De Ripley

En efecto, Pérez Manrique señaló, entre otras cosas, que "tenemos un sistema penal totalmente distorsionado", que "hay delitos absurdos por los cuales una persona puede terminar en prisión" (¿recuerda el lector el procesamiento con prisión de dos personas que tuvo lugar porque intentaron comprar el cambio de mutualista durante la apertura anual del "corralito" con $ 2.000?), y que "hay un descenso en la calidad legislativa", señalando, por ejemplo, que "la ley de medios tiene artículos ininteligibles". Y de paso, el presidente de la Suprema Corte de Justicia marcó las grandes ventajas del nuevo Código de Proceso Penal: garantiza el principio de la presunción de inocencia, evitando que alguien vaya a prisión sin tener condena, cosa que no sucede hoy donde más del 50% de los 10.000 presos no tienen condena firme. Va a "permitir el afianzamiento de los derechos básicos de la persona que están en el Derecho Internacional y en nuestra Constitución".

Es penoso y habla muy mal de nuestra conciencia cívica sobre las libertades individuales que haya llevado tanto tiempo para que se aprobara el nuevo Código del Proceso Penal, que cambia tan radicalmente las garantías de la persona en algo tan sagrado como su libertad personal. Es más penoso aún que, aprobado dicho código, se demore en su aplicación por las dificultades materiales que conlleva y por el cambio cultural que implicará en jueces, fiscales y abogados (de ahora en más, juez y fiscal dejarán de trabajar juntos indagando a la persona, el fiscal realizará la función acusatoria; el abogado preparará la defensa en tiempo y forma y con todas las pruebas diligenciadas, y el juez dictará sentencia actuando en forma imparcial). Y es muy triste que tengamos permanentes dilaciones de la entrada en vigencia por razones presupuestales. Pasamos la época de las vacas gordas y no había recursos. En la de las vacas flacas tampoco los hay porque hay que atender cientos de reclamos corporativos. Es que para aumentar sueldos de funcionarios públicos, o para incorporar más funcionarios a la ya enorme cantidad que alberga nuestro Estado, siempre hay pancartas y sindicatos que las agitan. Para defender las libertades no hay pancarta alguna y no hay sindicato de nada. Debería ser la conciencia de nuestros gobernantes la que urgiera el cambio del proceso penal, pero ese cambio no trae votos y no parece interesarle a nadie. Total, hasta que el proceso penal no le toca a uno (quizá por un accidente automovilístico) o a alguien cercano, no pasa nada.

Es muy grave que el presidente de la Suprema Corte de Justicia haga estas advertencias y marque estas claudicaciones de nuestro sistema penal sin que a nuestros gobernantes ni a las organizaciones sociales defensoras de los derechos humanos se les mueva un pelo. En cambio, se genera una espectacular batahola por un ajuste fiscal (que según el gobierno no es "ajuste" sino "consolidación fiscal"), que es más pequeño que el que realizó el gobierno el año pasado con el manejo de tarifas públicas. No le quito importancia a una ley que la va a tocar el bolsillo a la ciudadanía, pero creo que en una sociedad democrática son más importantes los valores que le dan vida y la sostienen. Y poco democrática es una sociedad en la que "el sistema penal está totalmente distorsionado" y en la cual hay un marcado descenso en "la calidad legislativa". Nos jugamos mucho en esas cosas y no parecemos darnos cuenta. Estamos como anestesiados frente a la pérdida de valores fundamentales.