Decisiva incidencia del déficit

El ajuste fiscal a que está obligado el gobierno, única forma de evitar que el estancamiento se convierta en caída, tiene un costo temporal

El ineludible ajuste fiscal a que está obligado el gobierno, única forma de evitar que el estancamiento se convierta en caída, tiene un costo temporal y una ganancia permanente. Al haber menos inversión pública por reducción del gasto estatal, se verán afectados el empleo y el salario real, segura fuente de conflictividad sindical, como ya ha adelantado el PIT-CNT. Pero esta situación será pasajera si el gobierno se maneja sin desvíos para que el país gane la estabilidad macroeconómica sostenida, hoy amenazada. Apremia reducir el gasto público para bajar el déficit fiscal, que se anticipa rondará el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) este año. Aunque a algunos la cifra no les parezca tan preocupante, su incidencia es decisiva en que Uruguay mantenga el grado inversor, que es bastante más que una distinción honorífica.

Sin grado inversor se encarece el crédito, aumenta la deuda pública y, sobre todo, se ahuyenta a los inversores privados que el país necesita en forma apremiante para reemplazar la declinante inversión estatal. Moody’s y Fitch, dos de las tres principales calificadoras mundiales de riesgo, ya han advertido al gobierno de este riesgo. Un informe de Moody’s avisó que si no se reduce el déficit, “la deuda pública podría superar el 50% del PIB en 2017, lo que socavaría la credibilidad de la política fiscal”, poniendo al país a la puerta de perder el grado inversor.

En caso de concretarse, se convertiría en crítica una situación difícil pero que todavía es manejable, siempre y cuando Uruguay mantenga la confianza de los inversores privados que se necesitan para las obras de infraestructura y reactivación del empleo que el sector público no está en condiciones de solventar. Pero al gobierno no le será fácil abatir el déficit, a menos que el bisturí vaya a fondo. Se ha adelantado la intención de reducir en 10% el gasto presupuestado para 2017. Seguramente será sobre gasto discrecional y no sobre el total de US$ 12.000 millones. En efecto, algo más de 70% del presupuesto está rígidamente comprometido en sueldos, pasividades, transferencias y otras obligaciones que no pueden ser tocadas. El gobierno asegura además que se mantendrán intactas las partidas para seguridad, educación y políticas sociales, todo lo cual deja un campo escaso donde cortar gastos, especialmente teniendo en cuenta que ya se han reducido las inversiones de las empresas públicas.

Cuando el Consejo de Ministros se reúna hoy para hincarle el diente a la Rendición de Cuentas tendrá que decidir por dónde corta. La prioridad obvia es aprobar medidas de ajuste que sean efectivas y que convenzan a los mercados de la firme intención del gobierno de ordenar las cuentas públicas. Enfrentará exigencias de sectores de su Frente Amplio y del PIT-CNT que son comprensibles pero que están fuera de la realidad. Demandan más inversión pública para defender empleos y salarios y, para evitar que ese gasto empeore el déficit, reclaman subir impuestos a las inversiones y a los sectores de mayores ingresos. Pero aumentos tributarios que desalientan la inversión externa es el camino seguro a la caída de actividad y a un desempleo aun mayor. El presidente Tabaré Vázquez y sus ministros enfrentan hoy la crucial disyuntiva de demostrar su capacidad para superar esas presiones sectoriales y encauzar al país en el único rumbo seguro, aunque tenga que pagar durante un tiempo el costo de medidas impopulares.


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