De piquetes, expresión y falta de servicios

Diferentes servicios se vieron en los últimos días afectados por protestas tanto desde los trabajadores, como de los empresarios. En unos 40 supermercados, la Federación de Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys) realizaba ayer piquetes sopresivos, impidiendo el ingreso a los clientes; en tanto la Unión de Vendedores de Nafta de Uruguay (Unvenu), realizaba un paro de 48 horas que llevó a que varias estaciones quedaran sin combustible.

Si bien en los dos casos se trata de medidas de lucha que hacen uso de la libertad de expresión, hay distintas posturas sobre la legalidad de las acciones de gremios y patronales, y sobre cómo se configuran.

Desde el oficialismo, se cuestionó la medida empresarial pero no la de los trabajadores. "Algunos luchan por no perder privilegios millonarios y otros por llegar a un salario un poco mejor. Unos protegidos y los otros denostados", publicó en su cuenta de Twitter el diputado por el MPP, Sebastián Sabini. Por su parte, el diputado Alfredo Asti (Asamblea Uruguay) cuestionó el propósito del paro de los estacioneros y cómo se ven las medidas de Fuecys y Unvenu. "Sí trabajadores de supermercados paran atentan contra turismo,cuando los empresarios de combustible lo hacen es en defensa de sus derechos?", escribió en la red social.

Por su parte, el asesor legal del PIT-CNT, Héctor Zapirain dijo a El Observador que en una concepción amplia, los piquetes, así como las ocupaciones, serían una modalidad de huelga. Ese derecho está legitimado por la Constitución en su artículo 57. Por lo tanto, en las manifestaciones de Fuecys, explicó, "no hay ilegalidad, siempre y cuando no se incurra en violencia, amenazas a las personas", entre otras.

De todas formas, el PIT-CNT sí cuestiona la medida empresarial y la califica de "lock out patronal".

El secretario general de la central sindical, Marcelo Abdala criticó la medida de las estaciones y afirmó que mientras que "ellos no pierden de ganar" los trabajadores en huelga pierden el jornal.

Para el abogado constitucionalista Martín Risso, los casos son diferentes. En los piquetes, el problema se da cuando hay excesos en las manifestaciones y terminan "dificultando, impidiendo o amenazando" a terceros, "en ese caso se transforma en ilícito".

Eso sucede en el caso de los "trancazos" en supermercados, ya que no se deja acceder a los clientes a los comercios.

Un caso diferente son, según Risso, las medidas de las estaciones de servicio, ya que en ese caso, solo se puede saber si son lícitas o no las medidas conociendo la normativa que las regula y los acuerdos que tienen con ANCAP. El abogado explicó que, en ese sentido, el derecho a huelga es a favor de los gremios de trabajadores, que están en situación de dependencia. No aplica en el caso de las estaciones de servicio porque son patrones, y se está dentro del Derecho Civil.

Pese a coincidir en que no se configura una huelga, para el abogado que asesora a la Unvenu, Pablo Donnángelo, la medida de protesta contra el nuevo modelo para la comercialización y distribución de combustibles, como cualquier otra, "es una de manifestación de la libertad de expresión del pensamiento", por lo cual tiene respaldo constitucional, independientemente de que la realicen trabajadores o empleadores.

Si bien reconoce que la decisión de los dueños de las estaciones perjudica a otros, afirmó que en general prima el derecho a la protesta. Aseguró que no amerita que se declare esencialidad ya que se está abasteciendo a servicios donde es imprescindible y no se pone en riesgo la seguridad, salud ni la vida.

Se trata de un lock out particular, explicó por su parte el profesor grado 5 en Derecho del Trabajo, Juan Raso ya que no va en contra de los trabajadores sino del Estado. De todos modos, la medida "no deja de ser una expresión natural del conflicto en una sociedad plural", dijo.

Sin embargo, según la ley 13.720 en su artículo 3, "ninguna medida de huelga o "lock out" será considerada lícita si el problema que la origina y la decisión de recurrir a tales medidas no han sido planteadas con no menos de siete días de anticipación" a la Comisión de Productividad, Precios e Ingresos.

Donnángelo, indicó que la empresa estatal "no tiene legitimidad para reclamar" porque "ANCAP incumple nada menos que en la obligación esencial que es la modificación de la ecuación económica de forma unilateral", afirmó.