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Delator implica a Dilma y a Lula da Silva en el caso Petrobras
Una revista habla que la presidenta incidió para liberar a involucrados
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04 de marzo de 2016 a las 05:00
El exjefe del grupo oficialista en el Senado brasileño Delcidio Amaral afirmó que la presidenta del país, Dilma Rousseff, y su antecesor Luiz Inácio Lula da Silva sabían de las corruptelas en Petrobras e intentaron manipular la actuación de la justicia en relación al caso, informó ayer la revista Istoé.
El medio asegura que tuvo acceso a unas declaraciones que Amaral, investigado también por esas corruptelas, dio a la Justicia en el marco de un acuerdo de cooperación con miras a una futura reducción de pena.
Amaral fue encarcelado en noviembre pasado, cuando ejercía como jefe del grupo oficialista en el Senado, acusado de "obstaculizar a la justicia" y de intentar sobornar a algunos implicados en la red de corrupción petrolera a cambio de su silencio.
Hace 15 días la Corte Suprema autorizó que siguiera detenido en su domicilio y que incluso retomara su actividad parlamentaria, lo que aún no ha hecho.
Según Istoé, la excarcelación se debió a un acuerdo de cooperación, en cuyo marco asegura que Amaral hizo "el más explosivo relato de la mayor trama de corrupción descubierta en Brasil".
La revista, que publica copias de algunos de esos documentos, indica que Amaral culpó a Rousseff de intervenir directamente en el nombramiento de algunos miembros del Supremo Tribunal de Justicia a fin de favorecer "la liberación" de algunos empresarios detenidos por el caso.
Amaral, según Istoé, confesó que trató ese asunto "personalmente" con Rousseff en la residencia oficial de la mandataria y también con uno de los jueces que se habría "comprometido" a colaborar con la liberación de los presos.
Sobre Lula, Istoé afirma que Amaral declaró a las autoridades judiciales que fue quien le "pidió expresamente" que intentara sobornar al exdirector de Petrobras Nestor Cerveró, implicado en el asunto, a cambio de que no colaborase con la Justicia.
La declaración de Amaral, de acuerdo con la revista, también se refiere a un sonado escándalo de sobornos parlamentarios destapado en 2005, durante la primera gestión de Lula.
En ese sentido, el senador había revelado que el propio Lula también "ordenó" sobornar a algunos de los implicados a fin de que no revelasen detalles sobre cómo operaba esa trama de corrupción, que llevó a la cárcel a 25 políticos y empresarios.
Ni Amaral ni ninguno de sus allegados ha confirmado la veracidad de esa supuesta declaración, pero el hasta hoy ministro de Justicia José Eduardo Cardozo le salió al paso y declaró que el senador "no tiene ninguna credibilidad".
Cardozo, quien ayer asumió la Abogacía General de la Unión y fue sustituido en la cartera de Justicia por Wellington César Lima, dijo a periodistas que desconocía si el senador hizo un acuerdo con los tribunales, pero aseguró que si así fuera "lo que haya declarado no tiene que ser necesariamente la verdad".
Los abogados defensores del exmandatario y su mujer presentaron la explicación de la pareja sobre la supuesta propiedad de un apartamento tríplex en la costa paulista, considerado por la fiscalía como ocultamiento de patrimonio. Además entraron en la justicia para que no sean obligados a declarar.
El objeto de esta investigación es un apartamento tríplex en el balneario paulista de Guarujá que la fiscalía sospecha pertenece a Lula pero que oficialmente aparece como posesión de la constructora OAS, una de las firmas involucradas en un megafraude a Petrobras que es investigado en otro proceso.
Lula declaró en 2006 haber pagado una cuota para este proyecto inmobiliario en la Bancoop, la cooperativa de bancarios que era propietaria de esta obra, y que finalmente, por inviabilidad, fue transferida a OAS. La defensa del expresidente afirma que Lula finalmente desistió de la compra y pidió la devolución del pago.
Esta decisión convierte a Cunha en el primer presidente de la cámara baja de Brasil que, en ejercicio de ese cargo, es sometido a un juicio penal por la Corte Suprema, que investigará su presunta participación en fraudes con contratos de la petrolera, que le habrían rendido comisiones por unos cinco millones de dólares.
El camino hacia el recibimiento de las denuncias fue trazado por el magistrado Teori Zavascki, instructor del caso, quien en una primera sesión sobre el caso realizada este miércoles recomendó al pleno de la corte dar luz verde a la investigación.
"Hay indicios robustos" para aceptar la denuncia, dijo Zavascki, lo que ayer fue respaldado por los otros 10 miembros del Tribunal Supremo. Por las corruptelas en Petrobras, que la propia empresa reconoció en sus propios balances le causaron perjuicios por US$ 2.000 millones, la Corte Suprema investiga a medio centenar de políticos, entre quienes también figura el presidente del Senado, Renán Calheiros.
El medio asegura que tuvo acceso a unas declaraciones que Amaral, investigado también por esas corruptelas, dio a la Justicia en el marco de un acuerdo de cooperación con miras a una futura reducción de pena.
Amaral fue encarcelado en noviembre pasado, cuando ejercía como jefe del grupo oficialista en el Senado, acusado de "obstaculizar a la justicia" y de intentar sobornar a algunos implicados en la red de corrupción petrolera a cambio de su silencio.
Hace 15 días la Corte Suprema autorizó que siguiera detenido en su domicilio y que incluso retomara su actividad parlamentaria, lo que aún no ha hecho.
Según Istoé, la excarcelación se debió a un acuerdo de cooperación, en cuyo marco asegura que Amaral hizo "el más explosivo relato de la mayor trama de corrupción descubierta en Brasil".
La revista, que publica copias de algunos de esos documentos, indica que Amaral culpó a Rousseff de intervenir directamente en el nombramiento de algunos miembros del Supremo Tribunal de Justicia a fin de favorecer "la liberación" de algunos empresarios detenidos por el caso.
Amaral, según Istoé, confesó que trató ese asunto "personalmente" con Rousseff en la residencia oficial de la mandataria y también con uno de los jueces que se habría "comprometido" a colaborar con la liberación de los presos.
Sobre Lula, Istoé afirma que Amaral declaró a las autoridades judiciales que fue quien le "pidió expresamente" que intentara sobornar al exdirector de Petrobras Nestor Cerveró, implicado en el asunto, a cambio de que no colaborase con la Justicia.
La declaración de Amaral, de acuerdo con la revista, también se refiere a un sonado escándalo de sobornos parlamentarios destapado en 2005, durante la primera gestión de Lula.
En ese sentido, el senador había revelado que el propio Lula también "ordenó" sobornar a algunos de los implicados a fin de que no revelasen detalles sobre cómo operaba esa trama de corrupción, que llevó a la cárcel a 25 políticos y empresarios.
Ni Amaral ni ninguno de sus allegados ha confirmado la veracidad de esa supuesta declaración, pero el hasta hoy ministro de Justicia José Eduardo Cardozo le salió al paso y declaró que el senador "no tiene ninguna credibilidad".
Cardozo, quien ayer asumió la Abogacía General de la Unión y fue sustituido en la cartera de Justicia por Wellington César Lima, dijo a periodistas que desconocía si el senador hizo un acuerdo con los tribunales, pero aseguró que si así fuera "lo que haya declarado no tiene que ser necesariamente la verdad".
Por escrito
El martes, Lula presentó un testimonio escrito sobre una investigación en su contra por presunto lavado de dinero, para no tener que comparecer ante los fiscales que lo esperaban ayer.Los abogados defensores del exmandatario y su mujer presentaron la explicación de la pareja sobre la supuesta propiedad de un apartamento tríplex en la costa paulista, considerado por la fiscalía como ocultamiento de patrimonio. Además entraron en la justicia para que no sean obligados a declarar.
El objeto de esta investigación es un apartamento tríplex en el balneario paulista de Guarujá que la fiscalía sospecha pertenece a Lula pero que oficialmente aparece como posesión de la constructora OAS, una de las firmas involucradas en un megafraude a Petrobras que es investigado en otro proceso.
Lula declaró en 2006 haber pagado una cuota para este proyecto inmobiliario en la Bancoop, la cooperativa de bancarios que era propietaria de esta obra, y que finalmente, por inviabilidad, fue transferida a OAS. La defensa del expresidente afirma que Lula finalmente desistió de la compra y pidió la devolución del pago.
Jefe de diputados será juzgado
En tanto, ell Tribunal Supremo de Brasil aceptó ayer por unanimidad las denuncias contra el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, por su supuesta participación en la red de corrupción que operó en la estatal Petrobras.Esta decisión convierte a Cunha en el primer presidente de la cámara baja de Brasil que, en ejercicio de ese cargo, es sometido a un juicio penal por la Corte Suprema, que investigará su presunta participación en fraudes con contratos de la petrolera, que le habrían rendido comisiones por unos cinco millones de dólares.
El camino hacia el recibimiento de las denuncias fue trazado por el magistrado Teori Zavascki, instructor del caso, quien en una primera sesión sobre el caso realizada este miércoles recomendó al pleno de la corte dar luz verde a la investigación.
"Hay indicios robustos" para aceptar la denuncia, dijo Zavascki, lo que ayer fue respaldado por los otros 10 miembros del Tribunal Supremo. Por las corruptelas en Petrobras, que la propia empresa reconoció en sus propios balances le causaron perjuicios por US$ 2.000 millones, la Corte Suprema investiga a medio centenar de políticos, entre quienes también figura el presidente del Senado, Renán Calheiros.
