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Democracia disfuncional bajo aviso
La creciente preferencia popular por la mano dura más autoritaria es una preocupante consecuencia del fracaso de los sistemas políticos (gobiernos y oposición) en asegurar un funcionamiento de la democracia, que atienda los reclamos y necesidades de la gente. El informe para 2016 de Latinobarómetro estableció que en Uruguay una amplia mayoría sigue considerando que “la democracia es preferible ante cualquier otra forma de gobierno”. Pero esa mayoría del 68% muestra una declinación en el respaldo al sistema democrático, que alcanzaba a 76% el año pasado y 82% en 2009. Más grave aun es el agudo aumento al respaldo a la mano dura en el ejercicio de la autoridad del gobierno. Mientras en 2004 solo 45,9% apoyaba aplicar grados de autoritarismo, la cifra trepó a 71% este año. Igualmente significativo es que el 41% de los uruguayos encuestados contestó que “no le importa si un gobierno no es democrático si resuelve los problemas”.
En estas sorprendentes reacciones, parecidas a las registradas en otros países de la región, incide la percepción generalizada de que gobiernos plenamente democráticos, como es el caso uruguayo, no dan respuesta satisfactoria a los requerimientos de la población en temas cruciales. Ignacio Zuasnabar, director de Equipos Consultores, que participa en la encuesta anual en América Latina, señaló cuatro factores que inciden en la tendencia a preferir férrea autoridad gubernamental aunque sea a costa de derechos que caracterizan a una democracia real. Una es la declinación de las perspectivas económicas de las personas debido al estancamiento del crecimiento desde 2015, conclusión agravada por el cambio brusco después de la década de bonanza vivida desde 2003 por auge de exportaciones a buen precio.
Otro elemento de peso es la persistente inseguridad pública, en línea con los frecuentes reclamos de mayor severidad y dureza en el combate a la delincuencia, tanto en el accionar policial como en la Justicia. Este problema fue el tema central de las recientes reuniones del presidente Tabaré Vázquez con todos los partidos políticos y de grupos técnicos. Su resultado fueron cuatro proyectos de ley y muchas propuestas que quedaron en el tintero, lo que dejó la clara sensación de que se ha avanzado poco en restablecerle a la población algo de la seguridad perdida. Un tercer factor importante es el pavoroso fracaso de la enseñanza pública en modernizarse, ya que un mayor nivel educativo tiende a que se valore más la democracia. Y en cuarto lugar figura la percepción popular del funcionamiento inefectivo de instituciones básicas, como el Parlamento y los partidos políticos, incluyendo la acción de sus dirigentes.
Las conclusiones de Latinobarómetro no suponen una amenaza a la estabilidad democrática ni un respaldo mayoritario al autoritarismo desnudo, menos aun cuando es ineficiente, como es el caso de la despeñada Venezuela chavista. Pero son una advertencia al gobierno sobre la necesidad del manejo más eficaz de la economía, de mejora en la actual inseguridad en que viven los ciudadanos y de reforma de un sistema educativo público que condena a la juventud a un atraso que nos pone a la cola del mundo. La advertencia se refleja en forma contundente en que, según Latinobarómetro, la aprobación popular de la administración Vázquez se ha derrumbado de 72% en la medición del año pasado a 43% en el estudio correspondiente a 2016.
