Del juez mudo al ministro en Twitter

El camino hacia la transparencia del Poder Judicial

Por Nicolás Delgado y Pablo Meléndrez

La función que la ley le asigna al Poder Judicial es clara: juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Esa tarea, que plasmada en pocas palabras parece sencilla, suele no serlo, porque los jueces están inmersos en una realidad dinámica. En los últimos 25 años la Justicia ha ido acompasando los cambios políticos. Cuando las organizaciones locales e internacionales coinciden en que la transparencia es un valor fundamental de la democracia, el sistema de Justicia camina hacia ese horizonte.

Tras la dictadura, durante el primer gobierno democrático, en 1989, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) declaró constitucional la ley de Caducidad, que impedía juzgar a los responsables de ciertos delitos cometidos entre 1973 y 1985. Al triunfar la izquierda a nivel nacional, el primer gobierno de Tabaré Vázquez habilitó en 2005 las investigaciones de delitos de lesa humanidad cometidos durante el período de gobierno de facto, de acuerdo a una nueva interpretación de la ley. Así, comenzaron a ser encarcelados decenas de represores y cómplices, incluido el exdictador Juan María Bordaberry. Al final del primer gobierno del Frente Amplio, en 2009, la SCJ varió la posición que había sostenido 20 años antes y declaró, por unanimidad, la inconstitucionalidad de la ley de Caducidad.

La presión de organismos internacionales, como el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que instaba al Estado a investigar la desaparición de María Claudia García de Gelman ocurrida en 1976, fue clave para la jurisprudencia nacional, y en 2011 fueron imputados por este delito cinco oficiales retirados. Asimismo la búsqueda de restos en predios militares continúa, siempre inmersa en polémicas.

A través de diversas declaraciones de inconstitucionalidad, la SCJ incidió en el destino de los gobiernos. El que encabezó José Mujica fue el que tuvo más fallos adversos, con siete inconstitucionalidades; Luis Alberto Lacalle (1990-1995) lo sigue con seis, informó en 2014 el programa radial En perspectiva. Los gobiernos durante los que hubo menor cantidad de dictámenes de inconstitucionalidad fueron el segundo de Julio María Sanguinetti (1995-2000) y el primero de Vázquez (2005-2010), con tres fallos cada uno.

Ante dictámenes de inconstitucionalidad, el Poder Ejecutivo se vio obligado a derogar e impulsar nuevas normas. Eso pasó, por ejemplo, en 2008 (primer gobierno de Vázquez) con el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas a los jubilados, lo que motivó la aprobación del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social, y en 2013 (administración de Mujica) con el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales, que finalmente fue derogado y en su lugar se restableció el Impuesto al Patrimonio. La SCJ ha cumplido así con su función de contrapeso de los demás poderes.

El combate a la corrupción ha sido otro aspecto en el que el Poder Judicial ha ejercido su labor, generando importantes consecuencias políticas y sociales. Blancos, colorados y fren-teamplistas fueron procesados por este tipo de delitos. Para profesionalizar la labor judicial en esta área, en 2009 se crearon los juzgados Especializados en Crimen Organizado, que investigan, entre otros, este tipo de delitos.

El Poder Judicial no solo debe ser justo, sino que también debe mostrarlo. El exmagistrado Leslie van Rompaey –ministro de la SCJ entre 2002 y 2012– considera que en los últimos 25 años se impulsaron mecanismos para garantizar el acceso al sistema judicial (se aumentó la cantidad de defensores de oficio) y también criterios de transparencia –por los que en 2003 se creó la figura de vocero institucional.

Las reformas

El tránsito hacia una mayor transparencia de los procesos judiciales tiene otros mojones. "No podemos seguir siendo considerados una democracia plena si seguimos teniendo este proceso penal", ha dicho reiteradas veces el fiscal de Corte, Jorge Díaz, uno de los principales promotores de la reforma del Código del Proceso Penal (CPP).

El camino para actualizar el sistema penal lleva 20 años. En 1997 el Parlamento aprobó un CPP impulsado por el entonces fiscal de Corte, Oscar Peri Valdez, y el abogado Amadeo Otatti. Sin embargo, esa regulación –que modificaba aspectos del modelo inquisitivo– nunca entró en vigencia y quedó en el limbo.

En julio de 2017 se pondrá en marcha el nuevo CPP, uno de los principales cambios en la historia judicial uruguaya aprobado por unanimidad parlamentaria en 2014. La reforma, tan discutida y postergada como necesaria, marca un hito comparable al que representó la actualización del Código General del Proceso a comienzos de la década de 1990 y que implicó un boom para los juicios civiles, que inauguró procesos orales y los agilizó, recuerda Jorge Ruibal Pino, ministro de la SCJ entre 2007 y 2015.

Durante estas décadas el camino para conocer los pormenores de un juicio penal estuvo empedrado tanto para la población como para las víctimas de los delitos. La reforma, que costará $ 474 millones, establece que las audiencias serán públicas; en lugar de los jueces, los fiscales dirigirán las investigaciones, y las víctimas tendrán un rol hasta ahora inédito, ya que podrán conocer el avance de la causa y proponer prueba.

En el medio hubo otros cambios, como la creación en 2004 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que, tomando como matriz la Convención sobre los Derechos del Niño, actualizó regulaciones referentes a la patria potestad, el pago de pensiones alimenticias y las adopciones, poniendo siempre como foco el interés del menor. El código establece, además, una pena máxima de privación de libertad de cinco años para los menores infractores. Los intentos, incluso electorales, para aumentar estas penas han fracasado en los últimos años.

Estos cambios, vistos en perspectiva, presentan un sistema judicial que ha buscado acercarse a la población. El reciente fallo de una jueza del departamento de Flores, Fátima Boné, en el que explica a un niño, con un lenguaje accesible, los motivos por los cuales este debe volver a España, se suma como un grano de arena a ese impulso democratizador.

En ese tránsito hacia una mayor transparencia, el presidente de la SCJ, Ricardo Pérez Manrique, informa sobre sus actividades en una cuenta de Twitter. Una postura similar tomó el fiscal de Corte, que creó una unidad de comunicación y también una cuenta de Twitter.

Los jueces ya no hablan solo por sus sentencias, como se creía hace 25 años. Llegó el tiempo de escuchar sus voces. "Los operadores judiciales vamos a tener que aprender a hablar en público", advirtió Jorge Chediak, ministro de la SCJ, en 2014. Nuestro sistema judicial está embarcado en ese aprendizaje.

Esta nota forma parte de la publicación especial de El Observador por sus 25 años.