La defensa del expresidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva pidió a la corte suprema que el juez Sergio Moro sea investigado por interceptar "ilegalmente" un teléfono de los abogados del expresidente en el marco de la investigación del caso de corrupción en Petrobras.
En una petición presentada el miércoles ante el Supremo Tribunal Federal (STF), el abogado Roberto Teixeira señaló que el juez Moro interceptó el teléfono del estudio Teixeira, Martins & Advogados, lo que "además de contrariar expresamente la legislación brasileña y los tratados internacionales de los que
Brasil es signatario, debilita al propio Estado de Derecho".
Los investigadores de la operación "Lava Jato", que indagan la red de corrupción en Petrobras, afirmaron que el teléfono pinchado estaba registrado a nombre de la firma que organiza las conferencias de
Lula, pero la defensa del líder del PT sostuvo que la propia empresa de telefonía confirmó que se trataba del número de un bufete de abogados.
Los investigadores de la Lava Jato discreparon que el registro fuera alterado después de la polémica de las escuchas que estalló el 16 de marzo, cuando Moro reveló el contenido de conversaciones telefónicas entre Lula con la presidenta
Dilma Rousseff, con algunos ministros y con sus abogados.
El expresidente brasileño es uno de los investigados en el caso Lava Jato, por presunta ocultación de bienes y como presunto beneficiario de favores por parte de empresas involucradas en el esquema de corrupción de Petrobras.
Lula niega estar involucrado, pero por orden del juez Moro fue llevado por la fuerza a declarar a inicios del pasado mes.
Lula fue nombrado poco después ministro jefe de gabinete de Rousseff, pero la justicia bloqueó hasta ahora su asunción por sospechas de que su designación a un cargo con fueros ministeriales era una estrategia para protegerlo del juez Sergio Moro.
El mismo día de su nombramiento, Moro divulgó las llamadas pinchadas de Lula, lo que llevó a miles de personas a la calle para exigir la salida de Rousseff.
En el diálogo con Rousseff, ésta le decía que se aprestaba a enviarle el decreto de su nombramiento como jefe de gabinete para que pudiera "usarlo en caso de necesidad", lo que fue interpretado como un intento de protegerlo de la justicia ordinaria.