios.
Pocos sospechaban que hubiera algo que temer con la llegada de los soldados, de quienes creían que habían sido enviados para ayudarlos. "Fue la primera vez que algo como esto nos sucedía", dijo Pérez, desconsolada.
