¿Democratizar la Justicia?

La saga judicial entre el gobierno argentino y el Grupo Clarín parece no tener fin. Después de dos fallos adversos al gobierno (la extensión por parte de la Cámara Federal de la medida cautelar de no innovar, que vencía el 7 de diciembre, hasta que haya sentencia definitiva sobre la constitucionalidad de dos artículos de la Ley de Medios y el rechazo de la Corte Suprema a la apelación gubernamental contra esa extensión) y que generaron en Cristina Fernández y sus adláteres el clamor de “democratizar la Justicia”, vino uno de un juez de primera instancia a favor, declarando la constitucionalidad de esos artículos y suspendiendo la medida cautelar. Victoria para CFK luego de dos derrotas.

Claro que, como ocurre en todo país que eso fue respetuoso de la separación de poderes y de la independencia de la Justicia, ese fallo puede ser apelado ante el tribunal de alzada y eventualmente ante la Corte Suprema. No parece ser esa la interpretación del gobierno argentino o, al menos, de Martín Sabbatella, un militante K y exintendente de Morón que funge como titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afcsa). El fogoso funcionario, apenas conocer el viernes el fallo pero sin haberlo leído, dijo muy suelto de cuerpo: “Es un día para celebrar. A partir de ahora hay que cumplir la ley”. “Es una ley y hay que cumplirla”, continuó el funcionario que ahora se ha vuelto legalista pese a que hasta hace pocas semanas se había caracterizado por hostigar a los jueces.

No sé si Sabbatella habrá festejado el viernes por la noche. Posiblemente sí, dada su estruendosa alegría y su escaso conocimiento del sistema legal de su país. Porque más allá de que las leyes (constitucionales) deban cumplirse tanto por los particulares como por el gobierno, lo que debe respetarse es el sistema judicial vigente en un país. Y en Argentina, mal que le pese al gobierno y al funcionario Sabbatella, hay un sistema judicial que prevé la posibilidad de apelar y que las apelaciones en tanto se sustancian, suelen tener efectos suspensivos. Suspensivos de la aplicación de la ley y de los festejos de los funcionarios.

Esas y otras disposiciones procesales, que son prácticamente costumbre milenaria en la civilización occidental y que se construyeron con sumo esfuerzo para proteger derechos y garantías individuales, son las que molestan al gobierno K. ¿Cómo es posible, sostienen, que individuos no elegidos por el pueblo puedan frenar o incluso impedir la aplicación inmediata de leyes que tienen la aprobación legislativa? ¿Como es posible que la Corte Suprema, con siete magistrados no elegidos por el pueblo aunque sí designados por el Poder Ejecutivo y aprobados por el Congreso, rechace recursos del mismo Poder Ejecutivo?

De ahí nace la tan tonta como carente de sentido expresión “democratizar la Justicia”. Que en buen romance quiere decir: hagamos que el Poder Judicial, en sus diversas instancias, sea dócil a los deseos del titular del Poder Ejecutivo que, por voluntad popular del 54%, lo ejerce. Al fin y cabo, ¿cuántos votos tienen los miembros de la Corte Suprema? Ninguno. Por ello, “democratizar la Justicia” implica la posibilidad de designar, remover, recusar en serie y en masa, y hasta de amenazar a los jueces y miembros de los tribunales. O también de realizar manifestaciones frente a la Corte Suprema, que fue designada por Néstor Kirchner para reemplazar la corte que en su turno había nombrado Carlos Menem, como la que llevó a cabo, el 29 de setiembre de 2010, Hebe de Bonafini propinando una serie de improperios tan fuertes a los magistrados que aún hoy sorprende que no hayan tenido consecuencias penales.

Por suerte, en la tradición occidental, a los países realmente democráticos ni se les ocurre “democratizar la Justicia”. No está en ningún programa de gobierno. Al contrario, buscan blindarla, buscan proteger su independencia, buscan cualificar a los magistrados, buscan remunerarlos adecuadamente a la crucial función que detentan. La verdadera “democracia” de la Justicia pasa por su independencia del Ejecutivo y por su capacidad de fallar, a favor o en contra, de los intereses del gobierno de turno y también de los intereses de los lobbies de presión. Pero eso es algo que el gobierno de CFK no logra entender. De democracia solo entiende el conteo de votos. Y la democracia es mucho más que ello.