Declaró gerenta de BPS y el organismo amplía investigación interna

La jueza Staricco citó ayer a directivos del Círculo Católico y responsable de afiliaciones del Casmu
Las audiencias por la estafa al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) a través de afiliaciones truchas a mutualistas por parte de empresas fantasmas continuaron ayer con declaraciones de cinco personas más. En la mañana declararon como testigos ante la jueza penal Julia Staricco y la fiscal Mónica Ferrero, una gerenta del área de altas y bajas de empleados del Banco de Previsión Social (BPS), un directivo del Círculo Católico y uno de los denunciantes, informaron a El Observador fuentes del caso. Por la tarde, declararon otras dos personas, entre ellas un funcionario del área de afiliaciones del CASMU. Al cierre de esta edición la audiencia no había finalizado.

A raíz de la investigación a nivel judicial, el BPS amplió una investigación que venía realizando desde noviembre, según dijo a El Observador Rosario Oiz, integrante del directorio del organismo y representante ante la Junta Nacional de Salud (Junasa). Oiz remarcó que ya había "en proceso una investigación administrativa" por empresas dudosas y aseguró que las unipersonales en las que figuraban como titulares tres de los cinco procesados con prisión por la estafa, ya están dados de baja. A su vez, dos de ellos aparecían como dependientes de empresas de manera recíproca, es decir que uno era empleado del otro.

La investigación ampliada del organismo consiste en investigar la actividad que los implicados venían desarrollando desde 2011. "Estamos analizando la historia porque hay un informe de la fiscal que habla de que esto se venía desarrollando desde 2011, entonces estamos rastreando para atrás. Las unipersonales arrancaron el año pasado, son del 2016", dijo Oiz. El miércoles 1, durante una conferencia de prensa por el cierre del corralito mutual, Oiz indicó que el BPS comenzó a realizar denuncias penales por irregularidades con empresas desde 2009. Según afirmó, si dentro de esas denuncias se encuentran las empresas truchas que creaba el grupo de estafadores, "ninguna de esas empresas está vigente hoy".

Ayer, en diálogo con El Observador, la jerarca indicó que uno de los puntos a investigar son las 80 empresas fantasma que quien oficiaba de promotor del Círculo Católico dijo haber creado. Con respecto a la gerenta que declaró ayer como testigo, la directora del BPS afirmó que no ha sido investigada sino que, por el contrario, participó de investigaciones administrativas. "En toda la investigación que nosotros hemos venido llevando adelante no solo por eso sino por otros casos, no tenemos ningún funcionario vinculado a una maniobra", dijo.

El promotor del Círculo Católico que creó 80 empresas a su nombre, recibía $ 3.500 por cada afiliación que sumaba a esa mutualista, según surge del auto de procesamiento divulgado el miércoles por la noche en la web del Poder Judicial. Ayer la juez Staricco pidió su captura.

Si bien las mutualistas pueden promocionarse, o bien ofrecer sus servicios a través de empresas promotoras tercerizadas, en la estafa detectada los supuestos promotores pagaban $ 500 a vecinos de asentamientos para que firmaran un supuesto formulario de afiliación, algo que está prohibido. Además, durante un allanamiento realizado en la casa de Christian Martín, uno de los procesados, se encontró una lista con 31 mil cédulas que se intenta determinar si sus titulares fueron afiliados ilícitamente a mutulistas como socios Fonasa, cuando en realidad no aportaban al BPS y por lo tanto no tenían derecho a elegir un prestador. Eso causó un perjuicio económico al Estado que alcanza los US$ 900 mil por año durante seis años, según un cálculo realizado por el presidente de la Junasa, Arturo Echevarría.

El viernes 24, además de a Martín, la jueza Staricco también procesó a dos personas que reclutaban personas para inscribirlas en el Círculo Católico. Estos dos recibían un subsidio de desempleo pagado por el Banco de Previsión Social (BPS), a sabiendas de que no les correspondía, y que había sido gestionado por Martín.

En tanto, las madres de estos últimos también fueron procesadas con prisión, ambas por ser titulares de empresas truchas. Además, Martín le gestionó a una de ellas un préstamo en el BPS, mientras que a la otra le cobró durante seis meses un subsidio por desempleo, lo que se considera una estafa paralela a la de las mutualistas.

La investigación policial apunta a siete prestadores privados, entre ellos el Casmu y el Círculo Católico y tiene como foco especialmente al área comercial y de captación de socios.

El principal motivo es que se presume que las mutualistas cobraron durante casi seis años –tiempo que duró la estafa– las cápitas que paga la Junasa por socios que en realidad no existían, que equivale a una suma de dinero dependiendo del usuario que se atienda.


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