Debilidades ante la OCDE

Cuatro asuntos podrían ser un obstáculo para que Uruguay ingrese a este organismo de cooperación

La actual política del gobierno de bienquistarse con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se justifica porque afianza la reputación del país en varios frentes, como aliento a la inversión y mejora de calificación de la deuda pública, pese a que se paga el costo de ahuyentar capitales extranjeros, mayoritariamente argentinos. Uruguay ha zafado de su inclusión en la lista, negra primero y gris después, de los paraísos fiscales que refugian capitales mal habidos. Se logró mediante acuerdos de libre intercambio de información financiera con una docena de países, rezándole el responso final al secreto bancario, como exigía ese club mundial de 30 naciones ricas y de economías abiertas, que representa el 80% del Producto Interno Bruto (PIB) del planeta y el 70% del comercio mundial. El paso natural siguiente sería tratar de incorporarse a la OCDE como miembro, meta prestigiosa que en América Latina han logrado México y Chile y que ya gestionan Colombia y Costa Rica.

Pero aquí aparecen debilidades de nuestro país que generan obstáculos poco menos que insalvables, realidad señalada en estudios de los expertos Ignacio Munyo y Carlos Loaiza Keel, publicados por El Observador. Ser aceptado en la OCDE exige aprobar rígidas normas estructurales ante los 20 comités del organismo. Podríamos pasar el examen probablemente en 16. Pero el atraso en cuatro áreas crea muros que solo podrían removerse con reformas y mejoras de gestión que no se avizoran. Hemos cumplido con el Comité de Asuntos Fiscales en materia tributaria, pero persiste un déficit que no da las requeridas señales de abatimiento. Ante el Comité de Salud nos debilita la debacle financiera del Fonasa y las claudicaciones asistenciales del Sistema Nacional Integrado de Salud desde la reforma de 2007.

Más grave es la brecha que existe entre las normas del Comité de Gobierno Corporativo y el desparejo funcionamiento de las empresas públicas. Por un lado, el gobierno las utiliza indebidamente para financiar sus apremios, a expensas de los consumidores, tanto hogares como empresas, abrumados por tarifas de servicios públicos infladas artificialmente. Por otro, el funcionamiento eficiente de UTE y de ANTEL, contrasta con la pavorosa gestión de las anteriores autoridades de ANCAP y las flaquezas de OSE desde que se le dio constitucionalmente el monopolio absoluto del agua potable.

El obstáculo mayor a un eventual ingreso uruguayo a la OCDE, sin embargo, lo constituye el Comité de Política Educativa. Exige a los países miembros calidad y resultados eficaces, tanto en los niveles académicos y en la formación de docentes como en la equidad de oportunidades educativas para todos, área donde las desigualdades entre ricos y pobres son abismales, como lo demostró el reciente informe del estatal Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Pasar de grado ante este comité exigiría la drástica reforma de la educación pública que los tres gobiernos del Frente Amplio prometieron pero que ninguno fue capaz de encarar. Todo esto concurre en anticipar que difícilmente Uruguay pueda ingresar a la OCDE en el futuro previsible, debiendo conformarse con un diploma que acredita parcial buena conducta pero que lo mantiene lejos de aprobar la carrera.


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