Defensoras del aborto con custodia sindical por hostigamiento

Abracinskas responsabilizó a algunos integrantes de la bancada evangelista

Amnistía Internacional relata en un informe que defensoras de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en Uruguay tienen custodia sindical por el hostigamiento que han recibido. "Las centrales sindicales habían identificado que siempre que ellas intervenían en un debate público, otras personas y siempre las mismas, se paraban atrás de las defensoras. Desde ese momento y hasta la actualidad personal de seguridad sindical acompaña a las defensoras de derechos sexuales y reproductivos", expresa el informe que fue presentado este lunes en el Centro de Formación de la Cooperación Española de Montevideo.

El documento se refiere concretamente a la organización Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), y a su directora Lilián Abracinskas. "En agosto de 2015, ya en vigencia la ley de 2012 que permite el aborto por petición de la mujer hasta las 12 semanas de gestación y después de este período en ciertas circunstancias, MYSU fue objeto de ataques", asegura Amnistía Internacional.

"Un legislador, luego de referirse ante el Parlamento a las medidas que se toman frente al dinero proveniente del narcotráfico, declaró que no quería 'que entre a mi país ni medio dólar más que venga de la sangre de miles de bebés abortados'.", se advierte en el informe. Con posteridad a estas declaraciones, el mismo legislador solicitó al Ministerio de Salud, así como al Ministerio de Educación y Cultura, información sobre la fiscalización de recursos de las organizaciones dedicadas a la promoción de la salud sexual y reproductiva", sostiene el informe.

Abracinskas responsabilizó del hostigamiento a algunos legisladores evangelistas. "La bancada evangélica, alguno de sus integrantes, está haciendo hostigamiento y persecución política desde el Parlamento, justamente planteando una serie de sospechas sobre nuestras organizaciones, solicitando al Estado uruguayo que revise las personerías de nuestras organizaciones civiles y además replicando mentiras (...) Hemos averiguado para tomar medidas legales pero los ampara la inmunidad parlamentaria", expresó la directora de MYSU en rueda de prensa a la salida de la presentación del informe . La activista dijo a La Diaria que no se trata de una custodia permanente sino que se pone en marcha durante movilizaciones o performances con mujeres desnudas.


Denuncia llega a Presidencia

El diputado nacionalista Carlos Iafigliola se dio por aludido porque planteó el 11 de agosto de 2015 en la Cámara de Diputados que tres organizaciones sociales uruguayas están financiadas por "una internacional abortista" denunciada en Estados Unidos por la venta de órganos de bebés abortados. "No sé de dónde sale eso del hostigamientos. En mis años de militancia he tenido muchísimas veces mensajes y hostigamiento en la calle porque he sido un referente fuerte en el tema de la defensa de la vida, pero no recuerdo que haya tenido un ataque verbal -mucho menos de otro tipo- hacia nadie que esté en la vereda de enfrente en estos temas", dijo Iafigliola a El Observador.

El diputado solicitó una entrevista este lunes al prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, para entregar la denuncia que presentó en el Parlamento en agosto del año pasado, cuando pidió además una serie de informes a varios ministerios. "El Ministerio de Educación y Cultura respondió dos o tres preguntas que hice pero ni cerca toca el problema de fondo", aseguró el legislador.


De Honduras a Uruguay

Al terminar la presentación del informe de Amnistía Internacional, Abracinskas se refirió al riesgo que genera el hostigamiento a las organizaciones que defienden los derechos sexuales y reproductivos. "Por suerte en Uruguay esto no ha llegado y esperamos que esto no llegue, pero por estas incitaciones al odio (...) en otros países hubo atentados con muertes, no solo a profesionales que realizan los abortos, si no también a las organizaciones que los defienden", dijo la directora de MYSU, quien recordó "el asesinato de Berta Cáceres (el pasado jueves 3 de marzo) en Honduras donde efectivamente la incitación al odio llega a estas consecuencias de matar a alguien por lo que defiende y por lo que cree". Cáceres era líder de la comunidad indígena lenca y una referente en la defensa de los derechos humanos.

El informe de Amnistía Internacional, titulado "¡Defensoras bajo ataque! Promoviendo los derechos sexuales y reproductivos en las Américas" menciona algunos de los "ataques" que sufrieron las activistas uruguayas.

Amnistía Internacional cuestionó también en el informe la objeción de conciencia que pueden plantear los médicos para evitar la realización de abortos.


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