De Facebook al juzgado

Coleccionaba "me gusta" a cualquier precio hasta que un día terminó procesado. La historia se repite cada vez más. Los insultos y las mentiras divulgadas en Facebook llegan a los juzgados a granel. Opera en la psiquis de los que escriben la sed de popularidad y la ignorancia de la ley, que permite sancionar al que da el clic con una multa de hasta $ 700 mil y tres años de prisión.

La negación de que lo escrito pueda convertirse en un búmeran y perjudicar al otro, o incluso al que escribe, también funciona en la mayoría de los casos. "Si bien la persona sabe que lo que está publicando es potencialmente público y que puede convertirse en viral, al estar ahí frente a su pantalla o celular, al no ver ese auditorio, se genera mucha desinhibición y la negación de que lo que dije puede afectar a otra persona", explica el psicólogo y magíster en educación Roberto Balaguer.

Los insultos o las acusaciones infundadas "se escriben generalmente en determinado momento de vulnerabilidad emocional, en el fragor de la batalla y la excitación, que se da a veces en ambientes grupales", agrega el autor de libros sobre el tema, entre ellos, Hiperconectados (editorial Santillana, 2010). En esas condiciones, no suele medirse el alcance de las palabras y el costo puede ser alto.

Varios actores judiciales coinciden en que las palabras que se tiran en las redes sociales llegan cada vez con más frecuencia a los juzgados. "La gente tiene como una ansiedad de figurar y no es consciente del alcance de las redes sociales", asegura el abogado penalista Juan Fagúndez, quien advierte que los que insultan o difaman a otros en las redes sociales sucumben en "la ignorancia, en creer que no va a pasar nada". Sin embargo, pasa.

La jueza Blanca Rieiro también advirtió sobre el cambio que se está desarrollando: "Hay personas que escriben las cosas más insólitas de otras personas con gran impunidad, creyendo que porque lo escribe en un muro de Facebook no causa daño ni lesiona ningún bien jurídico pero no es así, porque los jueces nos hemos adaptado también a investigar estos delitos".
A diferencia del insulto callejero y de la difamación en el bar de la esquina, lo escrito en las redes sociales queda documentado y se transforma en prueba.

"Por más que lo borre de Facebook queda registrado que eso alguna vez se escribió y si la persona lo niega, se rastrea y se corrobora que partió de un sistema y de ese usuario", explicó la magistrada a El Observador. Las personas quedan presas así de sus palabras y por ellas, incluso, pueden terminar tras las rejas, ya sea por difamación, injuria o por otro delito como la incitación al odio. Un joven en Salto fue procesado con prisión en marzo de este año por invitar a matar "judíos, homosexuales y negros" desde una cuenta con seudónimo en Facebook.

Casos recientes

En los últimos días se divulgaron en la prensa dos denuncias por difamación a través de Facebook. Luis Lacalle Pou denunció a un hombre que aseguró en esa red social que el senador blanco atropelló hace varios años a una persona que murió en el accidente. Las partes llegaron a un acuerdo durante la primera audiencia judicial. El denunciado aceptó disculparse y reconocer la falsedad de su afirmación en Facebook y publicar el mismo texto en la sección de cartas de los lectores de El Observador, El País, Búsqueda y La República.

Unos días más tarde, un adolescente también publicó en Facebook que Pablo Goncálvez, el hombre que quedó en libertad el mes pasado después de estar preso más de 20 años por un triple homicidio, estaba siendo protegido por un vecino suyo en Salto, al que nombró en la publicación. Su vecino lo denunció y el adolescente debió disculparse y retractarse también en Facebook. "Lo hice por rabia, miedo a que fuera verdad y no medí las consecuencias de mis palabras", escribió el adolescente en su muro.

La mayoría de los casos terminan con este final: denunciado y denunciante llegan a un acuerdo antes de que el juez deba procesar al que escribió por difamación o por injurias. "He tenido muy poquitos procesamientos y muchos acuerdos", advierte el fiscal Gustavo Zubía. De todas maneras, el Código Penal (CP) establece con claridad que pueden merecer ambos delitos.

El artículo 333 del CP, que tipifica el delito de difamación, establece que "el que ante varias personas reunidas o separadas, pero de tal manera que pueda difundirse la versión, le atribuyere a una persona un hecho determinado, que si fuere cierto, pudiera dar lugar contra ella a un procedimiento penal o disciplinario, o exponerla al odio o al desprecio público, será castigado con pena de cuatro meses de prisión a tres años de penitenciaría o 80 unidades reajustables (UR) a 800 UR de multa", unos $ 700 mil. El juez de Soriano, Damián Battó Stabilito, procesó el pasado 7 de febrero por este delito a un hombre que publicó en su Facebook que un empresario "despidió trabajadores por reclamar condiciones de trabajo, aportes que les robaba, viáticos que les pertenecen".

Por otro lado, el delito de injuria, tipificado en el artículo 334 del CP, establece que el que "ofendiere de cualquier manera, con palabras, escritos o hechos, el honor, la rectitud o el decoro de una persona, será castigado con pena de tres a dieciocho meses de prisión o 60 UR a 400 UR". El artículo siguiente exime de responsabilidad a "cualquier clase de manifestación humorística o artística".

Abuso en las denuncias

Zubía considera que "hay mucho abuso en las denuncias" sobre difamación e injurias en redes sociales. "Si vos, por cada palabra que en Facebook te parezca desproporcionada vas a hacer la denuncia, tenemos que hacer una justicia especializada en Facebook", comentó. "Si un hombre escribe que su exmujer es una yegua, yo pido el archivo por la intrascendencia sustantiva, pero si el tipo hace seis meses que la está cargoseando y la mujer agrega uno y otro mensaje, ahí es diferente porque hay una mecánica intensa", explicó el fiscal, que sentenció: "Por una sola puteada, no pido procesamiento". Pero cada fiscal tiene independencia técnica y puede pedir diversas sanciones en el marco de la ley.

"Es muy común entre exparejas que tienen algún juicio de divorcio, de separación de bienes, de tenencia de hijos, que metan una denuncia por difamación e injurias para ir pegando", aseguró Zubía, que recuerda cómo ha evolucionado el concepto del honor en la sociedad uruguaya. Los duelos de principios de siglo son reemplazados por las denuncias y los juicios por comentarios ofensivos en Facebook.

Juez brasileño pidió cerrar Facebook

En agosto de 2012, un juez electoral ordenó bloquear por 24 horas el acceso en Brasil a la red social Facebook por desacatar una orden para que suprimiera una página ofensiva contra un asambleísta que buscaba la reelección. La autoridad electoral de Florianópolis acusó a Facebook de incumplir un fallo previo que le ordenaba retirar una página ofensiva contra el asambleísta de ese estado, Dalmo Menezes. El portal contenía publicidad negativa y anónima contra el candidato, lo cual es prohibido por la ley electoral.