¡Cuidemos el tesoro!

El estado de derecho, la institucionalidad democrática, las garantías y libertades individuales y la separación de poderes son un tesoro que, luego de siglos de luchas, de idas y venidas, muchos países de Occidente se han otorgado a sí mismos. Sobre esas bases se construye la vida de las naciones libres y prósperas, y son los cimientos que facilitan a los ciudadanos el goce de la libertad y el desarrollo personal y social. Sin ellos, estaríamos al arbitrio de lo que decida una persona o un grupo de personas sin límites ni cortapisas. Son un tesoro, pero a veces no se lo valora, se lo arroja por la borda o se lo descuida. Cuando ello ocurre los países empiezan a ir cuesta abajo y corren el riesgo de perder los niveles de civilización y desarrollo alcanzados por generaciones anteriores.

Un ejemplo de ello es el sistema educativo. Hay países, como Uruguay y Argentina, que han gozado de muy buenos niveles educativos, pero por inacción y falta de energía para solucionar problemas a tiempo, adecuarse a los cambios, y no resignarse con niveles mediocres, comenzaron a deteriorar y perder el tesoro educativo. Y con este, la calidad de vida y las posibilidades de desarrollo personal de los ciudadanos, algo que repercutirá, sobre todo, en las generaciones futuras. La calidad de una sociedad está estrechamente asociada a la calidad educativa y si esta última se deteriora, lo mismo le ocurrirá a esa sociedad, frustrando a sus habitantes y fomentando la emigración.

Con el estado de derecho y la institucionalidad republicana ocurre algo semejante. Cuesta mucho construirlas y se pueden destruir en pocos años. Basta observar a nuestros vecinos, donde la extendida corrupción en estamentos políticos, empresariales y sindicales, han sumergido a esos países en enormes problemas políticos y económicos de los que no es fácil salir.

De ahí que no haya riqueza mayor para un país que un buen entramado social que favorezca la igualdad de oportunidades, un buen sistema educativo y un buen marco institucional como catapulta del avance social, mucho más incluso que los más abundantes recursos naturales (y Venezuela hoy es un trágico ejemplo de ello). Y junto con ellos, la vigencia natural de una serie de valores –el valor de la palabra dada, el cumplimiento de las leyes, la laboriosidad, la solidaridad, el respeto de la libertad, etcétera– es fundamental para que una sociedad no decaiga, para que la democracia fructifique, para que la prosperidad crezca y se distribuya más equitativamente.

Esos valores son plantas frágiles y cualquier temporal puede destruirlas como también puede destruirlas el descuido, la falta de riego. No se pueden tomar por dadas y nadie se puede considerar inmune a perderlas por más que las haya cultivado con esmero en el pasado. Democracias ejemplares han devenido en dictaduras o autocracias, economías pujantes se han hundido bajo el peso de regulaciones, naciones emergentes se han venido derrumbando.

Todo esto no es una reflexión de filosofía política de carácter especulativo. Es algo que los uruguayos debemos pensar con sumo cuidado. Los acontecimientos de los últimos días, con la renuncia del Sendic el pasado sábado 9, las declaraciones del presidente Vázquez el lunes 11 y la asunción de Lucía Topolansky como nueva vicepresidenta el miércoles 13, encienden una luz de alerta.

Es cierto que los mecanismos institucionales funcionaron tal como estaban previstos. Pero entre un visto y no visto, por parte del gobierno y del Frente Amplio se pretendió dar la señal de que "acá no ha pasado nada". Incluso la renuncia de Sendic se fundamenta en "razones personales", como si tuviera un quebranto de salud o un problema familiar.

Por ello no fue oportuno que el miércoles 13, la renuncia de Sendic y la asunción de Topolansky se resolvieran en apenas dos minutos. Parecía que simplemente se cumplía un trámite parlamentario, sin nada que destacar, cuando estábamos en presencia de un hecho histórico como la renuncia de un vicepresidente y no por razones de salud o "personales", sino severamente cuestionado por el Tribunal de Conducta Política de su propio partido por un "proceder inaceptable en la utilización de dineros públicos". No fue una crisis institucional de proporciones, como se señaló en algunos sectores, porque los mecanismos constitucionales funcionaron correctamente. Pero tampoco fue un "aquí no pasó nada, demos vuelta la página", como pretendió el gobierno y el Frente Amplio.

Lo que pasó fue muy grave y así lo reflejaron los principales medios de prensa del mundo. No fue, como dijo Mujica, por un "par de calzoncillos". Porque el monto de los "dineros públicos" usados inapropiadamente no quita entidad al hecho, lo que da entidad es el "proceder inaceptable" de ese manejo.

Por favor, cuidemos el tesoro del estado de derecho y de los valores republicanos, que se deterioran también si queremos quitar entidad a algo que la tiene